Este jueves por la mañana comenzó en los Juzgados de Arrecife el primer juicio de una pieza del caso Unión, en la que se acusa al ex consejero del Gobierno canario Francisco José Rodríguez Batllori y al fundador del PIL, Dimas Martín, de sustraer fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife y de la empresa Inalsa.

El juicio, para el que se han fijado nueve sesiones, arrancó este jueves en Arrecife y se prolongará hasta el 28 de noviembre, cuando tanto la acusación como la defensa de los procesados está previsto que presenten sus conclusiones. Por el juicio desfilarán 50 testigos, propuestos por la Fiscalía y por los letrados de los acusados.

El tribunal se desplaza las cinco primeras sesiones a Arrecife para interrogar a los seis acusados en este procedimiento por presunta corrupción (el 16 y 17 de octubre). Así, declararán Dimas Martín, fundador del PIL; Rodríguez Batllori; José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco, ex concejales del PIL en Arrecife.

También declararán como acusados Plácida Guerra, ex consejera delegada de la empresa pública Inalsa; y Rafael Elorrieta, que fue gerente de Inalsa y vinculado familiarmente a Dimas Martín.

En el auto por el que se puso fin a la instrucción de este caso, la juez encargada del procedimiento recogió, como sostiene la Fiscalía, que existen "claros indicios" de sustracción de fondos públicos por parte de Rodríguez Batllori y Dimas Martín mediante trabajos facturados al Ayuntamiento de Arrecife y a Inalsa. La suma ronda los 40.000 euros.

El lunes 20 de octubre comienza la declaración de testigos propuestos por la Fiscalía, con Enrique Pérez Parrilla, ex alcalde de Arrecife, y cuatro funcionarias del Ayuntamiento capitalino. También declararán Emilia Perdomo, concejal del PIL ahora no adscrita; el actual alcalde, Manuel Fajardo; Andrés Barreto, que fue edil de Alternativa Ciudadana; o el abogado de Inalsa.

Las defensas han pedido que comparezca María José Docal, consejera del PIL en el Cabildo; Roberto Acuña, que fue asesor de Inalsa; Carlos Sáenz, interventor del Ayuntamiento de Arrecife; o Antonio Cabrera Panasco, tesorero del Consistorio capitalino, entre otros testigos.

El 18 de noviembre se reanudarán las sesiones del juicio con la declaración de agentes de la Guardia Civil, así como de Javier Sánchez Simón, ex presidente de la Autoridad Portuaria; Domingo Berriel, consejero regional de Política Territorial; el juez Juan José Cobo, que mientras estuvo en excedencia asesoró a Inalsa para formalizar el concurso de acreedores.

También declararán como testigos miembros del Gobierno de Canarias como Adrián Mendoza o Juan de Dios Fernández; el director de Endesa en Canarias, Pablo Casado; o Antonio Castro Feliciano, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias durante una larga etapa.

Peticiones de cárcel

La Fiscalía solicita seis años de cárcel para Dimas Martín, por dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación, y ocho años de cárcel para Rodríguez Batllori por los mismos dos cargos, más un tercero de falsificación de documentos.

La acusación sostiene que el fundador del PIL influyó para que facturase a las citadas entidades por trabajos supuestamente inexistentes, mientras que hacía gestiones para conseguirle el tercer grado penitenciario.

A los otros cuatro acusados, la Fiscalía pide que se les imponga una pena de cinco años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta a todos ellos, salvo a José Miguel Rodríguez. Para este último pide un año de cárcel por haber colaborado con la investigación y depositar los 16.941 euros que admite haber pagado desde el Ayuntamiento a Rodríguez Batllori.

En el caso de Inalsa, se le abonaba a Batllori cada dos meses un pago de honorarios por supuestas labores de asesoramiento. Entre marzo de 2008 y abril de 2009 cobró un total de 26.089 euros, que le fueron abonados en su cuenta personal tras presentar seis facturas "inveraces" y por unos servicios no realizados, según la Fiscalía.

Tanto el Ayuntamiento de Arrecife como Inalsa se han personado en el procedimiento judicial para reclamar “la cuantía indebidamente pagada al acusado Rodríguez Batllori”, según se destaca en el escrito de acusación.

Acusación de Fiscalía

La Fiscalía destaca que entre Martín y Rodríguez Batllori, de forma “grosera” idearon “cómo pagar con dinero público” al segundo a “por no hacer nada útil, necesario y relevante”. Subrayan el caso de Inalsa, que ya contaba “con asesoramientos retribuidos por despachos profesionales especializados”.

Además, la Fiscalía destaca que Batllori “omitió descaradamente” que ya era funcionario del Gobierno de Canarias, incumpliendo “el principio fundamental de la dedicación del personal al servicio de las administraciones públicas a un solo puesto de trabajo”.

Así, “dejó de lado, por su afán de enriquecerse a costa del peculio público, la exigencia legal prevista en la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, que exige de los servidores públicos, un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos, la moralización de la vida pública y la eficacia de la Administración”.

El Ministerio Fiscal destaca “la manifiesta imposibilidad legal de que un funcionario al servicio de la comunidad autónoma de Canarias percibiera legítimamente de manera simultánea tres sueldos con cargo a fondos públicos”.