Un informe jurídico encargado por el Consejo Insular de Aguas concluye que “resultaría en principio procedente” la suspensión de la actividad de nueve bodegas industriales ubicadas en La Geria ante la ausencia de autorizaciones de vertidos pero que, “por razones de interés general, y con carácter temporal, cabría no suspender la actividad” de las instalaciones, adoptando “medidas provisionales que minimicen los riesgos del vertido”.

Así, se destaca que la actividad de las bodegas en La Geria “se lleva a cabo en algunos casos desde tiempos inmemoriales y que tienen un interés que trasciende el meramente económico”, pues afecta “al mantenimiento del espacio” del paisaje protegido.

El informe viene a dar respuesta a la denuncia del empresario Antonio Curbelo contra las bodegas Los Bermejos, El Grifo, Barreto, Martinón, Vega de Yuco, Finca Las Quemadas, Antonio Suárez, Rubicón y La Geria, presentada en junio de 2014, medio año después de que el Juzgado ordenase la clausura de la bodega Stratvs.

En el expediente del Consejo Insular de Aguas se han acumulado tanto las denuncias de Curbelo como las peticiones de información sobre otras bodegas del empresario Juan Francisco Rosa, propietario de Stratvs, y la solicitud del Ayuntamiento de San Bartolomé acerca del sistema de evacuación de aguas residuales y licencias de cinco bodegas que están en su municipio.

El empresario Antonio Curbelo denunció a Los Bermejos, El Grifo, Barreto, Martinón, Vega de Yuco, Finca Las Quemadas, Antonio Suárez, Rubicón y La Geria

El informe, elaborado por el jurista José González, indica que, “salvo error”, “ninguna de las bodegas dispone de autorización de vertidos, salvo Bodegas Yuco”, que la obtuvo en marzo del año pasado. “De la normativa analizada” en materia de aguas y vertidos, señala, “se deduce que en principio debiera suspenderse la actividad que produce el vertido” hasta que se solicite la “oportuna autorización” o “ver si es posible la legalización”, entre otros supuestos.

Sin embargo, el jurista recalca que “no parece proporcionado ordenar sin más la suspensión de la actividad de las bodegas que generan vertidos que no cuentan con autorización”. “Se trata de instalaciones que llevan en su mayoría abiertas desde hace muchísimos años y que contribuyen de una manera indudable al mantenimiento del paisaje característico de La Geria”, abunda.

Además, “no debe olvidarse” que “se trata de bodegas que en muchos casos desarrollan su actividad con carácter precio a la aprobación de la normativa” en materia de aguas y vertidos, subraya.

“No parece proporcionado ordenar sin más la suspensión de la actividad de las bodegas que generan vertidos que no cuentan con autorización”, señala el informe

Por ello, plantea aplicar de forma “extensiva” la Ley de Aguas y el Reglamento de Vertidos para que, por “interés general”, sea el Consejo Insular de Aguas “quien se haga cargo de las instalaciones de depuración de las bodegas, o que lo haga indirectamente, de forma temporal, aplicando las medidas correctoras que se estimen convenientes”, como la “presentación de analíticas” de forma periódica para acreditar que no se superan “los valores máximos permitidos”.

El informe jurídico plantea que se inicien dos procedimientos por el Consejo Insular de Aguas: por un lado, esclarecer el tipo de vertidos que efectúan las bodegas citadas y “su posible legalización, con o sin medidas correctoras”, dándole un plazo a las bodegas “lo más breve posible” y, en segundo lugar, un procedimiento sancionador por no haber obtenido licencia para los vertidos en plazo. En concreto, desde agosto de 1995 era obligatoria, según el Reglamento de Vertidos.

Entre los meses de febrero y marzo de este año ya han salido a exposición pública las peticiones de plantas depuradoras de aguas residuales solicitadas por las bodegas Los Bermejos, La Geria, Agrícola La Florida, Martinón y Rubicón.

Más detalles

EXPEDIENTE. El jurista resalta que, “en cualquier caso, la adopción de la medida de suspensión temporal” de las bodegas sin autorización de vertidos “exigiría la tramitación de un expediente”, dando audiencia a los propietarios. La clausura, “por su gravedad”, debería ser ordenada por el Gobierno de Canarias.

DESCARTADO. A juicio del letrado contratado por el Consejo Insular de Aguas, “no cabe” señalar “sin más” que “los vertidos son contaminantes, o que las actividades que los generan son ilegalizables, por lo que en principio habría que descartar la clausura de las actividades”.

DEPURADORAS. “Conforme a la normativa aplicable”, subraya el jurista, en el espacio protegido de La Geria “resulta posible la existencia de fosas sépticas, que pueden ser completadas con depuradoras individuales o colectivas, o cualquier otra solución para saneamiento individual”.