El Cabildo de Lanzarote no tiene intención de abrir la mano a nuevas plantas desaladoras privadas y pretende que, de forma paulatina, los establecimientos con instalaciones privadas en funcionamiento vayan enganchándose a la red general de abastecimiento controlada por el Consorcio.

Desde el pasado mes de noviembre está en vigor un Plan Hidrológico aprobado directamente por el Gobierno de Canarias ante la amenaza de tener que hacer frente a sanciones de la Unión Europea por el retraso en la tramitación de este tipo de planes en las Islas.

En el Plan Hidrológico que está en vigor se especifica que la “gestión” de la desalación de agua tanto para el abastecimiento doméstico como para el uso turístico, industrial y agrícola, “está reservada y corresponde exclusivamente al Consorcio de Aguas de Lanzarote”, organismo público formado por el Cabildo y los ayuntamientos de la Isla.

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, destacó este lunes en la junta del Consejo insular de Aguas que le “preocupan” los “recursos” planteados por organizaciones empresariales contra la “exclusividad” pública establecida para la desalación del agua.

San Ginés también advirtió a los alcaldes de la Isla, con los que están “hablando” las patronales para que respalden la “liberalización” del agua, de las consecuencias que tendría la reducción del consumo de agua con tarifa turística si se instalasen nuevas desaladoras privadas, lo que encarecería el precio del agua doméstica.

Si el Plan Hidrológico es anulado, “la consecuencia inevitable sería disparar de manera exponencial el precio del agua a los 150.000 vecinos de esta Isla”

“La mitad de la facturación” por la desalación del agua, antes en manos de la empresa pública Inalsa y ahora de la concesionaria Canal Gestión, procede “de la industria turística”, indicó San Ginés. Este sistema, añadió el presidente, ha permitido que el precio del agua que pagan los vecinos no sea más elevado.

San Ginés dijo que estaba “convencido” de que el Plan Hidrológico “se va a llevar a sede judicial” por las patronales. En el caso de que los tribunales les dieran la razón y el Consorcio “deja de tener exclusividad para abastecer agua, la consecuencia inevitable sería disparar de manera exponencial el precio a los 150.000 vecinos de esta Isla, porque si no los números no saldrían”.

San Ginés adelantó que el Cabildo mantendrá una “posición monolítica” sobre la exclusividad pública en la gestión del agua y reclamó al resto de instituciones locales que la respalden sin fisuras. “Les pido que interioricen este mensaje”, afirmó.

“Ataque” a los empresarios o “redistribución” de riqueza

El representante de la patronal hotelera Asolan en el Consejo insular de Aguas se dio “por aludido” y criticó el “monopolio” en el abastecimiento de agua. “No entiendo por qué ocurre aquí y no en el resto de las Islas”, resaltó, al tiempo que subrayó que “prohibir plantas desaladoras no entra dentro de lo imaginable en la Unión Europea”.

Asolan y la Confederación Empresarial muestran su “desacuerdo” en la junta del Consejo insular de aguas y consideran que es un “ataque” a las empresas

“Estamos en desacuerdo y creemos que es un ataque importante a los derechos de los empresarios”, apostilló el representante de Asolan, quien consideró que “pasar de la pasividad total a prohibir no parece normal”.

La Confederación Empresarial de Lanzarote respaldó “el punto de vista” de Asolan y consideró que “los equilibrios” en los precios del agua se deben buscar “profundizando en otro tipo de fórmulas”.

San Ginés replicó que vender el agua más cara a la industria turística que a los vecinos de la Isla “es una fórmula de redistribución de la riqueza allí donde se genera”, un método que “comparto”, dijo.

Desaladoras privadas en funcionamiento

En la actualidad, hay al menos medio centenar de plantas desaladoras privadas en funcionamiento, vinculadas al “autoconsumo” de instalaciones turísticas. En su día se autorizaron de forma temporal ante la falta de capacidad del Consorcio para garantizar el suministro.

San Ginés recordó que en el Plan Insular de 1991 se estableció una especie de “moratoria” de ocho años para que todo el ciclo integral del agua en Lanzarote “estuviera en manos del Consorcio”, algo que no sólo “no ocurrió sino que aumentaron las plantas de autoconsumo”. En el Plan Hidrológico de 2001 se estableció una excepción similar.

El presidente subrayó que la nueva normativa aprobada por el Gobierno regional prevé que “desaparezcan” las desaladoras privadas para autoconsumo. No obstante, avanzó que con el nuevo Plan Hidrológico, que se espera esté aprobado antes de que concluya el año, se podría establecer un régimen transitorio para las desaladoras existentes pero sin autorizar en ningún caso ninguna planta más.