La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha exigido a la Dirección General de la Guardia Civil la creación de un fondo o seguro para cubrir las indemnizaciones en los casos de agresiones a agentes cometidas por personas insolventes o no residentes en España.

El pasado mes de julio, el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife en Lanzarote condenó a una persona como autora de varios delitos, entre ellos por un delito de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad, con motivo de la agresión sufrida por un guardia civil del Puesto de Tías cuando evitaba la comisión de un delito en un domicilio particular.

En la sentencia dictada, se imponía al autor el pago de una indemnización al Guardia Civil agredido de 455 euros, por las lesiones sufridas, así como 4.732,95 euros por las secuelas y el pago de las costas judiciales.

“Pues bien, el condenado, declarado insolvente, no solo no ha abonado ni un solo euro, sino que los gastos ocasionados en el proceso penal han recaído sobre la espalda del guardia civil agredido”, denuncia la asociación.

El colectivo resalta que el agente, “que ahora sufre unas secuelas de por vida y no va a ser resarcido económicamente, ya que los servicios jurídicos de la Guardia Civil denegaron la solicitud de asistencia letrada que había cursado el agredido”.

“Algo a todas luces incongruente, por ejemplo, con el procedimiento de resarcimiento de la Guardia Civil por daños materiales propiedad” de los agentes “producidos en acto de servicio”, agrega la asociación, que explica que “si un delincuente te rompe objetos personales, la Guardia Civil sí resarce económicamente, pero no por lesiones y agresiones”.

“Este dislate no es algo excepcional, sino que ocurre con frecuencia en toda la geografía española, tanto con personas insolventes como con personas no residentes en España, ya sean ilegales o turistas, quienes abandonan el país sin abonar las correspondientes indemnizaciones”, advierte la AEGC.

“Y lo que es aún peor, no existe fondo o seguro alguno de manera que el Estado se haga cargo de manera subsidiaria de esas indemnizaciones, como ocurre con los delitos relacionados con el tráfico y la seguridad vial, en que existe un Consorcio de Compensación de Seguros, o el Fondo de Garantía Salarial con el que el Estado responde antes los trabajadores, por ejemplo”, agrega.

“Aunque este es un problema de la ciudadanía en general, es especialmente perjudicial para los funcionarios públicos”, como médicos y maestros, “que ven como cada día aumentan las agresiones hacia ellos en el ejercicio de sus funciones, y aún es más sangrante en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que cada día deben enfrentarse a delincuentes y sufrir este problema en mayor medida”, concluye.