Este lunes por la mañana arrancó el primero de los dos juicios que se celebrarán sobre el caso Stratvs. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ha desplazado a Arrecife, en principio hasta el viernes, para celebrar la vista oral.

La instrucción del caso Stratvs se dividió en dos por la condición de aforada de Gladys Acuña,  alcaldesa de Yaiza y diputada autonómica. En el primer juicio sólo se van a poner en cuestión los hechos relacionados con los permisos otorgados por el Ayuntamiento sureño, como la obtención de la primera licencia en 1999, de la prórroga de esa licencia en 2005 y de la obtención de la licencia de actividad para su apertura en 2008.

En el banquillo se sentarán diez personas. Además del propietario de la bodega Stratvs, Juan Francisco Rosa, se juzgará al exalcalde José Francisco Reyes, y a José Antonio Rodríguez, que fue concejal de Urbanismo con Reyes y continúa como edil de la Corporación municipal.

También se sientan en el banquillo de los acusados los miembros de la Junta de gobierno municipal que concedieron la licencia de actividad a la bodega en 2008: la citada Gladys Acuña, Leonardo Rodríguez, Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García, así como técnicos del Ayuntamiento de Yaiza y del Cabildo.

En esta parte del caso Stratvs que se juzga en el TSJC la solicitud de penas se limita a tres años de prisión para el propietario de la bodega, de casi cuatro años para la alcaldesa, y de un año y medio para los miembros de la Junta de gobierno y para Reyes. Para Rodríguez se piden dos años de prisión y penas de inhabilitación para los técnicos.

En la vista oral en el TSJC se dilucidarán principalmente presuntos delitos de prevaricación en la concesión de los permisos municipales. La defensa del dueño de la bodega solicitó antes del comienzo del juicio que se archivase la acusación de tráfico de influencias al considerarlo prescrito. Sin embargo, el tribunal derivó la decisión al juicio.

Pinchazo telefónico

Aunque la bodega empezó a funcionar en 2007 y se inauguró en mayo de 2008, no fue hasta diciembre de aquel año cuando el Ayuntamiento otorgó en junta de gobierno la licencia de actividad. Un pinchazo telefónico en el caso Unión reveló una conversación previa entre el empresario y el entonces concejal de Urbanismo, Leonardo Rodríguez.

Según la Fiscalía, entre el empresario y el político existía un “vínculo de camaradería” y el dueño de Stratvs “procedió a llamarle”, poco después de las tres de la tarde del 18 de diciembre, “pidiéndole que le ayudara a obtener la licencia” de actividad de la bodega.

Para el Ministerio Fiscal, el edil “podría influir” en el resto de miembros de la junta de gobierno, que se celebró al día siguiente, “dadas sus competencias” como primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo. 

La agenda del juicio

El lunes y el martes está reservado para las cuestiones previas del juicio y para el interrogatorio de los 10 acusados. El miércoles declararán los testigos. Aunque había citados hasta 35 testigos finalmente no declararán sino una parte.

El jueves está previsto que declaren los peritos de las acusaciones y de  las defensas, un total de 23. Entre los peritos está citado el director insular del Territorio, Miguel Ángel Santana, o el catedrático Francisco Villar, redactor del proyecto de la Ley del Suelo de Canarias, a petición del dueño de la bodega. El viernes está reservado para las conclusiones de las partes y el sábado se habilitaría si fuera necesario, según el guión del juicio.

Acusaciones en el caso

Hay cuatro acusaciones en el caso: la Fiscalía, representada por Ignacio Stampa, la acusación popular ejercida por Transparencia Urbanística, la acusación particular, ejercida por la familia Negrín, que es propietaria de una parte de los terrenos donde se asienta la bodega, y la Abogacía del Estado.