El grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote presentó el pasado viernes una denuncia en la unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Lanzarote poniendo en su conocimiento que “el presidente de la institución, Pedro San Ginés, autorizó el pago de cuatro millones euros en facturas a pesar de las advertencias de ilegalidad que efectuó en todo momento la intervención del Cabildo”.

Las facturas corresponden a pagos efectuados en los últimos cuatro años a empresas farmacéuticas, agencias de viajes, empresas de transporte, de seguridad o de servicios audiovisuales. Los importes por año son los siguientes: 2015, 1.074.000 euros. 2014, 1.200.000 euros. 2013, 758.000 euros. Y 2012, 1.050.000 euros. En total, más de cuatro millones de euros.

En el escrito presentado a la Fiscalía se ha hecho constar que “los motivos para la denuncia han sido tanto los defectos de tramitación advertidos por el servicio de Intervención del Cabildo, consistentes en no haberse tramitado los correspondientes expedientes de contratación con arreglo a la Ley de Contratos de Servicios Públicos, como el considerable número de facturas en las que la Presidencia ha resuelto levantar los reparos, así como la importante cuantía de las mismas”. Podemos considera que estos hechos pudieran incardinarse en el capítulo XIX del código penal, Delitos contra la Administración Pública.

Desde Podemos se apunta que “estos hechos habían sido denunciados en al menos tres sesiones del Pleno del Cabildo en los últimos meses”. “En todas las ocasiones, la respuesta del presidente fue que la ley le faculta para levantar los reparos de intervención y que es algo ‘normal’ dentro del funcionamiento de la institución”, señala Podemos en un comunicado.

“Sin embargo, desde este grupo político se considera que la capacidad del presidente de levantar los reparos puestos por intervención debiera ser una herramienta excepcional, solo para emplear en aquellos casos en los que estuviera debidamente justificados los motivos por los que no ha sido posible cumplir con lo establecido por la Ley de Contratos de Servicios Públicos”, añade.

“Durante al menos cuatro años consecutivos (en el caso de las agencias de viaje no se ha sacado a concurso desde 2008) se han venido repitiendo pagos prácticamente a las mismas empresas, por lo que entendemos que no cabe justificación alguna para que se sigan levantando los reparos de intervención por parte del presidente al pago de esas facturas”, añade Podemos. “Dicho de otra manera, el presidente ha tenido, al menos, cuatro años para regularizar la situación y no lo ha hecho”, resalta la organización política.

Según Podemos, “las consecuencias de este proceder son, por un lado, que se ha podido estar beneficiando a determinadas empresas, ya que se les han pagado servicios y productos presuntamente al margen de la Ley de Contratos, así como el perjuicio económico para las arcas del Cabildo, que podría haber conseguido precios menores de haberse incoado los correspondientes concursos públicos”.