“Es un mérito de nuestra democracia”, dijo la abogada Irma Ferrer en el último de los juicios. Se refería al “esfuerzo de la Justicia en sacar adelante todas las piezas del caso Unión a pesar de las dificultades, los ataques sufridos y la falta de medios”. También dijo: “Estos hechos que aquí se juzgan son el diez por ciento o la punta del iceberg de la corrupción en Lanzarote”.

Un poco antes, el fiscal anticorrupción Javier Ródenas, en su alegato final, había dicho que había sido un honor representar a la Fiscalía en este caso. Lo ha hecho en todas las piezas desde el año 2009. “No encontrarán un caso de corrupción con este culto al becerro de oro”, dijo. Y es que, claro, en quince años se han dicho muchísimas cosas sobre el caso Unión. De todo tipo. 

Desde estas hasta otras que se han demostrado con un acierto menor. Cuando era presidente de Canarias, Paulino Rivero, poco después de la segunda ronda de detenciones, en el año 2010, dijo que en las investigaciones policiales y judiciales sobre la corrupción en Canarias había “muchos titulares pero ni una sola sentencia, hay mucho ruido y pocas nueces”. Añadió que muchos casos se acaban diluyendo como un azucarillo. Eso es lo que pasó con el caso Góndola, archivado 17 años después, y en menor medida con el caso Faycán, donde se absolvió a los principales acusados o el caso Eólico, que se saldó con penas bajas. Los procedimientos se fueron eternizando y se fueron diluyendo.

Pero con el caso Unión no pasó, a pesar de que hubo muchos intentos. De hecho, si Unión hubiera caído, se hubiera parecido más a una demolición que a una disolución. Algunos lo afirmaron sin pudor, como el diario ABC, que publicó este titular: “Un juez, un secretario y dos guardias civiles falsearon el mayor caso de corrupción de Lanzarote”. No acertaron pero tuvieron más suerte que otros medios. Al ABC le condenaron, en primera instancia, por atentar contra el honor del primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, pero el Tribunal Supremo les absolvió. Consideró que la noticia estaba amparada por la libertad de prensa porque se trató de la valoración que hizo el periodista sobre hechos veraces.

Se han dicho, y se han hecho, demasiadas cosas, porque el caso Unión tuvo un gran impacto, tanto en la sociedad como en la política. Fue algo así como descorrer una cortina transparente. Algunos se sorprendieron del mismo modo en que el capitán Renault, en Casablanca, hace cerrar el Rick’ Café porque descubre que “en este local se juega” y poco después aparece un croupier y le da sus ganancias.

Pero muchos otros se sorprendieron de verdad. Primero, por las detenciones en mayo de 2009, por la cantidad de personas y los nombres y apellidos de algunas de ellas, y después, cuando se levantó el secreto de sumario en la Navidad de ese año, por la transcripción de las conversaciones telefónicas, que revelaban muchos delitos y unos cuantos secretos. El impacto inmediato fue la ruptura del pacto PIL-PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife y en el Cabildo y las posteriores mociones de censura que acabaron con la presidencia de Manuela Armas y la alcaldía de Pérez Parrilla, pero durante varios años no se habló de otra cosa. Cuando pasaron las detenciones, ocuparon maś espacio los intentos de acabar con el caso que el caso en sí.

Pasaron por el Juzgado cinco jueces, aunque el resultado definitivo se puede limitar a dos: Pamparacuatro y Silvia Muñoz. Se habló mucho de la comisión de servicios que solicitó el primer juez para terminar el caso. Le dieron y le quitaron los refuerzos necesarios, aunque ese no fue el mayor de sus problemas: le acabaron poniendo una querella por posible prevaricación porque había autos sin firma o firmados en su periodo de vacaciones. Silvia Muñoz, recién aterrizada en la Isla, tuvo que terminar la instrucción de las piezas principales. También se tuvo que enfrentar a recusaciones y querellas, pero durante un tiempo se pudo dedicar al caso en exclusiva con la ayuda de una secretaria judicial y de algún funcionario.

También estuvieron al frente del caso Albano Padrón, que pasó inadvertido, Lucía Barrancos, que no sabía por dónde empezar e hizo un informe que fue usado hasta la saciedad como presunta prueba de que el caso era chapuza o de que había nulidades, pero que no sirvió para nada, y María Jesús Hernández Elvira.

