El Cabildo de Lanzarote considera que “no existe la más remota posibilidad” de legalizar la invasión del vial ocupado por el Hotel Papagayo Arena, en Playa Blanca, “y no solo porque dicho vial se mantiene en el nuevo Plan General de 2014 en el mismo emplazamiento que desde el año 1988 se contempló en el Plan Parcial Las Coloradas”, sino también porque “la ordenación contenida en dicho Plan para las parcelas ubicadas en el frente litoral ha sido anulada mediante sentencia firme”.

La anulación del Plan General hace aún más difícil un encaje legal, no solo en este hotel, sino en todos, ya que el Plan permitía unas nuevas condiciones a las parcelas cercanas a la costa, que ahora han desaparecido.

En abril de este año, el Cabildo había solicitado la demolición del hotel y ahora pide el precinto ante el Juzgado de lo contencioso 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que tramita el incidente de ejecución de la sentencia por la que se anularon las licencias al hotel hace ya 14 años. Solicita que se precinte en tanto se procede a su demolición “al carecer de cobertura jurídica alguna y no contar con ninguna expectativa de legalización”. Es decir, pide la ejecución forzosa de la sentencia que hasta ahora no ha sido ejecutada.

Este pasado martes se celebró una vista en ese Juzgado, que debe resolver sobre esta y otras peticiones. El Papagayo Arena, ahora llamado Sandos Papagayo Beach Resort, es uno de los hoteles que no ha podido continuar con su legalización debido a la naturaleza de sus incumplimientos. El hotel ocupa un vial de acceso al mar que no es legalizable y que, de hecho, no encontró solución en el Plan General.

Para el Cabildo, la ejecución de la sentencia “no puede reducirse a una mera declaración de nulidad, sino que necesariamente debe comprender la reposición del terreno correspondiente al vial, que (la licencia) permitió invadir, a su estado anterior a la realización de la construcción”.

Ante la imposibilidad de legalización, el Ayuntamiento de Yaiza y la empresa promotora llegaron a un acuerdo para dar por ejecutada la sentencia sin tener que demoler al margen del Cabildo y de la Fundación César Manrique, que lograron la resolución favorable y están personadas en la ejecución de las sentencias del resto de hoteles. Ese acuerdo lo anularon los tribunales en primera instancia y la empresa lo ha recurrido ante el Supremo.

En las alegaciones presentadas el pasado mes de julio ante el Juzgado, el Cabildo pedía que se dejara “expedito y libre de construcción el suelo público destinado al mismo así como el suelo correspondiente a los espacios de retranqueo a ambos lados”.

La sentencia obliga a demoler todo lo construido sobre ese vial. La ordenanza infringida contempla un retranqueo obligatorio a los accesos igual a la altura de la edificación a ambos lados del vial, con un mínimo de tres metros, “de ahí que el espacio que debe quedar libre de toda edificación a todo lo largo del vial no son únicamente los cinco metros que tiene de ancho el referido vial, sino también, y como mínimo, otros seis metros adicionales que la edificación debe separarse de dicho vial, lo que hace un mínimo de 11 metros de ancho, que en el presente caso alcanza una media de veinte metros de ancho a lo largo del trazado del vial, teniendo en cuenta la gran altura que tiene la edificación en el trazado que invade dicho vial”, señala el Cabildo.

La representación legal de la institución insular recuerda que el hotel nunca solicitó la legalización de las obras que invaden el vial, a pesar de que, desde abril de 2013, una resolución de la Junta de Gobierno de Yaiza les daba tres meses para hacerlo. Si no lo hicieron es porque “es ilegalizable”, según el Cabildo, que recuerda que en este caso la sentencia que declaró la nulidad de las licencias no lo hizo por motivos formales, sino por infracciones urbanísticas materiales, “además, de suma gravedad”.

Edificio construido sobre un vial público.

Los promotores

La empresa propietaria del hotel ha presentado una solución “de accesos al mar” por el exterior de la parcela, que el Cabildo considera que es una aberración jurídica. Esa solución se basa en un informe de Costas que ni siquiera fue incluido en el Plan General y para llevarla a cabo necesitarían no solo incluirla ahora en ese Plan, que acaba de ser anulado, sino una autorización “del órgano competente de la comunidad autónoma” porque se haría sobre zona de servidumbre de protección”.

“Se está a la espera de los informes preceptivos previos a la concesión de la licencia urbanística que han de emitir las administraciones estatal y autonómica respectivamente”, dicen los promotores en sus alegaciones. Para el Cabildo, el proyecto de legalización “no es más que un eufemismo para tratar de sortear, eludir, disfrazar o encubrir –burdamente, por cierto- las consecuencias que se derivan de la invasión del vial”.

El Cabildo señala que se busca disfrazar la invasión de un vial

Considera que lo que quiere es separar esta “gravísima infracción urbanística del otro proyecto de adecuación de la edificación existente al nuevo planeamiento general municipal, como si pudiera legalizarse la edificación al margen de la ocupación del vial, lo cual resulta una auténtica aberración”.

Según señala la empresa, el Cabildo está obstaculizando el procedimiento de legalización urbanística, porque para que el Ayuntamiento de Yaiza pueda adoptar “la decisión que corresponda, previamente el Cabildo Insular tiene que pronunciarse acerca de la autorización sectorial turística” y no lo hace.

La empresa pide al Juzgado que requiera al Cabildo a que posibilite la continuación del procedimiento de legalización “y, con ello, la remoción de los obstáculos que impiden ejecutar la sentencia”, mientras que el Cabildo dice en sus alegaciones que no se trata de remover obstáculos, sino precisamente de hacer cumplir una sentencia.

Añade que, en cualquier caso, “la ausencia de dicha autorización sectorial no impide pronunciarse sobre la adecuación del proyecto de legalización a la normativa urbanística”. Cree que los promotores solo quieren ganar tiempo y seguir explotando una edificación ilegalmente ejecutada durante el mayor plazo posible. “A estas alturas, atenta incluso al más elemental sentido común seguir demorando en el tiempo algo que es absolutamente ineludible”, añade el Cabildo.

El hotel, en su proyecto de remodelación para obtener la licencia, dice que pretende reducir 231 plazas alojativas (que quedarían en 747), convirtiendo dos habitaciones dobles en una suite, mediante la colocación de una puerta corredera, además de adaptar el perímetro de la parcela para ejecutar un paseo peatonal de acceso al mar demoliendo jardineras y zonas de instalaciones “y su posterior reconstrucción” y aumentar las plazas de aparcamiento.

Transparencia

La asociación Transparencia Urbanística, personada en la ejecución, se suma a las alegaciones del Cabildo de Lanzarote. Recuerda que con la construcción de ese hotel “no solo se produjo la vulneración de la normativa de los instrumentos de ordenación territorial (Plan Insular de Ordenación) y urbanística (Plan Parcial Las Coloradas), sino que dicha vulneración fue burda y grosera, siendo la construcción del Hotel Papagayo Arena el resultado de la comisión de un delito de prevaricación urbanística” que se puede encuadrar en el ámbito de la corrupción urbanística, y que “el único modo de garantizar que se produzca la reparación de los daños y perjuicios producidos a los bienes públicos por las prácticas corruptas es llevar a puro y debido efecto las sentencias dictadas que declaran la nulidad de las licencias”.

Señala que existe complicidad entre el Ayuntamiento y la promotora en la demora del cumplimiento de las resoluciones judiciales cuando la entidad promotora incurre en un manifiesto fraude de ley, al pretender la modificación del planeamiento urbanístico general mediante un procedimiento de otorgamiento de la licencia de legalización”.