“Este banco roba, este banco estafa, este banco echa a la gente de su casa”. Así pasan la mañana, megáfono en mano, un grupo de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Lanzarote, coreando consignas a la puerta de la oficina de Bankia en Puerto del Carmen. 

Están acompañando a Ana Morales, que lleva más de un mes protestando en la calle para pedir a la entidad bancaria la cancelación de su hipoteca, la dación en pago y un alquiler social. La batalla no es fácil, porque Bankia, a pesar de ser una entidad rescatada con más de veinte mil millones de euros de dinero público, es de las más reacias a este tipo de acuerdos.

Ana compró su casa, en San Francisco Javier, en el año 2003. Pidió una hipoteca a Bancaja (hoy Bankia) por 94.000 euros para una casa de 64 metros cuadrados. Entonces sus circunstancias eran otras: tenía trabajo fijo en el aeropuerto y pagaba unos 500 euros mensuales.

En 2007, Iberia deja Guacimeta y Ana se queda en la calle, con la indemnización correspondiente. “Todo iba normal hasta que llegó la estafa”, dice. En enero de 2008 la cuota mensual supera los 700 euros.

La subida coincide con la época de sus peores condiciones económicas. Ana está separada, tiene dos hijas de 13 y 16 años y trabaja ahora en información en el Hospital José Molina. Su ex marido le pasaba una cantidad de dinero que ya no puede pasar, así que las dificultades para pagar la hipoteca empiezan a apretar.

“Todo iba normal hasta que llegó la estafa”, dice Ana, que llegó a pagar más de 700 euros

En 2011 va a hablar con su banco (todavía Bancaja) por primera vez, para renegociar las condiciones y buscar una solución y se entera de que su hipoteca está “titulizada”, es decir que forma parte de una especie de fondo de inversión.

Después presenta dos escritos que no surten efecto y más tarde acaba yendo a la PAH. En septiembre de 2012 deja de pagar, lo que le ha generado ya unos intereses de demora. En total, ha pagado más de 55.000 euros. “Yo creo que la casa está más que pagada porque ahora, a precio de mercado, puede valer 40.000 euros, que es lo que queda por pagar”, señala.

El proceso de desahucio está, de momento, detenido, primero por el traspaso entre Bancaja y Bankia y ahora porque ha pedido en el Juzgado que se revise la inclusión de cláusulas abusivas en la hipoteca. Ya ha tenido unas cuentas entrevistas con el gerente y con el director de la oficina, que no le dan una solución.

Ha pedido en el Juzgado que se revise la inclusión de cláusulas abusivas en la hipoteca

En estos casos, la PAH siempre pide un interlocutor válido, en Madrid. La última oferta del banco es hacer una novación, que la cuota se quede en 180 euros pero ampliar la hipoteca de treinta a cuarenta años. Ana no está de acuerdo. Está “agotada”, de baja laboral y no puede centrarse. Quiere cancelar la hipoteca como sea, y si puede, conservar la casa pagando un alquiler.

Además, no se fía. “Esto es una estafa y yo ya no me arriesgo a nada -dice-, el banco tiene que poner algo de su parte porque ha sido rescatado con dinero público. Yo asumo que firmé una cosa, ya está”.

Además de agotada, ahora tras más de un mes protestando, se siente “hostigada”, en este caso por la Policía Local de Tías, que les hace visitas regularmente. “Nosotros hacemos protestas pacíficas, tengo la solicitud de reunión o manifestación y me dicen que me enfrento a una multa de 700 euros. El PP nos manda a la Policía Local para hostigarnos, y esto no sólo lo hago por mí sino porque podemos conseguir abrir la brecha para muchas hipotecas de Bankia”, asegura.