Anular el inicio del caso se convirtió en el sueño de los encausados

En 2014 quedaban diez piezas en instrucción, después de haberse archivado cuatro de ellas en los momentos iniciales: la trama de las gasolineras, en la que se investigó un posible tráfico de influencias del secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, en favor de los empresarios Honorio García Bravo, padre e hijo, para conseguir un informe favorable sobre una gasolinera, además de una pieza sobre revelación de secretos por publicar varios tomos del sumario en una página web, la pieza del edificio de la Marina de Naos, que Luis Lleó quería vender o alquilar al Gobierno de Canarias o a la Cámara de Comercio, y el posible chivatazo por la detención de Déniz, en la que el investigado fue el coronel Francisco Espinosa, que quince años después se hizo famoso como uno de los principales imputados en el caso Mediador y permaneció casi un año en prisión provisional por sus relaciones comerciales con Ángel Ramón Tejera, Mon, un empresario de la construcción que es primo de la exalcaldesa Isabel Déniz. En aquel momento no se pudo demostrar el chivatazo y la pieza se archivó.

A la derecha, Felipe Fernández Camero.

Archivadas

Ha habido otras dos piezas más que se archivaron: el famoso caso de la cocina de Jameos, en el que estaba imputado el denunciante inicial del caso, el exsecretario insular del PSOE, Carlos Espino, al que denunciaron cargos tanto del PP como de CC. La lógica era evidente: si el denunciante también era un corrupto, el caso sería una farsa. Pero esa pieza se archivó como se archivó la pieza sobre el patrimonio de Dimas Martín, una investigación que inició la UCO y en la que se detuvo a media docena de presuntos testaferros del político lanzaroteño, que tampoco prosperó. 

Y hubo unas cuantas denuncias paralelas. Por un lado las que pusieron el fiscal Stampa, el juez Pamparacuatro y el concejal Antonio Hernández contra varios medios y periodistas, como Francisco Chavanel, Lancelot y Canarias 7. Finalmente fueron condenados por mantener una campaña de desprestigio en la que se vertieron todo tipo de afirmaciones sin demostrar.

También aparecieron asociaciones fantasma con un repentino interés en combatir la corrupción desde Gran Canaria. Primero fue una supuestamente ecologista, Jacón, y después la asociación de juristas Jiménez de Asúa, que también se personó en el caso Stratvs y en alguno más. Querían ejercer la acusación popular pero nunca acusaban: solo entorpecían. Cuando Luis Lleó resolvió la pieza en la que estaba imputado desaparecieron del mapa. En el caso Jable, los abogados de la empresa FCC les pidieron una indemnización millonaria porque ni siquiera se presentaron al juicio. 

Jiménez de Asúa presentaba un escrito tras otro, recusaba a jueces, pidió que expulsaran del caso a Transparencia Urbanística e incluso se querelló contra Pamparacuatro, aunque no se les admitió la querella. Les pusieron varias multas por mala fe y condenas en costas, mientras que una parte de la prensa les dedicaba más espacio del que ofrecía a la propia investigación. 

Luis Lleó.

Otras denuncias

En el ámbito jurídico, se sumó a la fiesta el magistrado Rafel Lis, que empezó a instruir una denuncia puesta por el juez instructor y acabó ejerciendo casi de acusador, además de permitir la personación de su pareja, que era abogada de Juan Francisco Rosa, imputado en la causa, en un procedimiento que no le correspondía. El Consejo General del Poder Judicial le acabó sancionando. Y, por supuesto, tuvo su protagonismo en algunas resoluciones polémicas el ínclito juez Salvador Alba, hoy en la cárcel por prevaricación judicial. Alba anuló la grabación inicial del caso, que destapó el intento de soborno de Becerra, que a su vez actuaba como intermediario de Luis Lleó. La anuló por considerar que la grabación fue “preordenada” por la UCO para obtener pruebas de un delito que sabía que se podía cometer y que, por ello, no era válida.

Las penas de cárcel más altas se producen en las dos piezas principales

Anular el inicio del caso se convirtió en el sueño húmedo constante de los principales encausados porque eso podría generar la anulación en cascada de todas las actuaciones. Pero no ocurrió así. El TSJC no dio la razón a Alba, avaló la grabación como prueba y dejó a Lleó sin más argumentos de defensa, lo que le condujo, en último término, a la confesión de los hechos a cambio de una sustancial rebaja en las penas.

El fiscal Javier Ródenas llegó a calificar a Luis Lleó como “un hombre de recursos” porque impugnó decenas de resoluciones judiciales y trató por todos los medios de anular la causa en su contra. En la vista de cuestiones previas de su caso presentó un escrito de más de 500 páginas con 120 causas de nulidad.

Sentencias

Al final, los datos son tozudos. Durante la instrucción llegó a haber más de 50 detenidos y 130 imputados policiales, que se quedaron en 102 judiciales y que tras el archivo de cuatro piezas y de algunos imputados en otras, se quedaron en cerca de sesenta. Se formaron 14 piezas judiciales aunque hubo muchas otras líneas de investigación policial, como el presunto amaño para redactar un Plan General de Arrecife, que no llegaron a materializarse. Hubo imputados en varias piezas y ha habido algunas personas con diversas condenas en las ocho piezas finales. 

