En plena ofensiva contra el Cabildo de Lanzarote por su estrategia de impugnar las licencias de obras, sobre todo en el municipio de Yaiza, que incumplían la planificación, un grupo de empresarios solicitó de forma oficial el cierre de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) alegando la supuesta falta de licencias de apertura. De ese episodio se cumplen ahora 15 años. Uno de aquellos empresarios, Antonio Curbelo, acaba de ser condenado por el Juzgado de lo Penal número tres de Arrecife a un año y medio de prisión y al pago de casi 1,7 millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública, el doble de la cantidad defraudada.

Curbelo era administrador solidario de la sociedad Playa Blanca Seis junto a otro empresario, fallecido en 2020. En la sentencia se destaca que “omitió deliberadamente” realizar la correspondiente declaración relativa al Impuesto de Sociedades del año 2010, que obligaba a su empresa a pagar a la Hacienda Pública, “ahora defraudada”, 840.193 euros.

El Juzgado acogió la postura de la Fiscalía, representada por el delegado en delitos económicos, Tomás Fernández de Páiz, quien argumentó que en la declaración del año 2006 la empresa se acogió al beneficio fiscal de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), por importe de casi 2,3 millones de euros. Aquel beneficio empresarial se produjo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. En aquel ejercicio, la cifra de negocios de la mercantil ascendió a 7,6 millones de euros.

Pese a las obligaciones derivadas de la RIC, “en los cuatro ejercicios siguientes no se realiza inversión alguna” por parte de la empresa y “se abandona la actividad de la misma en el año 2010, no cumpliéndose ni el requisito de la inversión para poder disfrutar del incentivo” de la Reserva de Inversiones de Canarias ni tampoco se regularizó la situación tributaria, “pues no se declara el Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2010 en el año 2011”.

Desde 2008, “formalmente” el acusado dejó de ser administrador de derecho de la empresa, pero el Juzgado considera que siguió controlando la gestión de la mercantil “durante los años siguientes”.  Cabe destacar que el Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife declaró “en rebeldía” a la empresa Playa Blanca Seis.

La mercantil se había constituido en el año 2000. Según la sentencia, además de administrador el acusado “es socio” de la empresa Playa Blanca Seis “al tener una parte en la sociedad Meridian Lanzarote, sociedad que tiene un 25 por ciento” de las participaciones de la mercantil que también ha sido condenada ahora por el Juzgado de lo Penal número tres como responsable civil subsidiaria.

El magistrado Francisco Javier Bretones señala que la consideración del delito contra la Hacienda Pública “exige una conducta defraudatoria y no el mero cumplimiento de deberes tributarios”. En cualquier caso, la legislación exige que la cantidad defraudada rebase los 120.000 euros. En este procedimiento, esa cuantía se multiplica por siete: 684.000 euros como “cuota defraudada” de 2010 y 156.193 euros de intereses de demora. La cantidad no fue discutida “por ninguna de las partes” en la causa.

En la sentencia se subraya que “es más que evidente” que existe delito, ya que el acusado se acogió en nombre de la empresa de la que era administrador a la RIC en el año 2006, con “conocimiento de los requisitos necesarios” a cumplir para beneficiarse del incentivo fiscal. También era conocedor, añade la resolución judicial, “de que si no se cumplían los mismos debía reintegrar la dotación” y declararla en el Impuesto de Sociedades de 2010 que tenía que presentar en 2011. Desde 2010, la empresa deja de presentar cuentas y “no tiene trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, ni movimientos en las cuentas bancarias”.

“En el juicio”, explica el magistrado, el acusado “manifestó que era administrador de varias sociedades, limitándose a sostener su defensa en el hecho de que renunció a su cargo de administrador de derecho en el año 2008 y que ya no tenía nada que ver con la sociedad Playa Blanca Seis”. Así, “niega su condición de administrador de hecho” y sostiene que “el único administrador” era el empresario fallecido en 2020.

La declaración de Juan Francisco Rosa a favor de Antonio Curbelo fortaleció su condena

Sin embargo, el magistrado señala que “tras la práctica de la prueba” en el juicio y su “correspondiente análisis”, se llega “a la rotunda convicción de que el acusado” realmente “gestionaba la sociedad, primeramente como administrador de derecho” y a partir de 2008 “la sigue gestionando como administrador de hecho”. Además, recuerda que la misma empresa ya había incumplido con una dotación de la RIC de 689.000 euros, que utilizó para comprar un 30 por ciento de una nave en Güimar, que luego dejó sin efecto.

Además de firmar “de su puño y letra” las cuentas después de cesar en el cargo, también seguía apareciendo como autorizado en las cuentas en Banca March, BBVA, Santander y Sabadell. El representante de la asesoría fiscal y contable que llevaba la empresa hasta 2010  y declaró como testigo, destacó que el acusado “controlaba todo lo referente a la gestión”.

El magistrado entiende que “la renuncia fue sin duda intencionada, pues sabía perfectamente” que “no se iba a poder cumplir la obligación de la inversión que le imponía el haberse acogido a la RIC” y “era más fácil dejar morir la sociedad”. “Lo que también sabía es que la Agencia Tributaria iba a inspeccionar a la sociedad y trataba de ocultarse con una renuncia a su cargo de administrador”, añade.

“Sin credibilidad”

En el juicio declaró el empresario Juan Francisco Rosa, que ha compartido intereses con Antonio Curbelo, por ejemplo en la citada Meridian Lanzarote, de la que ambos fueron administradores solidarios. El magistrado destaca que “no se le puede dar credibilidad ninguna” a su “versión” desde el momento en el que afirmó, “con una sinceridad extrema, que había ido a declarar” porque el acusado “era su amigo de hace más de 30 años y que quería ayudarlo en ese juicio”.

Del testimonio de Rosa, no obstante, se “deja entrever que realmente el administrador” de la empresa enjuiciada era Curbelo. “Resulta evidente que trata de ayudar a su amigo” o su “casi hermano”, como matizó el fiscal. Su declaración, “más que ayudar” al acusado, ayudó al magistrado “a fortalecer aún más su convicción” de que Curbelo incumplió la legalidad de forma intencionada.