El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia, del pasado mes de junio, que avaló con el voto de tres magistrados y el rechazo de otros dos, la autorización del Gobierno español a Repsol para efectuar prospecciones petrolíferas.

El incidente de nulidad de actuaciones de la Fundación César Manrique pretende que el propio Supremo que dictó la sentencia la pueda revisar, con la finalidad también “de agotar la vía previa al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.

El incidente ha sido admitido a trámite y trasladado a Repsol y la Abogacía del Estado para formular alegaciones, y está pendiente, desde el pasado 16 de septiembre, de resolución definitiva por la Sala Tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo.

En su incidente, los servicios jurídicos de la entidad presidida por José Juan Ramírez sostienen “la existencia de infracciones procesales, por acción o por omisión, de la propia Sentencia, recaída en única instancia, que, a juicio de la FCM, han vulnerado derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución”.

En concreto, el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución. Así, entienden que la sentencia omite pronunciarse, “de forma irrazonable”, sobre cuestiones “esenciales” planteadas por la FCM en su recurso “relativas a las ilegalidades alegadas” en la autorización concedida por el Gobierno español en marzo de 2012.

En concreto,  “la falta de publicidad y concurrencia en el procedimiento de autorizaciones ahora convalidado, así como la referida a la superficie afectada por la suma de los nueve permisos, que superarían el límite legal, de las 100.000 hectáreas, que de haber sido consideradas hubieran podido determinar un fallo distinto”.

También se pone en tela de juicio “la falta de resolución favorable, suficientemente motivada, de la sentencia”, en cuanto al “planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de justicia de la Unión Europea solicitada por la FCM, tanto en su demanda como en sus conclusiones”.

La Fundación pedía que primero se pronunciara el tribunal europeo sobre la garantía del “derecho a la participación pública en decisiones con potenciales afecciones medioambientales y de exigencia de evaluación de impactos, recogido en el Convenio de Aarhus y en las directivas medioambientales”.