El Ayuntamiento de Arrecife se niega a abonar ni un euro más a Urbaser de las reclamaciones que la empresa ha presentado para que se le revisen los precios de los contratos por los tres servicios que ha venido prestando durante más de una década: la recogida de residuos, la limpieza y viaria, y el mantenimiento de parques y jardines.

El Consistorio se ha personado en la pieza del caso Unión en la que se investiga la presunta corrupción en la adjudicación y pagos a Urbaser, y su abogado, Javier Navarro, ha recomendado no efectuar ni un abono más de los que exige la compañía del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez.

El letrado del Ayuntamiento señala que si la causa instruida en el Juzgado número 5 termina confirmando la existencia de los supuestos delitos de cohecho, malversación de fondos y alteración de concurso público, entre otros, que se investigan por la adjudicación a Urbaser en 2002 y pagos millonarios “indebidamente realizados”, los contratos serían “nulos de pleno derecho”.

Así, destaca que si hay condena en la vía penal, Urbaser no tendría derecho a percibir el 13 por ciento que del volumen de los contratos “le ha venido abonando el Ayuntamiento durante todos estos años” en concepto de gastos generales y beneficios de la empresa.

Cada año, el Consistorio ha abonado 3,5 millones por la limpieza viaria, tres millones por la recogida de residuos y 1,4 millones por el cuidado de parques y jardines. La cantidad que la institución podría reclamar estaría en torno al millón de euros por año, superando los 10 millones correspondientes a la etapa investigada y hasta que se revisaron los costes reales de los citados servicios.

Además, el abogado del Ayuntamiento subraya que Urbaser tampoco tendría derecho a las revisiones en el precio de los contratos de las que la compañía se benefició supuestamente gracias a la connivencia de anteriores cargos públicos y personal municipal, especialmente durante la etapa en la alcaldía de María Isabel Déniz, imputada en la causa.

La condena, “posibilidad cierta”

Para el letrado del Ayuntamiento, el que se confirmen los delitos investigados “constituye una posibilidad cierta”, lo que conllevaría la anulación de los contratos con Urbaser y la obligación de la empresa de restituir las cantidades cobras de más e incluso los beneficios de la actividad, sólo teniendo derecho a percibir los costes reales del servicio.

En un informe, destaca la “lesividad” para el Ayuntamiento de la relación con Urbaser. La “trama” estaba montada de tal manera que, “a mayores costes del servicio, mayor beneficio” obtenía Urbaser, que en la práctica no asumía “ningún riesgo en la gestión”.