Ben Magec – Ecologistas en Acción ha seguido los pasos del Gobierno de Canarias,  WWF y Greenpeace y ha presentado un recurso de alzada contra la autorización de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias que, según afirma, pone en evidencia las técnicas empleadas por el Ministerio de Industria para superar todos los obstáculos legales, ambientales y democráticos con el fin de conceder la autorización a Repsol.

El colectivo ecologista afirma en un comunicado que mediante el recurso acude a una vía que “a priori, en este contexto de deterioro democrático, parecería ser la única posible ante un Gobierno déspota que no respeta ni los argumentos legales, ni los procedimientos de buena gobernanza, ni los derechos de la ciudadanía a expresarse y decidir sobre los asuntos que le conciernen”.

Asegura que el texto señala las “graves carencias” del Estudio de Impacto Ambiental aportado por la petrolera y los defectos en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente.

Asimismo, denuncia la “ocultación interesada de datos” por parte de Repsol, que considera “imprescindibles” para garantizar el derecho a la participación durante el proceso administrativo de aprobación de los sondeos y que fueron aportados con posterioridad al cierre del periodo de información pública.

En este punto, señala que dicha información consistía, en la mayoría de los casos, en modificaciones de partes esenciales del proyecto o datos que no habían sido aportados, como la determinación del caudal esperable en caso de accidente, o las potenciales afecciones sobre la pesca. “Informes ambos muy deficientes, pero que no dieron opción a réplica”, apostilla.

Ben Magec alega otras consideraciones de gravedad, como el que no se haya estudiado “seriamente y como es preceptivo” la alternativa cero, o que no se hayan tenido en cuenta los potenciales efectos negativos transfronterizos, “máxime cuando muchas de las especies prioritarias que se podrían ver afectadas por un derrame son migratorias”.

Según advierten, un vertido que afectara a los ricos ecosistemas marroquíes (muchos de ellos protegidos por convenios internacionales) tendrían incidencia directa sobre especies de interés para Europa. 

Asimismo denuncia la falta de consideración hacia la riqueza biológica y la vital importancia ecológica de la zona afectada, cuyo deterioro, añade, mermaría en gran medida la calidad del ecosistema y afectaría a innumerables especies.

"Brecha democrática"

Los ecologistas manifiestan que el Ministerio de Medio Ambiente es consciente de esta circunstancia en tanto dispuso del informe del proyecto Indemares que propone esta zona como integrante de la Red Natura 2000, cuyas conclusiones derivaron “en su ocultación hasta tanto no había sido emitida la Declaración de Impacto Ambiental a favor de Repsol”.

A su juicio, la forma en que se ha desarrollado el proceso pone de relieve una vez más la “enorme brecha democrática” abierta por el Gobierno central, con José Manuel Soria a la cabeza de este proyecto, que “ha obrado en todo momento eliminando cualquier obstáculo legal, ambiental y democrático con el fin de aprobar un proyecto que, a todas luces, ya estaba adjudicado desde el principio sin ningún tipo de consideración”. 

Ben Magec – Ecologistas manifiesta que aunque mantiene el frente jurídico abierto, “existen todavía muchos otros frentes de lucha ciudadana que seguirá explorando” y cuyas próximas actuaciones estarán determinadas por la fecha de la consulta popular, así como por la acción unitaria que se ha aprobado realizar el día 18 de octubre y en la que “procuraremos que se vuelva a poner de manifiesto el rechazo de la sociedad y sigamos manteniendo a Canarias en el mapa de los puntos calientes de biodiversidad, y también en el de la dignidad de la lucha ciudadana”.