Se dice que quien huye del juicio confiesa el delito. Afortunadamente el sistema judicial no se basa en proverbios, así que para condenar a un acusado hacen falta pruebas, más que palabras. Algunos imputados del caso Unión, los que tienen más poder, están queriendo ganar el juicio antes de que se celebre. De hecho, están intentando que no se celebre, y como tienen muy complicado negar los hechos por los que se les acusa, recurren a dibujar dos escenarios: que todo fue un montaje y que, por lo tanto, hay múltiples irregularidades. Si bien, como con toda mentira, es complicado sostener la coherencia porque se acusa a un mismo tiempo de urdir muy bien una trama y de hacer una chapuza. Ya se sabe, si falla una explicación, queda la otra.

Para invertir el caso, no hablar de sus delitos, y convertir en delincuentes a los que los investigaron, recurren a dos vías de actuación: la mediática, que es más sencilla, porque basta con publicar medias verdades que nadie entiende, y la judicial. Es posible, y lógico, que tengan ventaja en la primera; como es posible, y lógico, que un deportista dopado gane a sus rivales. En todos los juegos, quien hace trampas acorta el camino hacia la victoria. Pero es más difícil que ganen la segunda, que es la que vale.

De ahí la descompensación entre la versión que se traslada y lo que, de momento, ha ocurrido en el ámbito judicial. En la primera se da por supuesto que todo estuvo mal hecho, aunque en realidad sólo se siembran dudas. En la segunda, hasta ahora, la instrucción judicial sólo ha perdido una batalla: la anulación de los autos de entrada y registro a las oficinas de Luis Lleó, lo que anuló a su vez las pruebas de un posible asesoramiento incompatible por parte de dos letrados del Tribunal Constitucional. De un caso de más de 30.000 folios, lo único que se ha anulado es lo que afectaba a las personas con el cargo más relevante. Da que pensar. En cuanto al resto, excepto la prisión provisional para Isabel Déniz y Antonio Machín, que fueron revocadas, todo lo han avalado la Audiencia provincial y la Fiscalía.

Se han archivado dos piezas, la de la gasolinera que afectaba a Honorio García Bravo y la de la Marina de Naos, y se ha pedido ahora, por parte de la Fiscalía, el archivo para otros 17 imputados. La Fiscalía avaló esas detenciones, pero no se hicieron más diligencias de investigación y el Ministerio Público sólo lleva a juicio a quien cree que puede tener muchas posibilidades de salir condenado. El resto de las cosas que se han dicho se puede resumir en los siguientes puntos:

Autos sin firma. Los hay, algunos. El que fue secretario del caso ha reconocido, revelando como mínimo una deficiente custodia, que incorporó al sumario autos que no eran los originales, que firmó el juez en su momento. Pero se sabe que hay otros que han desparecido. Alguien metió la mano en el sumario e hizo desaparecer lo que le interesaba. Y se intenta hacer pasar por un caos. Desorden y caos. Se habla de un mal foliado de la causa pero no hay ninguna norma que obligue a un juez siquiera a numerar los folios. Si el sumario hubiera estado en el sistema Atlante, de tramitación procesal, no habría ningún problema, pero como no lo estuvo para evitar que los investigados se enteraran de que se les investigaba, se ofrece un campo abonado para sembrar dudas. Ahora bien, alguien tendrá que demostrarlas. El sumario tenía un orden, aunque no era el cronológico. Lo reconoce la propia juez instructora Lucía Barrancos, al tiempo que reconoce que no lo ha encontrado. La causa no debía estar tan desordenada cuando la propia juez fue capaz de separar dos piezas en dos meses.

Informe Barrancos. La juez Barrancos no sólo hizo un informe, hizo varios. Aterrizó en el caso Unión como su primer destino, recién salida de la Escuela judicial, y pidió que nombraran a otro juez, de apoyo, para que se encargara del caso por su condición de novata. No es extraño que pintara un panorama desolador, que no coincide con el que pinta poco después, cuando ya le han otorgado un juez de apoyo y sólo se ocupa de Unión. Pese a lo que dice en su informe, que los imputados han tomado como las escrituras sagradas, no anula nada, no archiva nada, no abre ningún expediente y dice que la causa avanza de forma decisiva. Por otra parte, consultada por este periódico, se niega a hacer ninguna declaración.

