El Cabildo de Lanzarote lamentó este viernes “profundamente” que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy haya aprobado en Consejo de Ministros la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), al objeto de ilegalizar la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas que la multinacional Repsol prevé iniciar en las próximas semanas.

En consonancia con otras instituciones de Canarias, el Cabildo de Lanzarote expresó su “confianza” en que el Tribunal Constitucional “respalde en esta ocasión la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas, al entender que se trata de un derecho ciudadano absolutamente legítimo, democrático, y respetuoso y compatible con los preceptos de la Constitución española”.

El recurso presentado por el Gobierno de España ante el TC supone la suspensión automática y cautelar del proceso, pero no impide que el Alto Tribunal dictamine una resolución favorable a las tesis defendidas por las instituciones canarias (Gobierno y cabildos) sobre la continuidad o no de esta medida cautelar. Para ello se dispone de un plazo de cinco meses.

La Corporación lanzaroteña desmiente “de forma nítida y rotunda” a los dirigentes del Partido Popular que afirman que la consulta representa en realidad un referéndum encubierto, “ya que en ningún momento se alude al cuerpo electoral o al censo, ni se gestiona por la Administración electoral”.

La consulta prevé que la ciudadanía canaria pueda expresar su opinión por medios telemáticos y también de forma presencial y, sobre la pregunta planteada en la que sería la primera consulta popular en la historia de la democracia en Canarias, “ésta no debería implicar elemento alguno de ilegalidad de ninguna clase”.

“El derecho a que las personas puedan manifestar su opinión de forma pacífica y libre sobre un asunto que ha generado honda e inédita preocupación en el conjunto de la sociedad canaria, y que constituye además un elemento de acreditada afectación para los intereses más vitales de Canarias, no puede ser cercenado por una decisión política de un Gobierno que aplica criterios opuestos en comunidades autónomas diferentes en función de  su exclusivo interés electoral”, indicó el Cabildo.

El Cabildo de Lanzarote anunció que continuará “trabajando para que los canarios y canarias tengan la libertad de poder expresarse sobre un tema de la máxima relevancia para su futuro, y denunciará sin paliativos esta y las restantes nuevas decisiones que adopte el Gobierno de España en su pretensión de amordazar la voz de miles de personas de las Islas”.