El Ayuntamiento de Arrecife y el equipo de urbanistas de Gesplan han pisado el acelerador para contar con el nuevo de Plan General de Ordenación (PGO). El concejal de Urbanismo, Samuel Martín, apunta a marzo como mes clave para tener diseñado el nuevo planeamiento municipal, que tendría que volver a aprobarse de forma inicial y salir a exposición pública.

El Plan General de Arrecife ya pasó por ese trámite en agosto de 2014, pero entonces recibió una avalancha de alegaciones que ha provocado un cambio de enfoque: el Ayuntamiento ha celebrado reuniones con los propietarios de grandes piezas de suelo que quedan por desarrollarse en la capital para tratar de cerrar acuerdos y pactar la ordenación de la ciudad.

El concejal de Urbanismo, Samuel Martín, señala que “antes de las Navidades” se reunieron con los dueños del Islote del Francés (57.000 metros cuadrados), de las salinas de Naos (184.000 metros), del sector que está entre las urbanizaciones de El Cable y La Concha (200.000 metros), de los propietarios de varias piezas importantes de suelo en La Vega (78.800 metros) o la cadena de alimentación con interés en construir un centro comercial en La Bufona. Estos promotores “ya han entregado casi todos los convenios que recogen su propuesta de desarrollo de esos suelos”, explica el edil.

A finales de enero se celebró otra reunión con los dueños de la parcela de Garavilla (52.300 metros cuadrados), con los promotores de un nuevo polígono industrial y comercial en Altavista (161.300 metros), con los propietarios de la bolsa de suelo de Capellanía (143.000 metros), junto al barrio de San Francisco Javier, o con los dueños de La Bufona inferior (201.500 metros), frente al Cabildo. A estos propietarios se les ha planteado que presenten sus convenios “en la segunda semana de febrero”.

El edil de Urbanismo es consciente de que “seguramente” la mayoría de los dueños de las grandes piezas de suelo de la ciudad “pedirán el máximo” desarrollo urbanístico posible, pero recalca que “para firmar cualquier convenio es necesario que exista interés general para el municipio”.

Martín asegura que el Ayuntamiento se marca como finalidad “que Arrecife consiga el máximo suelo posible, no solo para zonas verdes o equipamientos públicos sino para otro tipo de usos”. En ese sentido, pone el ejemplo del Ayuntamiento de San Bartolomé, que ha subastado parcelas de uso industrial que tenía en Playa Honda.

Suelos polémicos

El Islote del Francés y el solar que se usa como aparcamiento frente a Ginory, entre el Charco de San Ginés y Naos (de 12.000 metros de superficie), son dos de las bolsas de suelo estratégicas cuyo futuro confía en despejar el edil de Urbanismo con el nuevo PGO. En el planeamiento municipal vigente, aprobado hace 12 años y que heredó el diseño que se hizo de Arrecife en el siglo pasado, se califican ambas piezas de uso enteramente público.

Samuel Martín: “Para firmar cualquier convenio es necesario que exista interés general para el municipio”

Para zanjar el conflicto con el promotor Jaime Cortezo, propietario de la mitad del Francés, en el nuevo Plan se le permitía construir casi 40.000 metros con edificios de nueve plantas, lo que le daba para unas 140 viviendas. En sus alegaciones, reclamó otros 33.000 metros de edificabilidad y más de 300 viviendas.

En el caso del solar frente a Ginory, la propietaria, Aurora Paloma Fuster Conrado, reclama que se le califique para levantar un edificio de gran altura y amenaza con el acuerdo del Jurado de expropiación que valora el suelo en 20 millones. Mientras, en los tribunales, el Ayuntamiento defiende que buena parte del suelo fue ganado al mar y que las escrituras no coinciden.

El edil de Urbanismo destaca que el Consistorio no quiere volver a verse “en el futuro” en la situación de “pagar indemnizaciones” por calificar de uso público suelos privados. Admite que mantener ambas piezas de suelo con uso público en su totalidad “podría ser lo ideal” pero “no es posible” sin indemnizar “con cantidades millonarias que el Ayuntamiento no se podría permitir”. A expensas de lo que resulte de la negociación, el concejal aspira a “conseguir el máximo suelo público”.

La Bufona

De la urbanización de La Bufona superior se ha ocupado en los últimos meses la Justicia. Por la vía penal se ha condenado al promotor y al constructor por delitos contra la ordenación del territorio y también se ha ordenado la demolición de parte de 14 viviendas al norte de la urbanización que invaden suelo rústico protegido. En la vía contencioso administrativa también se han confirmado órdenes de derribo parcial dictadas por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun).

“El Ayuntamiento no puede legalizar una situación que el Juzgado ha declarado que es ilegal”

“El Ayuntamiento no puede legalizar una situación que el Juzgado ha declarado que es ilegal”, señala el edil de Urbanismo, quien resalta que “algunos propietarios” de casas “ni siquiera recurrieron” las órdenes de demolición de la Apmun.

El concejal recuerda que en La Bufona tampoco se hicieron “las cesiones obligatorias” de suelo al Ayuntamiento y apunta que lo que se plantea es “dividir la urbanización en dos” y llegar a un convenio con los propietarios “interesados en desarrollar la zona comercial”, en la parte más próxima a la carretera LZ-2.

El Gobierno rechazó la licencia para construir un centro comercial por el déficit en los accesos para el tráfico, solicitada por Supermercados Marcial, que ha vuelto a la carga y asegura que ejecutaría accesos a la urbanización “de forma simultánea a la edificación del centro comercial”.

Los Diseminados

Entre las alegaciones a la aprobación inicial del PGO en 2014 se contaban decenas presentadas por propietarios de viviendas en Las Vírgenes, los diseminados de Argana o el camino de Arrecife a Güime, edificaciones que en algunos casos cuentan con expedientes de infracción urbanística. El concejal de Urbanismo reconoce que “hay que darle una solución a la gente”, para lo que “se siguen viendo posibilidades”.

“Estamos intentando extender el límite urbano de Arrecife lo máximo posible, siempre dentro de la legalidad”

“Estamos intentando extender el límite urbano de Arrecife lo máximo posible, pero siempre dentro de la legalidad”, destaca el concejal, que considera fundamentales los “contactos” con el equipo que redacta el Plan Insular, encargado de definir las categorías de suelo rústico. La principal reivindicación del Ayuntamiento es que se rebaje la calificación del suelo rústico donde hay viviendas construidas al de menor protección.

Sobre la petición de los vecinos del camino a Güime -que creció de forma desordenada como un barrio más- de que se les catalogue como asentamiento rural, el concejal reconoce que el criterio de Gesplan es “que no se puede” por la “tipología” de las edificaciones construidas.