Domingo González Arroyo, el político que más tiempo ha ocupado la alcaldía de La Oliva, presidente del PPMajo y líder de Gana Fuerteventura, cumple 81 años el 30 de marzo. Si no hay retrasos, en 2021 se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados en dos ocasiones, en abril y en noviembre. La Fiscalía le acusa de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, por un presunto fraude global de 1,5 millones de euros. Las penas que le solicita el Ministerio Fiscal alcanzan los nueve años de prisión y las multas rozan los 3,4 millones de euros.

El primero de los casos se centra en la empresa Calaofu. Como administrador de la sociedad aparece Eduardo Espinel. Sin embargo, la Fiscalía considera que la compañía estaba controlada en realidad por González Arroyo y le atribuye la condición de “administrador de hecho” de la empresa. “Con claro ánimo de defraudar a la Hacienda Pública, presentaron deliberadamente en las declaraciones relativas al impuesto sobre sociedades” de los años 2009 y 2010 unas bases imponibles “contrarias a la norma fiscal”, ya que incorporaron “gastos no deducibles”, se explica en el escrito de acusación.

El fiscal Tomás Fernández, adscrito a la Sección de Delitos Económicos, también destaca en su escrito de acusación que efectuaron “materializaciones indebidas” de dotaciones de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) de los años 2005 y 2006. En estos años, González Arroyo era diputado autonómico y consejero en el Cabildo majorero.

El modus operandi descrito por la Fiscalía les permitió omitir, “con evidente perjuicio” para la Hacienda pública estatal, los ingresos que realmente tendría que haber efectuado la empresa: 218.924 euros en el año 2009 y 188.696 euros en el año 2010. Por el presunto fraude del último ejercicio está también acusada la propia sociedad, Calaofu SL, al entrar en vigor ese año la reforma del Código Penal que estableció que las mercantiles también podían ser responsables de delitos.

La Fiscalía acusa a González Arroyo y al otro administrador de dos delitos contra la Hacienda Pública y solicita que se imponga “a cada uno de los acusados personas físicas, por cada delito, las siguientes penas: 30 meses de prisión y multa de 600.000 euros”. Esto eleva la petición en total a cinco años de cárcel y multa de 1,2 millones de euros. Para la empresa, el Ministerio Fiscal solicita una multa de 500.000 euros. Además, tanto los acusados como la sociedad deberían indemnizar “conjunta y solidariamente a la Agencia Tributaria” con los 407.620 euros defraudados, más los intereses correspondientes, según la Fiscalía.

Las fuentes consultadas por Diario de Fuerteventura señalan que el juicio de este primer caso por presuntos delitos contra la Hacienda Pública está previsto para el próximo 7 de abril. La investigación arrancó en 2014. Un año más tarde –el mismo año en el que fue condenado por un delito de prevaricación- se inició la instrucción de otra de las causas a las que se tendrá que enfrentar González Arroyo en 2021, también por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

En esta segunda investigación aparecen una serie de empresas que ya desde finales de los años noventa se relacionaron con el conocido como Marqués de las Dunas. La Fiscalía sostiene que el acusado “tejió una red de entidades mercantiles a las que revistió formalmente de personalidad jurídica propia y separada, pero que en realidad funcionaban como una sola bajo el principio de caja única”.

También subraya que, “para aparentar la inexistencia de vínculo alguno” con las empresas y “fundamentalmente con las actividades que estas llevaran a cabo”, designó como administrador único de la mayoría de ellas al otro acusado, que era trabajador del Ayuntamiento de La Oliva, del que González Arroyo fue alcalde de forma ininterrumpida desde 1979 hasta 2003. La Fiscalía asegura que las empresas, “en realidad”, las administraba González Arroyo.

“Perjuicio al erario”

La investigación se centra en una compleja operación de compraventa de la que, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, se derivó un presunto fraude a Hacienda de más de un millón de euros. La empresa Conlaofu –en la que también aparece como administrador Eduardo Espinel- se constituyó el 31 de diciembre de 1985 y estuvo dada de alta en el impuesto de actividades económicas en dos epígrafes: comercio de carburantes y de accesorios y recambios de vehículos. El 13 de febrero de 1987, la empresa compra por 700.000 pesetas una finca en la urbanización Corralejo Playa que luego sería alquilada a otra empresa que la Fiscalía vincula a González Arroyo: PILA SA, titular de una gasolinera en esos terrenos.

