La asociación de consumidores de Lanzarote (Aculanza) se ha dirigido al consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, para que tome cartas en el caso de los ancianos Sinforiano Lemes y Pilar Callero, de 90 y 87 años, y evite su salida de la casa que han ocupado en Argana desde hace 55 años.

Ambos residen en una vivienda construida por los feligreses de Arrecife en la década de los 50 del pasado siglo y destinada a familias con recursos. La Diócesis de Canarias vendió en 2006 la casa junto a otras pero con la condición, en su caso concreto, de que se les permitiese residir en ella hasta su fallecimiento o que se les realojase de manera gratuita.

Esa condición del contrato, que permaneció oculto para los vecinos hasta hace unos meses, no se ha cumplido y el Juzgado ha dado por bueno el planteamiento de la empresa compradora, Juan Antonio Rivera, de ofrecer a los ancianos un realojo durante 27 meses. El próximo 30 de julio tendrían que entregar las llaves. De lo contrario, serían desahuciados en septiembre.

Aculanza ha reclamado al consejero de Justicia su “intervención inmediata” para evitar que se “conculque” el “derecho a la vivienda digna” y recuerda que la defensa legal de los ancianos “tan sólo pretende que se respete lo firmado originalmente” entre la Iglesia y la empresa.

Por ello, el colectivo reclama a Hernández Spínola “que utilice todos los medios que tenga la Consejería de Justicia a su disposición para impedir de una vez y para siempre que se cometa tan injusta situación”.

En ese sentido, Aculanza solicita que se obligue “al cumplimiento en su integridad de las condiciones” recogidas en el contrato de compraventa y que “no existan más argucias legales o procesales”.

Así, considera que “estamos ante una fragante burla a lo que en justicia se debe obtener, y dos personas, repetimos, que probablemente estén viviendo sus últimos días no merecen recibir en modo alguno tal agravio”.

“Le rogamos, dada la premura del caso, tome la cuestión como algo propio y urgente antes de que estos dos ancianos sean puestos en la calle y deban abandonar un hogar disfrutado en pacífica convivencia desde hace más de 55 años”, concluye Aculanza.