El Ayuntamiento de Arrecife ejerce la acusación particular en el caso Montecarlo. Es lo normal, porque lo que se investiga es si se malversó dinero público, que es de los vecinos pero lo administra el Ayuntamiento, así que es el primer interesado en que las cosas se aclaren. El caso Montecarlo es de 2012 y Arrecife designó abogado un año después, con el actual alcalde como teniente de alcalde. Ha sido en 2016 cuando ha presentado su primer recurso, así que se deduce que hasta ahora estaba de acuerdo en cómo iba la instrucción. De hecho, la Fiscalía había solicitado al Ayuntamiento que aclarara qué tipo de acciones ejercía, porque no había ejercido ninguna: si eran sólo civiles (devolución del dinero), penales (que se castigue a los culpables) o ambas. El Ayuntamiento ha contestado que ambas.

Como todo el mundo sabe, en Montecarlo están imputados varios técnicos, varios ex concejales y el actual alcalde. Montelongo no ha gestionado muy bien este asunto ante la opinión pública, pero ese es otro asunto. En el plano judicial, el alcalde basa su defensa, de forma muy resumida, en argumentar que autorizó los pagos a Inelcon con informes favorables de Intervención. La Fiscalía considera que hay indicios de que el alcalde estaba interesado (cuando era concejal de hacienda) en que se pagara a esa empresa saltándose el orden establecido y de que también había avisos que desaconsejaban el pago. Ambos tendrán que demostrar aquello que sostienen, pero se podría decir que los técnicos, todos o algunos, le sirven al alcalde de paraguas judicial. Cuanto más aumenta la probabilidad de culpabilidad de ellos, más posibilidades tiene él de que su inocencia sea creíble.

Hace tres años, la defensa de Montelongo impulsó que el tesorero pasara de testigo a imputado, algo a lo que la Fiscalía siempre se opuso. El juez, ahora, decidió archivar la causa contra él. La Fiscalía considera al tesorero más como un colaborador que como un sospechoso, y la defensa del Ayuntamiento no lo ve así. Está en su derecho.

Lo que sí llama la atención es que con la cantidad de imputados que hay en el caso, haya tomado por primera vez la iniciativa con éste. Y que en esta ocasión no ha sido el abogado del alcalde, sino el del Ayuntamiento (que no es lo mismo) el que pide la imputación. No estaría mal que aclarara si esa decisión la ha tomado el abogado por su cuenta o le ha dado instrucciones él mismo, la junta de gobierno los dos socios del pacto. Más que nada porque, así visto desde fuera, parece que para evitar poner el recurso él mismo, hemos acabado siendo los vecinos los que lo presentamos. Y si es para aclarar todo hasta las últimas circunstancias, pues fenomenal, pero si es para jugar a 'sálvese quien pueda', está confundiendo el cargo que ocupa con la persona que es.