El ex Director de la Oficina del Plan Insular de ordenación (PIO), Leopoldo Díaz, ha vuelto a ganar otro pleito contra una decisión del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. En este caso, el Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Las Palmas le ha dado la razón anulando una resolución de San Ginés, de octubre de 2010, por la que decidió apartarle de la emisión de informes de compatibilidad del PIO a proyectos hoteleros porque una empresa con sede en Panamá, Urena Mountain, le había recusado alegando que tenía relación con la Fundación César Manrique.

Urena Mountain, representada por el abogado Ignacio Díaz de Aguilar, consiguió una licencia del Ayuntamiento de Yaiza hace 16 años para construir un hotel aunque finalmente no lo construyó. La licencia fue recurrida por el Cabildo y la FCM y la Justicia dio la razón a esta última, anulándola.

En la fase de ejecución de sentencia la empresa debía realizar los mismos trámites para comprobar si se le podía conceder la licencia. El informe de Leopoldo Díaz fue negativo y Urena Mountain pidió a San Ginés que apartara al técnico porque había formado parte del Patronato de la FCM, un cargo que abandonó en el año 2000.

San Ginés apartó a Díaz y a otro técnico, Esteban Armas, no sólo de ese expediente sino de todos los informes de compatibilidad, alegando "prudencia y seguridad jurídica", pero lo hizo sin informe jurídico alguno que avalara su resolución. El Juzgado considera ahora que estos dos motivos no están previstos por la ley como causas de abstención o de recusación.

Dos meses antes de la recusación de Urena, el empresario Juan Francisco Rosa había solicitado la misma medida y por el mismo motivo. El Cabildo no la aceptó, pero Urena la solicitó también ante el Juzgado, que falló a favor de la empresa. Tras apartar a los dos técnicos, San Ginés solicitó nuevos informes sobre ese hotel a otros técnicos, que también fueron negativos.

El presidente aceptó la recusación de una empresa con licencia anulada para un hotel en Playa Blanca

Tanto el Cabildo, representado por el abogado Ignacio Calatayud, como Urena, sostuvieron que la decisión de apartar a Díaz no se podía recurrir en los tribunales. El presidente alegó que no dejó recurrir la recusación al funcionario "por indicación de los servicios jurídicos de la Secretaría de la Corporación insular". Sin embargo, el TSJC acabó fallando a favor de Díaz y le permitió recurrir, con el resultado que ahora se conoce.

En el fallo, del pasado mes de diciembre, se estima la demanda de Díaz porque los motivos que se adoptaron no están previstos como motivos de recusación. Además, su relación anterior con la FCM no lo inhabilitaba para emitir esos informes.

El Cabildo, defendido por Ignacio Calatayud, que estuvo trabajando en el despacho de Díaz de Aguilar, que a su vez representaba a la empresa Urena, había alegado que el asunto ya estaba resuelto, que el Juzgado no tenía competencias y que Díaz tenía interés en el expediente. La juez desestima los tres argumentos.