El ‘Marqués de las Dunas’ está acusado en dos causas por un fraude global de 1,5 millones

Años más tarde, en septiembre de 2009, esa finca en la urbanización Corralejo Playa se divide en dos parcelas, que se valoran en dos millones de euros. De esta manera, de la finca original se segrega la parte donde está la gasolinera, que representa el 10,75 por ciento de los terrenos, mientras que el resto, que ocupa el 89,25 por ciento, se destina a uso comercial. El mismo día que se divide la finca (el 10 de septiembre), y ante el mismo notario, las empresas Conlaofu y PILA venden a la petrolera DISA la parcela donde se ubica la gasolinera y la propia estación de servicio por un importe global de cuatro millones de euros.

La Fiscalía resalta que de esa venta por cuatro millones, a Conlaofu le correspondieron 850.000 euros. Sin embargo, la empresa al presentar la liquidación de su impuesto de sociedades declaró un beneficio por la venta de 637.648 euros y, después de dotar 348.480 euros en la Reserva de Inversiones de Canarias, le salió una cuota a su favor de 579,4 euros. El Ministerio Fiscal concluye que se ocultó un beneficio de 211.862 euros y que la empresa no podía meter los beneficios obtenidos por la venta de la propiedad en la RIC. En este caso, el “perjuicio para el erario público”, añade, ascendió a 165.585 euros.

La operación investigada tiene una vuelta de tuerca. En noviembre de 2010 se constituye una nueva empresa, denominada Lomos de San Roque, de la que Conlaofu suscribe el 99 por ciento de las participaciones, por importe de 300.000 euros. No se desembolsó el dinero, sino que se aportó la segunda de las parcelas segregadas en la urbanización Corralejo Playa.

La Fiscalía también considera que ahí se produjeron irregularidades: la sociedad contabilizó un beneficio de 300.000 euros cuando “el importe correcto” hubiera sido de 3,2 millones de euros. A esta millonaria cantidad llega el Ministerio Fiscal después de restar el precio por el que había sido comprada la finca, apenas 3.754 euros, al valor de mercado de la parcela. La Fiscalía subraya que la compañía que vincula a González Arroyo debería haber declarado en 2010 más de 3,1 millones de euros y haber ingresado al erario público 927.752 euros.

Dos sociedades, una caja

Aunque en apariencia Conlaofu y PILA eran dos empresas distintas, con administradores diferentes, “los asientos contables reflejan que estas dos sociedades no son independientes entre sí”, destaca el escrito de acusación. Así, el rastro seguido en la investigación revela que la primera empresa asume gastos de la segunda, que una de las compañías “paga los impuestos y sanciones de la otra” y que, “en definitiva, ambas sociedades funcionan bajo el principio de caja única”.

La Fiscalía llega a esa conclusión, además, “por la forma en que se concreta el pago que hace DISA” por la gasolinera en la urbanización Corralejo Playa. La compañía petrolífera asume un préstamo hipotecario que gravaba la finca y entrega un cheque a nombre de la empresa Conlaofu por 149.883 euros. “Sin embargo, ni los extractos bancarios” de esta sociedad “ni la contabilidad aportada y analizada por la inspección recogen esta entrada de fondos ni en el ejercicio 2009 ni en el 2010”. ¿Dónde termina “el producto de la venta”? En la mercantil PILA, “lo que evidencia que estas sociedades son una misma”.

La Fiscalía alega en su acusación que “tejió una red” de empresas con una “caja única”

“Para cerrar el círculo”, la Fiscalía señala a otra empresa “dominada” por González Arroyo, Infrarenta, de la que “es socio y apoderado”, y que es la “receptora de importantes ingresos de Conlaofu”, que cifra en 103.158 euros en los años 2009 y 2010. Como administrador de Infrarenta aparece José María Pérez Palma, que el Ministerio Fiscal recuerda que fue contratado como topógrafo por el Ayuntamiento de La Oliva, pese a que carecía de la titulación, cuando González Arroyo era el alcalde. Por ello, “ambos fueron condenados por delito de intrusismo”.

La Fiscalía califica las diferentes irregularidades detectadas en esta segunda investigación como dos delitos contra la Hacienda Pública y eleva una petición de pena para González Arroyo y el administrador de Conlaofu de dos años de cárcel y multa de 331.171 euros por el presunto fraude del año 2009, y de otros dos años de prisión y multa de más de 1,8 millones de euros por el supuesto delito correspondiente al año 2010.

Además, como responsabilidad civil, reclama que “conjunta y solidariamente” -y de forma subsidiaria la empresa- indemnicen a la Hacienda pública estatal con casi 1,1 millones de euros, por las cuotas no ingresadas de los impuestos de sociedades de los años 2009 y 2010, más los intereses de demora que correspondan. Las fuentes consultadas señalan que el juicio está fijado para el próximo 9 de noviembre.