Este viernes por la mañana declaró en el Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife el empresario Juan Francisco Rosa, investigado por la ocupación de más de 10.000 metros cuadrados de suelo público en Playa Blanca para uso privado.

En esos terrenos propiedad del Ayuntamiento de Yaiza, el empresario construyó el centro de ocio Kikoland, vinculado al Hotel Princesa Yaiza.

Rosa está investigado en el procedimiento judicial iniciado por la querella interpuesta por los consejeros de Podemos en el Cabildo de Lanzarote en el pasado mandato, cuyo portavoz era Carlos Meca. La de este viernes es la primera declaración de Rosa en la causa.

Este viernes también tuvo que declarar en calidad de investigado Juan Luis Lorenzo, que fue administrador de la empresa Getsu No Denwa, la empresa adquirida por Rosa y que firmó un convenio declarado ilegal por la Justicia con el Ayuntamiento de Yaiza para ocupar los terrenos municipales.

En la jornada del viernes estaba citado José Francisco Reyes, exalcalde de Yaiza que suscribió el convenio anulado por los tribunales, pero no pudo prestar declaración. Reyes se encuentra en prisión cumpliendo la condena del caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en su etapa en la alcaldía.

La exalcaldesa Gladys Acuña, en calidad de testigo, sí prestó declaración en el Juzgado de Instrucción número cuatro de la capital lanzaroteña. Con Acuña en la alcaldía se encargó un informe jurídico sobre la ocupación de las zonas verdes municipales por parte de empresas privadas en Playa Blanca.

La raíz de la investigación judicial está en el convenio firmado en 2004 entre el Ayuntamiento de Yaiza y una sociedad del empresario Juan Francisco Rosa, por el que el Consistorio cedió en condiciones muy ventajosas unos terrenos municipales calificados como zona verde sobre los que se levantó el Kikoland.

Doce años después de que se firmara el convenio, el propio Ayuntamiento lo declaró nulo y el Juzgado le dio la razón en 2018. En julio del año pasado, el Ayuntamiento, presidido por Óscar Noda, ordenó el desalojo de los terrenos públicos ocupados por Kikoland, una parcela de 10.125 metros cuadrados que se ha venido explotando como instalaciones deportivas del Hotel Princesa Yaiza. Rosa ha impugnado la decisión y ha tratado de frenar el desalojo.

Querella

La querella de Podemos se dirige contra el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el exsecretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, que estaba citado esta semana pero se negó a declarar, y los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, así como contra las empresas Hotel Princesa Yaiza, Salmepa y Getsu No Denwa.

En la querella se apunta a la comisión de presuntos delitos de prevaricación urbanística y fraude a la administración.

A la causa se han incorporado la sentencia que anula el convenio y el dictamen de la Audiencia de Cuentas de Canarias que determine el perjuicio económico que supuso para el Ayuntamiento ese acuerdo, ya que no cobraba ningún canon por la cesión.

Incluso se estipulaba que el Ayuntamiento tenía que asumir a los trabajadores una vez finalizase la actividad, pese a contravenir la legislación en materia de contratación de personal en una institución pública.

“Especialmente hiriente”

La sentencia que anula el convenio señala que se produjo “una alteración del régimen de usos no lucrativos previstos en el plan parcial para las zonas verdes públicas” y que, en todo caso, se debió sacar a concurso la licitación para la explotación.

Yaiza anuló el convenio al considerar que concurrían dos causas de nulidad: haberse dictado prescindiendo “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” y haber “adquirido derechos” una empresa “careciendo” de los “requisitos esenciales para ello”.

Para aprobar el convenio no se llevó “el más mínimo trámite administrativo”, según dice la sentencia. No se hizo ningún informe.

Cuando los exconsejeros de Podemos presentaron la querella, declararon que resultaba “especialmente hiriente por la dimensión de la ocupación de suelo público y los beneficios económicos obtenidos ilegalmente por unas instalaciones que se venden en la página web del Hotel Princesa Yaiza, como si se tratara de una oferta complementaria del hotel”.