Otra de las piezas de Montecarlo, cuya instrucción acaba de terminar, es la relacionada con las empresas de José Vicente Montesinos: Gestecal, Progestril y Recigest. En esta pieza, el juez Ricardo Fiestras pide que se juzgue a cinco personas: el propio Montesinos, el interventor de Arrecife Carlos Sáenz, el actual gerente de Lancelot medios y ex trabajador de esas empresas, Javier Betancort; el ex concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez y el abogado Federico Toledo.

A los dos primeros se les acusa de prevaricación, fraude, cohecho y malversación de caudales públicos, así como de falsedad en documento público y blanqueo de capitales; mientras que a Betancort se le acusa de prevaricación, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación; a Rodríguez de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos y a Federico Toledo de malversación de caudales públicos y deslealtad profesional dolosa. El Juzgado número 4 impone unas fianzas que van desde los 89.600 euros a Toledo hasta los 382.900 a Rodríguez y Betancort y los 925.000 a Sáenz y Montesinos.

Según el relato que hace el auto del juez, "los hechos parten del ánimo del Interventor Carlos Sáenz de sustraer y consentir la sustracción ilícita de fondos públicos" del Ayuntamiento de Arrecife "aprovechándose del ejercicio de su cargo a través de las mercantiles Gestecal, Recingest y Progestril, administradas por su amigo, socio, e investigado José Vicente Montesinos Ramírez, con la colaboración del resto de investigados". El dinero sustraído de las arcas municipales superaría los 300.000 euros.

El procedimiento consistía en la firma de contratos por parte de la concejalía de Hacienda, cuando estaba al frente José Miguel Rodríguez (PIL) con esas tres mercantiles con las entidades mercantiles "a las que se les adjudicaba de forma directa con manifiesta infracción de la normativa de contratación pública la prestación de supuestos servicios de asesoramiento financiero al departamento de compras de la concejalía de Hacienda, así como la elaboración de pliegos de contratación para el suministro de diferentes conceptos". Esas sociedades estaban administradas por Montesinos pero eran dirigidas de facto por Betancort, que había sido concejal de Hacienda en San Bartolomé, donde ya había coincidido con Sáenz y Montesinos.

“Fraude al Ayuntamiento”

Bajo la apariencia de legalidad de dichos contratos celebrados a finales del año 2008, se pasaron al cobro entre los años 2008 y 2009 múltiples facturas a nombre de las empresas citadas, por un montante total de 287.175 euros, además de otros 23.000 euros sin soporte documental alguno. También se ha documentado que tanto Montesinos como Sáenz habrían reintroducido en el tráfico jurídico legal un mínimo de 383.556,34 euros, procedentes de sus actividades delictivas.

El juez instructor señala que se pagaba por "folios fotocopiados idénticos, inútiles, e innecesarios, bajo el parapeto de contratos simulados y plenamente ilegales"

Gestecal emitió al Ayuntamiento en 2009 tres facturas bajo el concepto de "Asesoramiento Económico a la Concejalía de Hacienda", por importe de 2.625 euros cada una, y otra de "Servicio de Asesoramiento para el Departamento de Compra de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife y elaboración de Pliegos de Suministro de Material Informático", por importe de 16.800 euros. Además recibió tres transferencias del Ayuntamiento por conceptos que se desconocen

Por su parte, Recingest emitió facturas en 2008 para efectuar el servicio de elaboración de pliegos de cláusulas administrativas para diferentes suministros, como combustible, pintura, ferretería, repuesto de vehículos, limpieza, material de librería, cemento o papelería así como por el "Estudio de la implantación de un servicio de inspección", todos de menos de 18.000 euros. Progestril también presentó facturas por elabora pliegos para suministro de material de jardinería, material informático, suministros eléctricos, asesoramiento jurídico o suministro de aglomerado asfalto.

