Un repaso por los pleitos contra las licencias revela que el Cabildo sí solicitó medidas cautelares a tiempo, que no atendieron ni los ayuntamientos ni los promotores, mientras que los tribunales cambiaron de criterio en dos ocasiones y no concedieron la suspensión de las obras.

Son casi veinte años de conflicto en los tribunales por las licencias concedidas en Costa Teguise y Playa Blanca saltándose el control del Cabildo. Veinte años de pleitos, papeles, declaraciones y administraciones enfrentadas. Un conflicto que, aparentemente, está a punto de terminar, con la concesión de nuevas licencias (o derribos) por el Ayuntamiento de Yaiza, y que tiene de fondo a una veintena de hoteles que han estado abiertos al público todo este tiempo, junto a otras parcelas que no construyeron u obras que quedaron paralizadas.

Ahora que se llega al final se vuelve a hablar de lo que podría haber sido el problema si no se hubieran construido los hoteles, si se hubiera llegado a tiempo, si se hubieran hecho todos los esfuerzos posibles. ¿Qué es lo que falló para que los hoteles se acabaran construyendo a pesar de las evidencias de que se estaban haciendo contra la planificación del Cabildo?

En primer lugar, es una evidencia que el Cabildo sí solicitó a los tribunales que aplicaran medidas cautelares, que ordenaran que se pararan las obras. Es una evidencia porque hay obras que se quedaron a medias por orden judicial, sobre todo en Costa Teguise. El Cabildo logró anular 7.834 plazas con las obras terminadas y 4.090 con las obras paralizadas o no iniciadas La cuestión es si se pidieron a tiempo. Y la respuesta, a pesar de las dudas que suscita ahora esta cuestión en el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, también debe ser afirmativa.

De los cuatro actores implicados: el Cabildo, los ayuntamientos, los tribunales y los promotores, sólo el primero tenía intención de que no se hicieran las obras, y los otros no colaboraron mucho para que esto ocurriera. En Costa Teguise se lograron parar algunas obras e incluso algún promotor, como Juan Padrón, las paró por iniciativa propia cuando el Cabildo impugnó la licencia.

Pero vayamos al inicio. En mayo de 1998 se aprueba de forma inicial la revisión del PIO, sin avance, pero meses después, en noviembre, se aprueba otra vez, con avance incluido. La concesión de licencias se suspendía de forma automática por un periodo de dos años. En mayo de 2000 se aprueba finalmente la Moratoria. Esas tres decisiones ya tuvieron como consecuencia el recurso de varios promotores, además de los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, que pusieron 17 recursos contra los acuerdos de mayo y noviembre, 15 contra la suspensión de licencias y 11 contra la Moratoria.

Entre 1998 y 2000 se conceden muchas licencias pero los ayuntamientos no las comunicaban al Cabildo para su control. Sin embargo, comienza a haber movimientos de tierras y el Cabildo inicia dos vías de actuación: pide a los ayuntamientos, vía tribunales, que les entregue las licencias y pide a su brigada ecológica que intente descubrir sobre el terreno quién construye qué. En algún caso, son los propios trabajadores de las obras los que entregan los papeles de los que disponen y así el Cabildo se va haciendo una idea de las licencias concedidas.

Hasta entonces el Cabildo se había defendido de los pleitos que  habían puesto contra sus actos los promotores y ayuntamientos, pero tiene que cambiar de estrategia y pasar a la acción. Lo primero que se hace es impugnar, casi a ciegas pero sabiendo que muchas parcelas se estaban preparando para su construcción, en julio de 2000, una licencia de cada plan parcial: cinco en Playa Blanca y una en Costa Teguise, mientras se intenta ganar la batalla para que los ayuntamientos comuniquen sus licencias. Con la información que va consiguiendo arma los expedientes y acaba poniendo casi todos los pleitos en 2003, bajo el mandato de Dimas Martín. En esa fecha ya hay muchos hoteles construidos, pero para algunos aún se estaba a tiempo.

Es una evidencia que el Cabildo sí solicitó medidas cautelares porque aún se pueden ver obras que se quedaron a medias

En el año 2000 ya se pedían medidas cautelares. Y en un primer momento, el TSJC da la razón al Cabildo ordenando esa paralización. El Cabildo y la Fundación César Manrique piden que se paren las obras del Papagayo Arena en noviembre de ese año, cuando aún no era tarde, pero la Sala no contesta hasta el año 2002 y, de forma sorpresiva, cambia de criterio. El TSJC dice que los razonamientos del Cabildo son sólidos y razonables pero dice que entrar a valorar sus argumentos sería entrar de lleno en el fondo del asunto y que si hiciera eso estaría resolviendo anticipadamente.

En otro procedimiento, en septiembre de 2002 el Cabildo también pide expresamente las medidas cautelares, el TSJC le da la razón y pide a Yaiza que entregue las licencias pero el Ayuntamiento no cumple. Cuando finalmente las entrega, en 2003, muchas obras ya están terminadas.

Los cambios de criterio del TSJC son claros. Primero considera que se pueden parar, como en el caso de Lanzagal en Costa Teguise, y después, además de tardar en resolver, aplica argumentos como que la suspensión podría conllevar perjuicios al particular beneficiario de la licencia, que ya ha abonado la tasa correspondiente, o como que “lo construido se puede demoler en cualquier momento”. Y, después, en 2005, cambia de nuevo. En el caso de Hoteles Playa, el TSJC acepta parar las obras porque se puede aplicar la doctrina de apariencia de buen derecho porque la licencia se concedió sin los trámites oportunos, sin informes preceptivos y vinculantes.