Los cuatro directores de centros de menores no acompañados (dos en Lanzarote y dos en Gran Canaria) contra los que se ha querellado la Fiscalía Anticorrupción “se aprovecharon del grosero incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad de la gestión económica y la administración de los centros de menores”.

Así lo señala la Fiscalía en su querella en la que acusa a estos cuatro directores pertenecientes a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI de los delitos de falsedad en documento mercantil administración desleal y malversación de caudales públicos.

En lo que respecta a Lanzarote, esta fundación ya gestionaba otros cuatro centros de menores en la Isla (Arrecife, Timanfaya, Tinajo y César Manrique). Ante la llegada de pateras a partir de 2018, primero el Instituto de Atención Social, que depende del Cabildo, y después el propio Cabildo decidieron contratar por la vía de emergencia los servicios de esta misma fundación para gestionar el centro Las Casitas de Yaiza en abril de 2018 y después el albergue de La Santa en junio de 2019. La Fundación ni siquiera está inscrita en el registro de fundaciones de competencia estatal ni en el registro de fundaciones canarias.

En los contratos se fijó un coste por plaza libre, ocupada o sobreocupada (por encima de la capacidad del centro). La Fundación debía enviar de forma trimestral una relación de gastos firmada y sellada, además de una relación de trabajadores y sueldos, una memoria de gestión anual y una audiencia de cuentas anual y facturación del servicio.

El Cabildo de Lanzarote debía certificar la ocupación de los centros y pagar las facturas mensuales. Según la querella de la Fiscalía, el dinero destinado tanto por el Cabildo como por el Instituto a estas dos infraestructuras asciende a 8,1 millones de euros entre los años 2018 y 2021. De ellos, dos millones fueron al centro de Yaiza y seis al de La Santa (casi un millón en 2020, 2,4 millones en 2021 y 2,6 millones en 2022).

La Fundación cobraba pero no ingresaba todo el dinero en una cuenta de la entidad específica para cada centro concreto, sino en una cuenta a nombre de los directores

La Fundación cobraba pero no ingresaba todo el dinero en una cuenta de la Fundación específica para ese centro concreto, sino en una cuenta a nombre de los directores, donde después hacía ingresos periódicos parta los gastos.

La Fiscalía destaca que hay una notable diferencia entre lo que se cobraba la Fundación y lo que ingresaba en esas cuentas. En el caso de Yaiza, de 1,3 millones de dos años se ingresaron 170.000 euros y en La Santa, de seis millones, menos de 800.000.

Pero es que además, el director de La Santa y la directora de Yaiza, según la Fiscalía, sacaban una gran cantidad de dinero en efectivo, hacían traspasos a otras cuentas o cargaban gastos no justificados, excesivos o sin relación con el trabajo que debían realizar.

El banco cerró las cuentas

Ante esta operativa irregular de manejo de dinero en efectivo, fue la propia entidad bancaria ING quien les solicitó una justificación. El banco decidió cerrarles las cuentas en julio de 2021 porque de la documentación que aportaron los querellados no se justificaba ni el volumen de los fondos que transitaban por las cuentas ni su destino real. Después abrieron una cuenta en otro banco y los directores sacaban dinero con una tarjeta para hacer frente a los pagos.

La Fiscalía habla en la querella de “ausencia de justificación o liquidación del gasto” y de un “deficiente, opaco y poco riguroso control de la gestión económico financiera, en virtud de los contratos de emergencia y el deficitario control sobre el sistema de gestión contable” así como un “escenario altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificación del dinero público que fue aprovechado” por parte de los querellados.