El Cabildo de Lanzarote se ha dirigido a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, para trasladarle la “problemática y preocupación” existente en la Isla sobre la aplicación de la normativa que desde el pasado mes de noviembre hace que los establecimientos que venden productos fitosanitarios exijan a los compradores y usuarios de los mismos el carné de manipulador de estos productos.

“Esta situación ha obligado a todos los productores y agricultores de Canarias a renovar sus carnés, solicitar duplicados en los organismos competentes ya que gran parte de ellos los tenían extraviados, y en su gran mayoría a realizar el curso de manipulación de productos fitosanitarios para obtener la capacitación exigida por la nueva legislación”, explica el Cabildo.

El consejero de Agricultura y Ganadería del Cabildo, Antonio Morales,  señala que “se han tramitado más de 350 solicitudes de duplicados y renovación de estos carnés” y que hay “más de 860 interesados en obtener” el permiso.

Morales reconoce que “la demanda registrada en la administración pública supera las posibilidades reales del Cabildo de poder expedir todas las licencias de capacitación por el sistema de evaluación y el  número de alumnos máximo por curso que exige en este caso la comunidad autónoma”.

En diciembre del pasado año, el Cabildo impartió cuatro cursos y tiene programados desde enero a marzo de este año otros siete. Además de esto, la Consejería que dirige Morales se ha coordinado con otras entidades formadoras de la isla para que a través de estos otros centros de formación informen a las cerca de 900 personas inscritas en la Granja Agrícola Experimental de la posibilidad de realizar esta formación obligatoria también en estas entidades.

“A esta alta demanda, se suma también el nivel de exigencia y complicidad de las evaluaciones, siendo en un gran porcentaje productores y agricultores de edad avanzada y sin estudios o, en algunos casos, con dificultades para la lectura y escritura, lo que les impide la obtención de esta capacitación mediante el sistema de exámenes escritos”, detalla el consejero.

La diputada nacionalista Migdalia Machín ya ha trasladado esta problemática, vía pregunta parlamentaria, al consejero regional de Agricultura, Narvay Quintero, para que “flexibilice los criterios de evaluación y permita al Cabildo de Lanzarote y a otras administraciones canarias poder adaptar los sistemas de evaluación al público al que van dirigidos, entre otras medidas que se tengan previsto adoptar, consultadas al Gobierno, para paliar esta problemática actual del sector”.

“Corremos el riesgo de que estos agricultores abandonen sus fincas con el consiguiente deterioro del paisaje agrario, tan singular que tiene esta Isla”, señala Morales, que solicita al Ejecutivo regional que, de manera excepcional, “permita aumentar el número de alumnos por curso hasta 40”.

También solicita que se autorice “la realización de exámenes orales para personas que tengan dificultad con la lectura y escritura” y permitir “la realización de exámenes por parte del personal del propio Cabildo o de la propia Consejería regional que esté desplazada en Lanzarote con el fin de poder dar cobertura a un mayor número de solicitudes y realizar un examen por curso”.