La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha firmado este lunes 8 de mayo en Madrid la aceptación expresa de la donación hecha efectiva hace pocas semanas a la Institución por el Instituto Social de la Marina de las viviendas del barrio de Valterra (Arrecife), que ahora la Corporación insular transferirá a los 70 legítimos propietarios de los inmuebles, precedido a su vez por un trabajo parlamentario que permitió la aprobación de una ley concreta para esta situación permitiendo lo que ahora se culmina.

Corujo ha manifestado que esta cesión, demandada durante décadas por las familias, ha sido posible gracias a un trabajo interadministrativo complejo desplegado durante el presente mandato. El procedimiento auspiciado por el actual grupo de Gobierno desembocó hace un mes en la aceptación por parte del Consejo de Gobierno Insular de la donación propuesta por el Instituto Social de La Marina, donde además se autorizaba a la presidenta a firmar la escritura pública de los inmuebles ante Notario.

Ahora, el Cabildo de Lanzarote transmitirá la propiedad de los bienes donados a quienes acreditarán su condición de legítimos propietarios sin que, por tanto, se integren con carácter definitivo en el patrimonio de la Corporación.

La presidenta ha aclarado que "en todo momento se ha mantenido y se mantendrá informado a los interesados; y también ahora en torno a los pasos a seguir en el proceso de justificación y cesión de las titularidades a cada propietario o propietaria".

Con sus derechos legales

Una vez firmada la escritura de los inmuebles, el Cabildo de Lanzarote iniciará próximamente los trámites para poder transmitir la propiedad de las mismas a sus legítimos propietarios, algo que desembocará en la preceptiva inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad de Arrecife.

Cabe recordar que el barrio de Valterra tiene 200 viviendas construidas en 1955 por el Instituto Social de La Marina, con la participación de distintas conserveras y para el uso de los trabajadores como viviendas de protección oficial.

Sin embargo, si bien el Estado entregó 130 de ellas a los inquilinos, sobre las otras 70 se inició un pleito al reclamar su titularidad las tres conserveras de forma que, hasta ahora, los vecinos y vecinas han vivido con el temor a ser desalojados y sin poder intervenir en ellas al no tener reconocidos sus derechos legales, algo que adquieren ahora.