La empresa Club Lanzarote, promotora de la urbanización Montaña Roja, ha abandonado la causa penal que inició hace más de tres años por la incautación de su planta desaladora por parte del Consejo Insular de Aguas.

La empresa formalizó el pasado 27 de diciembre su renuncia a continuar en el procedimiento, antes de presentar escrito de acusación. En la causa, que se inició por una querella de Club Lanzarote, están investigados el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el secretario de la Corporación insular, Francisco Perdomo, el exgerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y el abogado Ignacio Calatayud.

La salida de la empresa de la causa penal se produce menos de dos meses después de que un Juzgado de lo contencioso homologase el pasado 7 de noviembre el acuerdo alcanzado con el Consorcio del Agua, compuesto por Cabildo y ayuntamientos, que permite a Club Lanzarote seguir desalando agua a cambio de un canon al organismo público del 15 por ciento de los ingresos facturados.

Según este acuerdo, el abastecimiento a los vecinos lo llevaría a cabo el Consorcio pero la responsabilidad de la desalación, el abastecimiento, la depuración y el mantenimiento de la red corre por cuenta de la empresa, que podrá utilizar la desaladora para el consumo de sus instalaciones.

El presidente de Club Lanzarote es el hotelero mallorquín Juan Llull, propietario de la cadena Hipotels, que cuenta con 29 hoteles entre Mallorca, Cádiz y Lanzarote. Tras la incautación de la desaladora por vender agua sin concesión, la empresa presentó una querella, que el Juzgado archivó y la Audiencia Provincial ordenó reabrir.

La promotora de Montaña Roja se retira del procedimiento que arrancó por su querella contra San Ginés, después de que un Juzgado homologase el acuerdo con el Consorcio para la producción de agua

El juez Jerónimo Alonso dio por concluida la investigación en julio pasado y abrió la fase de procedimiento abreviado al considerar que existían indicios de “un presunto delito contra la Administración pública y de un presunto delito de coacciones”.

En el marco del procedimiento declaró el consejero delegado de Club Lanzarote, Joaquín Cañada, quien manifestó que no le constaban cuatro requerimientos entre 2005 y 2013 para que dejara de vender agua sin autorización, ni un expediente del Gobierno de Canarias de 2013.

En el Juzgado, Cañada declaró que el coste de las instalaciones hidráulicas incautadas ascendía a unos 20 millones de euros. Con el abandono de Club Lanzarote, en la causa penal permanecen la Fiscalía y Podemos, como acusación popular.