Un año ha tardado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en resolver la recusación de uno de sus jueces y nombrar un nuevo magistrado para presidir el Tribunal del Jurado que deberá emitir un veredicto sobre el abogado y empresario Luis Lleó y el empresario Fernando Becerra. Ambos están acusados de cohecho por una de las piezas principales de Unión, la que dio origen al caso de corrupción más grande de Lanzarote.

En abril del año pasado, Lleó, que durante la instrucción y aún después ha estado presentando todo tipo de recursos y utilizando maniobras jurídicas para dilatar el caso o intentar anular las diligencias de Unión y no tener que llegar a juicio, recusó a uno de los tres magistrados que componen la sección sexta de la Audiencia provincial, José Luis Goizueta, porque había resuelto alguno de los recursos que había presentado el empresario.

Lleó ha presentado más de sesenta recursos contra todas las decisiones de los distintos jueces instructores. Como Goizueta, y otros muchos magistrados de la Audiencia, han tenido que resolver todos estos recursos, el empresario lanzaroteño considera que ya ha conocido el caso y que no puede juzgarlo por estar 'contaminado'. El pasado mes de septiembre se resolvía la recusación, a favor de Lleó, y no ha sido hasta siete meses después cuando se ha designado un nuevo presidente.

Ahora quien presida el Jurado será Salvador Alba Mesa, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en Canarias, y que también será ponente en el juicio de la pieza 12 del caso Unión, la de las comisiones ilegales del PIL en Arrecife, que ya está lista para juzgarse aunque no tiene fecha para la vista oral.

En el caso de Lleó y Becerra, la Fiscalía de Las Palmas presentó su escrito de acusación en marzo de 2013. Han pasado ya más de tres años desde ese escrito y antes de que se celebre la vista de este juicio, se deberá celebrar otra vista sobre las cuestiones previas, ya que los miembros del Jurado sólo deciden sobre los hechos y no sobre el procedimiento.

Lleó se enfrenta a la petición de una pena de seis años de prisión y Becerra de un año y medio por intentar sobornar al entonces consejero de política territorial del Cabildo, Carlos Espino, para que desbloqueara una operación urbanística de más de mil viviendas a cambio de más de medio millón de euros. Becerra, que ha confesado los hechos, ejercía de intermediario y ofreció a Espino una comisión.

El ex consejero denunció los hechos ante la Guardia Civil, que comenzó a pinchar los teléfonos de Becerra y Lleó y a grabar las conversaciones entre Espino y Becerra durante un año entero hasta que finalmente en mayo de 2009 realizó las primeras detenciones. La denuncia inicial acabó convirtiéndose en doce piezas judiciales de diversa índole y se acabó centrando en el Ayuntamiento de Arrecife, principalmente, y en el Partido de Independientes de Lanzarote.

Lleó fue detenido y enviado a prisión provisional y desde entonces ha centrado sus esfuerzos en intentar anular todo el caso o al menos una parte de la instrucción. Hasta ahora tan sólo se anuló la entrada y registro a sus oficinas porque en el auto aparecía otra dirección y el nombre de otra imputada, por error, pero ya hay tres sentencias condenatorias de piezas derivadas de esta investigación.

De querellarse contra Pamparacuatro a acusación en Unión

La asociación de juristas Jiménez de Asúa, recién creada en Gran Canaria y sin caras visibles, acaba de ser aceptada como acusación popular en la pieza de Urbaser de Unión. Esta asociación se ha intentado personar cuando ya estaba casi terminada la instrucción en todas las piezas, pero sólo la han aceptado en esta última. Lo que sí ha hecho es querellarse contra el primer juez instructor del caso, César Romero Pamparacuatro.

La aparición de esta nueva asociación de juristas llegó después de que se personaran en otras causas judiciales, como Stratvs, y otros casos en La Geria, una asociación ecologista de Fuerteventura, que renunció a ser acusación por sentirse engañada por el abogado y otra de Gran Canaria, Jacón.

A Jiménez de Asúa, que también cambió de nombre entre sus primeras personaciones y ahora, el Juzgado no le permitió ejercer como acusación porque faltaba una gran cantidad de documentación, como el acta de las reuniones donde se decidía la personación, el acta fundacional o un representante legal.

En los últimos meses, los abogados que se presentan en nombre de esa asociación, que han estado relacionados en algunos casos con Luis Lleó, han ido subsanando esas deficiencias, y ahora la Audiencia ya les ha permitido que se personen.