El Cabildo de Lanzarote celebró en pasados días una nueva sesión de la Mesa Insular de Coordinación de Acción Social en la que están representados, además del Cabildo de Lanzarote, todos los ayuntamientos de la Isla.

Esta Mesa insular es impulsada y convocada por la Consejería de Bienestar Social que dirige Marciano Acuña, para coordinar todas las políticas de acción social y emergencia que se dan en Lanzarote, así como las actuaciones que se llevan a cabo con otras entidades a través de esta cooperación interadministrativa.

El consejero de Bienestar Social destacó que en el seno de esta Mesa Insular de Coordinación se informó de las líneas principales de la propuesta de Plan de Acción contra la Exclusión Social en Lanzarote en el que se está trabajando.

“En estos momentos, las administraciones públicas de la Isla, en cooperación con otros organismos y entidades sociales, nos vemos en la obligación y necesidad de coordinar un plan insular en el que se formulen algunas actuaciones concretas y líneas a seguir para abordar situaciones de dificultad, emergencia o riesgo de exclusión social en la isla de Lanzarote”, apuntó Acuña.

De igual forma, informó de que durante este primer semestre del año se espera que la propuesta del documento esté finalizada. “Será un documento técnico vivo en el que se irán incorporando actuaciones que se encuentren en el marco de los objetivos planteados en este Plan, según la justificación de la necesidad y la urgencia”, especificó el consejero de Bienestar Social.

A modo de ejemplo, Marciano Acuña adelantó que dentro de las acciones en las que se están trabajando para incluir en este documento referencial de las políticas de acción social en situaciones de emergencia de la isla, “se estudia negociar con los principales operadores de suministros convenios o acuerdos con las administraciones para evitar los cortes de estos suministros básicos por impagos”.

Asimismo, dentro de este documento se establece como objetivo la necesidad de que las administraciones públicas de la isla eleven a sus correspondientes plenos alguna propuesta o declaración institucional para que los Gobiernos incluyan en sus licitaciones cláusulas sociales en la contratación de la Administración Pública, para el fomento de la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social que sean usuarios de algún tipo de prestación o ayuda por emergencia social.