La coordinadora ecologista Alcogida ha elaborado un informe, presentado este jueves en rueda de prensa, sobre la nueva circunvalación LZ-5 que el Gobierno de Canarias quiere construir entre el Hospital José Molina y Playa Honda, y hace un llamamiento a la ciudadanía a que frene el “disparate” que supone esta nueva carretera, que arrasaría con 346.000 metros de suelo rústico de protección.

Alcogida ha ofrecido una comparecencia pública para presentar el informe y señala que este proyecto es una “decisión unilateral” que no cuenta con respaldo ciudadano porque se ha hurtado la posibilidad de participación. “En esta decisión no vemos la voz del Consejo de la Reserva de la Biosfera”, señaló uno de los portavoces, Fran Rodríguez.

Rodríguez destacó que la alternativa escogida por el Gobierno no es la más barata ni la más eficaz para resolver los dos problemas que quiere solventar: el acceso al Hospital, que se puede acometer de otra manera, y la densidad del tráfico a su paso por Playa Honda, que el propio Gobierno reconoce que puede ser un problema a medio plazo pero no ahora.

Destacó que la alternativa escogida, que costará 97 millones frente a otras que cuestan solo 47, no tiene en cuenta la gran ocupación de territorio y no resuelve el efecto pantalla que provoca la autovía entre la zona residencial y la industrial de Playa Honda.

Además, esta alternativa de circunvalación se ampara en un planeamiento ya descartado, el avance del Plan Insular de Ordenación de José María Ezquiaga, y califica el suelo como de protección agraria cuando es de protección de jable. “Es como si la consultora supiera que se va a cambiar la calificación del suelo”.

El portavoz de la coordinadora ecologista señaló que parece que la tendencia es a que crezca el parque móvil de Lanzarote cuando la Unión Europea se ha propuesto reducirlo en el año 2030 en 80 millones de vehículos. El número de coches, por tanto, debería disminuir, reiteró. También habló de “ecopostureo” del Gobierno insular y del Ejecutivo regional porque sus discursos no van en relación con los hechos.

Otro de los portavoces, Alberto Ucero, expuso los valores medioambientales que alberga la zona, que no pertenece a la Red Natura pero que acoge a muchas especies, entre ellas la musaraña canaria, el único mamífero endémico, o la lagartija y el perenquén, así como más de veinte especies de aves, seis de ellas declaradas vulnerables o en peligro de extinción, como el guirre, el cuervo, el chorlitejo patinegro, la lechuza, el halcón tagarote y la hubara. En cuanto a la flora destacó el cebollín estrellado, un endemismo protegido.

Por su parte, José Goñi pidió una reflexión sobre el modelo económico y de sociedad al que se quiere ir en Lanzarote. “Tenemos que reducir el número de vehículos en la Isla”, insistió. Dijo que el Cabildo declaró la emergencia climática pero después postula que se construyan nuevas carreteras. También señaló que falta participación ciudadana.

Además, aseguró que no sería descartable que la carretera fuera el primer paso para urbanizar una gran cantidad de suelo entre la nueva autovía y la actual y reclamó más transporte público. La nueva carretera se encuentra en la fase de licitación del proyecto técnico. La coordinadora considera que aún se puede paralizar si la ciudadanía se implica contra este proyecto.

Propuestas

En el informe de Alcogida se hacen varias propuestas. La primera es la de descartar los estudios previos presentados por la consultora contratada por el Gobierno de Canarias porque no son adecuados en “coste medioambiental, económico y falta de adecuación a la legislación vigente”.

La segunda sería redefinir los problemas como tres situaciones distintas no conectadas y que requieren, por tanto, soluciones independientes: acceso al Hospital, comunicación peatonal y ciclista entre la zona residencial y la zona comercial e industrial con soterramiento de la LZ-2 y conexión de la LZ-2 con la LZ-40.

También proponen soluciones que se dirijan hacia la movilidad sostenible y de cero emisiones en 2030 como propone la Ley de cambio climático y transición energética de Canarias, aprobada a finales del año pasado, potenciando el transporte colectivo eléctrico de calidad, con un adecuado diseño de líneas y frecuencias y preferiblemente de titularidad pública y reduciendo el parque móvil de vehículos de alquiler y de vehículos privados dotados de motor de combustión.

Las medidas deben llevarse a cabo con “transparencia y favoreciendo y proporcionando la mas amplia participación ciudadana que sea posible”, concluyeron.