La última condena firme de Dimas Martín fue la que dictó el Tribunal Supremo hace un año, en abril de 2016. Era una de las piezas del caso Unión, la relacionada con el ex consejero del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Batllori. El Alto Tribunal rebajaba la condena inicial y fijaba una pena de dos años y nueve meses para el político lanzaroteño, que en ese momento aún estaba cumpliendo, en régimen de tercer grado, otra condena de dos años por construir los baños de Los Dolores, que se hizo firme en marzo de 2012.

Por esta última condena, Martín no ha llegado a ingresar en el Centro penitenciario de Tahíche sino que ha seguido en el Centro de inserción social Ángel Guerra cumpliendo condena en régimen de tercer grado, en la misma situación penitenciaria que tenía, durmiendo en el centro, saliendo por la mañana para trabajar y disfrutando de varios días de permiso al semestre.

La Junta de tratamiento de la prisión, que es la que propone la evolución de grado de los internos, propuso esta medida, que fue aceptada por el Juzgado de vigilancia penitenciaria. Fuentes de la Junta señalan que sigue en el régimen en que estaba “porque la condena que le llegó es lo suficientemente corta como para permitirle volver a pedir la libertad condicional, que es la forma de volver a la vida normalizada”.

Dimas Martín cumplía condena por el caso de Los Dolores en tercer grado y se le mantuvo el mismo régimen penitenciario cuando le llegó esta nueva pena, de dos años y nueve meses

El grado penitenciario se estima de forma personalizada y depende más de la conducta del interno que del tipo de condena que tenga. Se tiene en cuenta su comportamiento, sus factores sociales, de adaptación, comprensión y respeto a las normas. En el caso de Martín se considera que sus condiciones de evolución son las mismas que ya tenía por la anterior condena y que “es una persona socializada y con un buen perfil como interno, aunque no criminológicamente”. Las mismas fuentes destacan que la reincidencia ya la aprecian los tribunales en las sentencias poniendo el tipo básico de delito o uno mayor.

Normalmente, los internos alcanzan el tercer grado penitenciario en función de su condena, cuando han cumplido dos tercios o tres cuartos de la misma, pero pueden llegar a cumplir la condena íntegra en segundo grado si su comportamiento no es el adecuado. En este caso, el fundador del PIL cumplirá la condena íntegra en tercer grado. Además, se da la circunstancia de que, por tener varias condenas, se le somete a un sistema de refundición jurídica de sus penas, que también aprobó el Juzgado de vigilancia penitenciaria.

El caso de 2009

Desde que se produjo la condena firme del caso Batllori, Martín ha sido condenado de nuevo a dos años de cárcel, aunque el fallo aún no es firme, por las obras de ampliación de su casa en Los Rostros, en suelo rústico. La Fiscalía pide para él treinta años de cárcel en dos piezas más del caso Unión y tiene otra más pendiente de calificar.

Dimas ha sido condenado ya en siete ocasiones desde 1993: por cohecho dos veces, por desobediencia, por malversación de caudales públicos, fraude a la Hacienda pública y un delito contra la Seguridad Social, por daños al patrimonio y por prevaricación.

Ya recibió un indulto del Consejo de Ministros y en otra ocasión una redención extraordinaria de pena de diez meses, que le sirvió para obtener el tercer grado sólo un año después de entrar en la cárcel, en 2007, para cumplir la condena del Complejo agroindustrial, que fue de ocho años.

En esa ocasión la Fiscalía recurrió el tercer grado y se lo quitaron en la primavera de 2009, sólo unos meses antes de que fuera detenido en su celda por el caso Unión, lo que volvió a ocurrir al año siguiente, en abril de 2010, y fue trasladado a la prisión de Tenerife II. En el auto por el que se le concedió entonces el tercer grado se señalaba que su conducta “intra y extrapenitenciaria es excelente” y que “la estancia en prisión ha significado un factor importante de reflexión y cambio, toda vez que desde el cumplimiento mismo el penado tomó conciencia de sus responsabilidades y consecuencias derivadas”, así como que aparecían “indicios importantes de reflexión y reconocimiento de su participación en los hechos”.