A.G. compró una casa de dos plantas en el barrio de La Vega poco después de la pandemia. Ella vive en la planta de arriba y la de abajo la iba a destinar para estancias temporales de su madre, en un futuro, cuando le toque quedarse con ella, porque vive en la Península. Sin embargo, para ayudar a pagar la hipoteca decidió alquilarla a una mujer de 62 años.

A principios de 2022 le alquila la casa y cuatro meses después la inquilina deja de pagar. Otros cuatro meses más tarde se marcha, pero deja en la casa a su nieto con su novia embarazada, y los problemas se agudizan. Ella ya había iniciado un proceso de desahucio contra su primera inquilina, pero cuando llega el lanzamiento de la vivienda, quien está en la casa es esta pareja con su hija recién nacida, que además presenta un contrato de alquiler. “Está claro que me engañó”, dice.

“El contrato es falso”, señala, porque ya no solo es que no aparezcan sus apellidos ni su DNI sino que la firma, que supuestamente es de ella, de la propietaria, tampoco es la suya. Para rematar la faena, los inquilinos le pusieron una denuncia a ella, se celebró una vista y fue absuelta. El supuesto contrato tiene fecha posterior a la denuncia que le pusieron sus inquilinos. “No les voy a hacer un contrato si me han llevado a los tribunales, no tiene ningún sentido”, apunta. Ha denunciado esos hechos, la falsificación del contrato, y además ha iniciado un nuevo proceso de desahucio. También apunta que no entiende cómo el Ayuntamiento de Arrecife les ha empadronado en la casa si el único documento que tenían era ese contrato que es falso y al que además le faltan datos.

“En el Juzgado todo es muy lento, el Ayuntamiento de Arrecife no dice nada”

Con el supuesto contrato y un menor en la vivienda, la cosa se complica. La pareja, dos años después, sigue en la casa y no ha pagado nunca. Y más aún: las dos viviendas tienen una entrada común y el mismo contador de luz y de agua. Todos los suministros los paga la propietaria. Los últimos recibos de agua han sido de 330 y 285 euros. Los de la luz, de 150 euros de media. “Y se dejan siempre las luces encendidas si se van de casa, no las apagan en las 24 horas del día”.

Dice A.G. que son usuarios de Servicios Sociales pero “llaman casi todas las noches a servicios de comida a domicilio” y que por el patio interior se oyen continuamente gritos e insultos con la niña dentro de casa. También tienen una moto scooter dentro del domicilio, “al alcance de la niña”. Desde que le pusieron la denuncia teme encontrarlos en la entrada, que es común a ambas casas: “Si hablo con ellos, me vuelven a denunciar”. 

A.G. trabaja en un hotel en Playa Blanca pero lleva dos meses de baja médica porque no puede más. Está recibiendo tratamiento psicológico  A esto se suma que su situación económica cada vez es peor, porque tiene que afrontar los gastos de la hipoteca sin poder cobrar un alquiler y pagar los gastos de agua y de luz de las dos casas: “La que no puedo llamar para pedir comida a domicilio soy yo”, asegura. 

La dueña de la casa lleva dos meses de baja médica porque no puede más

Cree que “ya sabían lo que iban a hacer desde el principio” porque después le han comentado que esa es la manera de actuar de la abuela, que ya ha hecho lo mismo en otras viviendas. “La abuela ya lo tenía pensado y se fue a Las Palmas, pero cómo iba a pensarme yo que me iba a pasar esto”. Después de todo este tiempo y con esta situación no puede traer a la Isla a su madre, que debería vivir en la parte baja de la casa porque no puede subir escaleras, y dice que tampoco se atreve a dejar la casa para ir a verla a la Península por miedo a que los inquilinos entren en su propia vivienda. 

Con esta situación, ya no sabe qué hacer: “En el Juzgado todo es muy lento, el Ayuntamiento no dice nada”. En septiembre se celebró una nueva vista para iniciar el proceso de desahucio y se ha fijado fecha para el lanzamiento de la vivienda: el 30 de octubre. El Juzgado asegura que los inquilinos no tienen derecho a permanecer en el inmueble, pero A.G. teme que el lanzamiento, cuando llegue el día, no se pueda llevar a cabo si consiguen un informe de vulnerabilidad favorable por tener una menor a su cargo, si no tienen otra alternativa.