La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, ha ordenado impugnar en los tribunales la resolución de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias que seleccionó el proyecto presentado por la empresa Yaizatún para instalar más de 50 jaulas de acuicultura entre el Aeropuerto César Manrique y Arrecife, ocupando buena parte el litoral de Playa Honda.

En un decreto de la presidencia del Cabildo, al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, se concreta la impugnación judicial de la citada resolución del Gobierno de Canarias, que se dictó en agosto del año pasado.

La empresa resultó ganadora de un concurso público abierto para el otorgamiento de una concesión acuícola que se había convocado en octubre de 2021 y, con anterioridad, había presentado la ordenación pormenorizada de la propia zona acuícola, que se extiende por la costa del litoral de los municipios de San Bartolomé y Arrecife.

En el último Consejo de la Reserva de la Biosfera, la consejera Ariagona González desveló que el Gobierno de Canarias había rechazado los requerimientos del Cabildo lanzaroteño, que ha solicitado del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres las competencias en acuicultura, al entender que le pertenecen desde el Estatuto de Autonomía de 2018. También ha alertado de que la zona en la que se pretenden instalar las jaulas marinas es un área de sebadales.

La contratación por parte del Cabildo de dos letrados de la Asesoría Jurídica Moreno y Asociados, cuyo rostro visible es el abogado Normando Moreno, se produce días después de que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la presidenta de la Corporación insular, se reunieran con organizaciones empresariales y colectivos sociales en el Islote de Fermina, contrarios a la piscifactoría en esa zona de la Isla, para tratar de tranquilizarles.

En su decreto, Corujo justifica las acciones ante los tribunales porque el “rechazo” a “la instalación de este tipo de estructuras en nuestro litoral es rotundo desde los sectores públicos, así como cofradías, Cámara de Comercio y sector turístico, pues choca frontalmente con el modelo de desarrollo turístico, sostenibilidad, respeto al ecosistema y a los fondos marinos que caracteriza a la isla de Lanzarote”.

El encuentro de Torres y Corujo con los colectivos se produjo hace justo dos semanas, cuando ya los colectivos habían visto rechazadas sus últimas alegaciones al proyecto de instalación de 56 jaulas marinas, que salió a exposición pública a finales de enero.

Torres anunció la apertura de un nuevo periodo de información pública y alegaciones y aseguró que nos las contestaría la Consejería de Pesca, como había sucedido hasta ahora, sino los servicios jurídicos vinculados a Presidencia del Gobierno de Canarias. También apuntó que se pronunciaría el Consejo Consultivo en relación a la competencia en materia de acuicultura, que el Cabildo de Lanzarote considera propia con el nuevo Estatuto de Autonomía.

Sin nuevas alegaciones por ahora

Pese al anuncio de Torres, dos semanas después de ese encuentro con la Cámara de Comercio de Lanzarote, la Federación Turística -que también ha interpuesto acciones judiciales-, el Club Náutico y colectivos de deportes náuticos de la Isla, no consta que se haya publicado en ningún boletín oficial el anunciado nuevo trámite de alegaciones.

En su visita a Lanzarote, Torres defendió que “políticamente” el Gobierno no tiene un criterio sobre la acuicultura y que dependerá de la posición de cada Isla: “Si dijeran que sí, sería sí. Si dicen no, es no”. No obstante, echó balones fuera sobre la modificación del Plan Regional de Ordenación de Acuicultura (PROAC), que es el que establece las zonas de las jaulas en cada Isla, para excluir a Lanzarote: “Cambiar el PROAC lleva años”.