La Fiscalía de las Palmas abrió diligencias de investigación penal el pasado mes de marzo sobre las alteraciones catastrales de las casas de La Bufona. El Ministerio público considera que hay que valorar si se ha producido algún delito no prescrito en relación con el hecho de dar de baja dos fincas catastrales sin conceder audiencia a los titulares de las mismas.

Hay que recordar que catorce de las casas de La Bufona, que hoy tienen una orden de derribo parcial, estuvieron omitidas de la base de datos del catastro durante años, mientras que los propietarios de los terrenos, la familia Murillo, continuaba pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles.

En 2008, la Dirección provincial del catastro cambió la titularidad a favor de los dueños de esas viviendas sin que nadie se lo pidiera y sin dar audiencia a Murillo, y cambió el nombre de la calle, que pasó de llamarse Chabusquillo a Chubasquillo.

Murillo recurrió y tanto el Ministerio de Economía, primero, y los tribunales después, le dieron la razón. El Ministerio destituyó al Director del catastro, Jesús Hernando, alegando que para ese cambio de titularidad "no existe expediente" y que "la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento".

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló hace tres años la inscripción de las viviendas en el Catastro a nombre de los compradores, pero la sentencia no se ha ejecutado hasta hace dos semanas.