Hubo imputados de los principales partidos, incluso de algunos que ya no existen, como el CCN o el PIL, al que la operación asestó un golpe definitivo. A los políticos de distintas instituciones hay que sumar trabajadores municipales y del Cabildo y una veintena de empresarios. Algunos reconocieron los hechos desde el principio y otros lo hicieron después. Hubo dos piezas que no se juzgaron porque los acusados reconocieron los hechos y se llegó a una conformidad y otras que sí se juzgaron, pero en las que varios acusados también habían admitido la pena impuesta. Por otra parte, algunos investigados fallecieron antes de llegar a juicio.

Dimas Martín, fundador del PIL.

El PIL

El caso Unión acabó definitivamente con Dimas Martín y con el PIL y queda por ver si acabó también con una generación y con una forma de hacer las cosas o solo fue un tropiezo que obliga a sofisticar los métodos. Si el caso adquirió gran relevancia no fue solo por lo cuantitativo, sino porque destapó una orgía de corrupción, de amiguismo, de colegueo, de desprecio por las normas y de endogamia que solo se pudo mantener durante años por la inoperancia o la protección de quienes debían perseguirla y porque perjudicaba a muchos pero beneficiaba a bastantes. 

Lo que empezó por la denuncia de un consejero por un soborno para desbloquear una pieza de suelo en Playa Blanca, gracias a los pinchazos telefónicos y a los lazos empresariales y familiares de los implicados, se fue extendiendo. Además, en el transcurso del caso aún en secreto y con la UCO instalada en la Isla, se sumó la denuncia de José Antonio Castellano, empresario cercano al PIL al que le exigían una comisión para cobrar lo que le adeudaba el Ayuntamiento de Arrecife.

Aparecieron asociaciones fantasma con un repentino interés en la corrupción

Las dos piezas principales del caso han sido las últimas en juzgarse: la de las comisiones ilegales en Arrecife, por las que se cobraba comisión por obras, por servicios y hasta por las flores de Pascua y que supuso la primera condena en Canarias por asociación ilícita relacionada con la corrupción, y el caso Jable, relacionado con la adjudicación del pabellón de deportes de Argana Alta y el contrato de la basura. Las penas de cárcel más altas son en estas dos piezas. 

Para la primera sentencia no hubo juicio. Solo había un imputado, el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que fue condenado después a seis años de cárcel pero que empezó por esta condena de seis meses, que tuvo que cumplir, por la concesión ilegal de una licencia al arquitecto Carlos Morales para construir su casa en suelo rústico. También hubo otra condena por construir una casa en ese mismo tipo de suelo: la que le impusieron a Dimas Mar tín por su casa en Los Rostros (Yaiza). La vista oral se suspendió hasta en cuatro ocasiones pero al final se juzgó.

El primer instructor, César Romero Pamparacuatro.

La primera vista oral en la que se puso en juego la validez de la instrucción fue el caso Batllori, que juzgaba los pagos hechos desde Inalsa a este exconsejero del Gobierno canario. La pieza acabó con seis condenas y tres de ellos, incluido el propio Batllori, entraron en prisión. Después vino el caso Proselan, que se incluyó en Unión pero no pertenecía a las pesquisas de la UCO. Se trataba de pagos a una empresa de electricidad por trabajos que no se habían hecho por valor de unos 300.000 euros. Hubo cuatro condenados que entraron en prisión, entre ellos el interventor municipal y el jefe de la Oficina Técnica, por delitos continuados de malversación de caudales públicos y de prevaricación.

De izquierda a derecha, los fiscales Ignacio Stampa y Javier Ródenas.

Teatro

La única pieza en la que no hubo penas de cárcel fue la de la apertura del Teatro insular sin licencia. Fueron tres condenados por prevaricación. Y la otra pieza que no llegó a juicio y que estaba destinada al Tribunal del Jurado fue la del soborno de Fernando Becerra y Luis Lleó a Carlos Espino. Cuando Lleó agotó su batería de recursos, aceptó una condena que le libraba de entrar en la cárcel (aunque ya había estado en prisión provisional), pero por otro lado apuntalaba el caso para las dos piezas principales. 

En resumen: muchos sobres para tan poco azucarillo. Unión se ha saldado con 36 condenas por toda la colección de delitos relacionada con la corrupción. A pesar de su demora, ha habido condenas elevadas de prisión y han entrado en la cárcel una docena de personas. Solo queda un recurso ante el Tribunal Supremo. Ni los interminables recursos contra la instrucción, ni el lawfare, ni los cambios de jueces, ni la demora, ni las dificultades técnicas o de personal ni la intoxicación mediática pudieron acabar con el caso más relevante de corrupción en los últimos años en Canarias.