La empresa Club Lanzarote, propietaria del plan parcial Montaña Roja, ha denunciado ante el Juzgado de Guardia la incautación de su desalinizadora de la urbanización Montaña Roja, en Playa Blanca, “mediante el uso de la fuerza y sin ninguna orden judicial que la autorizara”, según señala la empresa en un comunicado.

Club Lanzarote señala que frente a su oposición a dejar entrar a la comisión formada por el Consejo y el Consejo de aguas y la Policía Local de Yaiza, “las autoridades presentaron tan sólo una resolución del presidente del Consorcio del día anterior, tomada sin procedimiento, ni audiencia alguna, que procede a la incautación de las instalaciones”.

“La excusa -señalan- es que la empresa podría haber cometido unas supuestas infracciones leves que podrían ser sancionadas con un total aproximado de 7.000 euros. Ninguna ley permite semejante disparate: expropiar una empresa por una posible multa leve, sin oírla previamente”.

La compañía destaca que desde 1998 gestiona de manera pública y pacífica -con el conocimiento y autorización de las autoridades públicas - la desalinizadora situada en el proyecto urbanístico Montaña Roja, como responsable de la prestación del servicio privado del agua, y que el plan parcial atribuye a Club Lanzarote la competencia para el abastecimiento y suministro del agua “por lo que no se comprende bien, la violenta, por no decir bolivariana, expropiación realizada por el Consorcio”.

También recuerda que en el pasado la sociedad instrumental Inalsa se negó a efectuar el suministro en Montaña Roja por entender que no era de su competencia, señalando que la competencia estaba implícita y correspondía al promotor de la urbanización, según lo establecido en el plan parcial.

“La explicación de los presentes hechos -aseguran- parece radicar en la reciente privatización de la gestión del agua en Lanzarote que, desde el año pasado, está siendo gestionada por la mercantil Canal Gestión, controlada al 100 cien por cien por el Canal de Isabel II”.

“De hecho, según se ha advertido que desde el otorgamiento de la concesión, el Consorcio de Aguas está siguiendo una política muy dura en contra de todo tipo de autoconsumo de agua en la Isla, ampliando de esta manera el mercado de su concesionario: Canal Gestión”, añade Club Lanzarote.

“La política de control público del agua no está exenta de voces discrepantes pues contradice el tenor de la Ley de Aguas de Canarias que siempre ha facilitado la coexistencia de fuentes públicas y privadas, para de este modo tratar de incentivar la producción de un bien tan escaso y preciado en la isla”, sostiene la empresa.

“Ello podría explicar que el acuerdo fuese adoptado por el presidente del Consorcio después de avocar – esto es retirar – las funciones al vicepresidente, que era quien formalmente las tenía asignadas”, terminan.