El Ayuntamiento de Arrecife le tiene pánico a los tribunales. En concreto, a lo que puedan decidir con respecto a pleitos millonarios interpuestos por propietarios de grandes bolsas de suelo que fueron calificadas de uso municipal. Por ello, baraja atajar ese riesgo renunciando en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a suelo público y permitiendo construir en parcelas en las que hasta ahora no se podía levantar un bloque y que están envueltas en litigios judiciales.

Así lo han confirmado fuentes del grupo de gobierno (CC y PSOE), que apuntan a que “se asignaría edificabilidad” a esas piezas de suelo problemáticas, como el Islote del Francés, por el que los propietarios han pedido a la comisión de valoraciones de Canarias una indemnización de 210 millones “y en el Ayuntamiento llegaron a valorar en 90”, o el solar utilizado como aparcamiento frente a Ginory, por el que el Consistorio está condenado ya a pagar 22 millones aunque está recurriendo en los tribunales para reducir a la mitad esa deuda.

A día de hoy, la Corporación municipal ha tenido que fraccionar, hasta 2022, el pago de 8,9 millones de euros por sentencias judiciales firmes que condenaron a la institución por ocupar suelo privado sin expropiar previamente a sus propietarios ni compensarles con terrenos en otra parte de la ciudad: casi cinco millones por los 11.000 metros del parque de Altavista y 1,1 millones por los terrenos donde se construyó el colegio Adolfo Topham, entre otros casos.

En el peor de los escenarios, si el Ayuntamiento perdiese los procedimientos judiciales que tiene abiertos tendría que hacer frente al pago de unos 350 millones de euros. El presupuesto anual con el que cuenta la institución para pagar a la plantilla, prestar servicios y ejecutar inversiones apenas llega a los 49 millones.

"Aunque queramos, no podemos mantener ciertas zonas públicas"

El grave problema al que se enfrenta el Consistorio tiene en gran medida su origen en la gestión que se hizo del planeamiento municipal aprobado en la década de los 90, cuando se ‘pintaron’ importantes zonas públicas sobre suelos privados sin que luego se formalizaran las correspondientes expropiaciones. “Aunque queramos, no podemos mantenerlas”, señala el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Montelongo, quien destaca que la “realidad económica” del Ayuntamiento le aboca a dejar construir en determinadas parcelas hasta ahora bloqueadas. No obstante, asegura que el Ayuntamiento “peleará por conservar el máximo uso público posible”.

El nuevo Plan, antes de final de año

El grupo de gobierno tiene previsto llevar a aprobación inicial el documento del nuevo Plan General antes de que finalice el año. En julio se autoimpuso un plazo de seis meses para hacerlo e incorporar un nuevo catálogo que proteja edificaciones antiguas. Si no cumple a tiempo, automáticamente se levantaría la suspensión de licencias de demolición.