El TSJC, el CGPJ y el Ministerio. Se ha llegado a decir que la investigación la propulsa el PSOE: las opiniones son libres pero los hechos son tozudos. Es el Ministerio de Justicia, del PSOE, quien le niega el juez de apoyo a Pamparacuatro y quien se lo niega también, en primera instancia a Barrancos. Los dos magistrados del Constitucional son de Jueces para la democracia, cercanos al PSOE (uno de ellos fue Jefe de gabinete de Fernández de la Vega y otro, vocal del CGPJ). Es decir, no debían tener mucho interés en que se profundizara en la investigación. Es el Consejo el que pone todas las trabas posibles para que Pamparacuatro siga. Por otra parte, se acusa al primer juez de estar de acuerdo con los socialistas. No hay un solo hecho que sustente esta teoría. Se ha intentado decir que no investigó al denunciante, Carlos Espino, por la denuncia de San Ginés o que intentó retenerla para que no la investigara otro, pero ya existía una denuncia contra el socialista por Luis Hernández que sí se investigó, y se archivó. Por otra parte, tanto el TSJC como el CGPJ conocían el informe de Barrancos, lo analizaron y no tomaron ninguna medida. Bueno, archivar el asunto e invitarla a que se pusiera a trabajar.

La UCO. Los mismos agentes que estuvieron en Lanzarote son los que están trabajando en el caso de los ERE de Andalucía. Para ser del PSOE, como se ha estado diciendo, qué forma de disimular. La UCO y el primer juez instructor no sólo investigaron a empresarios y políticos (también del PSOE) sino que también investigaron a un juez, hoy presidente de Sala, y a un coronel de la Guardia Civil, por la filtración de la detención de Déniz. Podían haberse buscado menos problemas.

El fiscal. El Consejo Fiscal ha dado amparo al fiscal Stampa frente a los ataques públicos de falta de imparcialidad (cuando menos). Se ha dicho que se le apartó del caso. Lo cierto es que desde las primeras detenciones ya estaba encargado del caso Javier Ródenas. Es fácil de comprobar. Y que a Stampa, que no se ha encargado apenas de Unión, le ha tocado después hacer la calificación de algunas piezas. Parece que los ataques vienen más por su participación en el caso Stratvs. El fiscal ahora pide 350.000 euros de indemnización.

El expediente fantasma. En agosto se publicó que el CGPJ había acordado abrir una investigación sobre posibles irregularidades por parte del Juzgado de instrucción número 5 por el caso Unión. Sin especificar más, porque ha habido cinco jueces instructores. El CGPJ ha certtificado que el expediente no se abrió a Pamparacuatro y  tendrá que aclarar cuál es la investigaciónque se ha iniciado.

La causa secreta. El juez Rafael Lis antes fue abogado. Por eso está ahora destinado en Arrecife, porque no puede ejercer en Las Palmas durante unos años. Vive en un barco en La Tiñosa. Como abogado defendió a Gonzalo Murillo por la denuncia que le puso el fiscal Pallarés. No le fue bien (sobre todo a Murillo). Como juez, es el que ha archivado la causa contra Pedro de Armas, tras la investigación de su patrimonio. También investiga el robo de autos denunciado por Pamparacuatro. Ha decretado el secreto de sumario pero ha dejado personarse, en una causa secreta, a varios imputados de Unión, algo inaudito. Su pareja, Margarita Alejo, es la nueva abogada de Juan Francisco Rosa en el caso Stratvs.

Las grabaciones. Los imputados han pedido, y pagado, un informe pericial para que diga que las grabaciones entre Espino y Becerra están manipuladas, o al menos que no se puede determinar su veracidad. Y, claro, lo dice. Y la Policía científica dice de una grabación que hay 40 alteraciones sin explicación, pero no dice que se haya manipulado de forma voluntaria. De todas formas, si Becerra sigue sosteniendo que dijo lo que dijo y que ofreció dinero a Espino por orden de Lleó, como si alguien encuentra una psicofonía.

Las pruebas. Mientras se habla de la instrucción no se habla de los hechos. En Unión hay pruebas de todo tipo: las confesiones de Fernando y Ubaldo Becerra, de Matías Curbelo, de José Miguel Rodríguez e incluso de algunos empresarios, pruebas documentales, pagos, regalos, facturas, conversaciones telefónicas... y hasta una bolsa con dinero.

La cercanía de los juicios. El primer juicio comienza en dos semanas, y la vista preliminar del de Lleó, el día 22 de octubre. Ese se hará con jurado (aunque aún tardará), pero ya se empieza a decidir si se invalida algo o no se invalida nada de la instrucción. Para el jurado hay que crear el ambiente de que todo fue una chapuza o un montaje, por si los miembros del jurado leen el periódico. Ya saben aquello de que el Jurado está compuesto por doce personas elegidas para decidir quién tiene el mejor abogado.