"El abono de todas las anteriores facturas constituyó un fraude al Ayuntamiento, toda vez que el ficticio servicio de asesoramiento a la Concejalía nunca iba a prestarse, y nunca se prestó, de forma idéntica al sistema defraudatorio que los mismos investigados Carlos Sáenz Melero, José Vicente Montesinos Ramírez, y Javier Betancort Tubau, habían instaurado en el Ayuntamiento de San Bartolomé entre los años 2005 y 2007 con la misma mercantil", señala el auto del juez.

Fraccionamiento ‘escandaloso’

"Por otro lado, los contratos de elaboración de pliegos también eran un mecanismo defraudatorio desde su inicio, toda vez que no eran en modo alguno necesarios, ya que se trataba de un servicio que podía ser prestado por los servicios municipales sin necesidad de su externalización, y podían haberse obtenido los modelos de pliegos directamente de la web oficial del Gobierno de Canarias, como era práctica habitual del departamento de contratación", añade.

"Además – continúa- se celebraron tantos contratos como suministros distintos pretendían adquirirse y justificarse en la eventual contratación, fraccionándose de manera escandalosa el objeto del contrato para que nunca excediera del límite legal de los 18.000 euros que habría impedido la adjudicación directa a las empresas aludidas, con un precio individualizado para cada uno de dichos pliegos, y multiplicándose así de forma exagerada el gasto público de la Corporación, con el correlativo lucro de las sociedades adjudicatarias".

Esos pliegos, según el auto, eran meras fotocopias y no sirvieron ni se utilizaron para ninguna licitación, fueron remitidos al Ayuntamiento entre los meses de marzo y mayo de 2009 por parte de Javier Betancort. "Todos los modelos remitidos consisten en idénticos documentos con los mismos epígrafes, en los que únicamente varía una sola palabra, la relativa al suministro concreto objeto del contrato, de 18 folios de extensión de texto idéntico en cada uno de ellos, y por importes individuales de entre 12.000 y 18.000 euros, lo que hace el Ayuntamiento de Arrecife haya pagado aproximadamente 700 euros por cada uno de los folios fotocopiados e idénticos de cada uno de los pliegos".

"Es decir, el Ayuntamiento habría pagado con este mecanismo unos 200.000 euros en folios fotocopiados idénticos, inútiles, e innecesarios, bajo el parapeto de contratos simulados y plenamente ilegales, al contar con el salvoconducto del acuerdo previo entre el fiscalizador de sus cuentas (el Interventor), el acreedor (las empresas), y el ordenador de los pagos (Concejal de Hacienda)", señala el auto.

Facturas no abonadas

El Ayuntamiento no abonó varias de estas facturas a las empresas de Montesinos, y éste reclamó esas cantidades en el Juzgado. Según el juez instructor, para garantizarse el pago, el entonces alcalde, ya fallecido, Cándido Reguera, designó como abogado del Ayuntamiento al abogado Federico Toledo, que mantenía relación societaria tanto con Betancort como con Montesinos en las sociedades Gesineal y Tributos La Oliva, y éste "ejerció dicha defensa erráticamente con el fin de no impedir que los Juzgados de los contencioso-administrativo estimaran las demandas interpuestas por las empresas de Montesinos y reconocieran la obligación de pago del Ayuntamiento, dejando incluso de interponer recurso contra su estimación de forma deliberada".

Por otra parte, algunas de las facturas tenían como objeto el pago de las letras de un préstamo concertado por Progestril con el Banco Santander, cuyo avalista era el propio Interventor. "La investigación patrimonial ha revelado que grandes cantidades de las transferidas por el Ayuntamiento de Arrecife a las cuentas de dichas sociedades por las facturas presentadas, eran sacadas de las mismas mediante reintegros en efectivo, en varias ocasiones el mismo día o en días cercanos al abono", señala el auto.

Finalmente el juez decide archivar la causa por fallecimiento contra Cándido Reguera, así como el sobreseimiento provisional parcial respecto de Juan Antonio Ruiz Viaña, director de una oficina del Banco Santander y Ángel García Gijón, que ejercía como asesor de la concejalía de Hacienda.