La Asociación Eólica de Canarias (Aeolican) y la Asociación Canaria de Energías Renovables (Acer), han denunciado este miércoles la “crítica” situación del sector en Canarias ante la Dirección General de Energía de la Comisión Europea y han solicitado a Bruselas que inicie un procedimiento de incumplimiento contra el Gobierno de España por diversas vulneraciones del derecho europeo.

Ambos colectivos entregaron a la Dirección de Energía un documento de más de 300 folios de extensión, elaborado por los abogados de Holtrop SLP, Transaction & Business Law, en el que reivindican la falta de una regulación específica eléctrica canaria que les permita competir en igualdad de condiciones con el resto de tecnologías.

Asimismo, trasladaron a la Comisión la necesidad de que intervenga debido a la lentitud de los procedimientos que se desarrollan a nivel nacional e hicieron hincapié en que las energías limpias “son parte de la solución, pues permiten ahorrar costes a todo el sistema español”.

El presidente de Aeolican, Rafael Martell, explica a Canarias Ahora que el texto de la denuncia describe la situación actual que sufren las Islas y, en una primera parte, ahonda en la generación eléctrica, las retribuciones a las renovables y el Real Decreto que retribuye a los parques del concurso eólico, entre otros aspectos.

La segunda parte fija ocho apartados en los que, en opinión de las asociaciones, existe una vulneración del derecho europeo. “Algunas suceden en toda España, pero la mayoría son específicas para Canarias por la gravedad que tienen”, puntualiza.

Como ejemplo, señala que en el ámbito relacionado con el coeficiente de cobertura “se está utilizando parte de ese dinero, que no se está retribuyendo, para subvencionar otras energías que son más caras”. En este punto, advierte de que los promotores de las Islas van a entrar en suspensión de pagos.

Para Martell, lo más grave es que la retribución a las renovables en el Archipiélago se estipula en base a una subasta Peninsular que “nada tiene que ver con la realidad canaria”, cuando eso no pasa con las convencionales, que cuentan con unos costes de combustibles reconocidos.

Esto deriva en que las energías verdes no pueden competir en las Islas, cuando los promotores “querrían hacerlo en igualdad de condiciones y no competir con tecnologías implantadas en la Península, como son el carbón o la energía nuclear o hidráulica”.

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