En esta ocasión es por ampliar una casa en suelo rústico en Yaiza. En las anteriores fue por pedir dinero para no derribar una edificación, por oponerse a que tiraran el bañadero de Guatiza, por malversar más de dos millones de una subvención dirigida al Complejo agroindustrial de Teguise, por comprar el voto de un concejal de Arrecife para que saliera elegido alcalde el candidato del PIL, por construir unos baños en Los Dolores, por contratar a Rodríguez Batllori para asuntos particulares pagando con dinero de Arrecife y de Inalsa y por una recalificación con la empresa Las Cucharas. Todas, menos la última, acabaron en condena.

No cumplió la primera por no tener antecedentes y no ha cumplido la última porque aún no es firme. Y además se libró de ir a juicio, porque la instrucción nunca terminó, en dos ocasiones, por la venta de los apartamentos de Los Cocoteros y por el caso Flumelan. Su futuro, además, se parece mucho a su pasado. Le pueden quedar tres juicios, con peticiones de cárcel importantes. Uno será seguramente en 2016, el de las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de la capital, por el que se enfrenta a 17 años de cárcel, y faltan por resolverse la operación Jable y la pieza sobre su patrimonio.

Se trata, efectivamente, de Dimas Martín, que se sentará de nuevo en el banquillo del Juzgado de lo penal número 1 los días 30 y 31 de marzo como único acusado por un delito contra la ordenación del territorio por ampliar su casa en suelo rústico de protección natural en Los Rostros en el municipio de Yaiza, dentro del Parque Natural de Los Volcanes.

Será la octava vez que el fundador del PIL se siente en el banquillo y tiene pendientes otras tres causas más

El ex presidente del PIL, ex senador, ex alcalde de Teguise, ex presidente del Cabildo de Lanzarote y ex parlamentario regional, se enfrenta en esta ocasión a la petición de dos años de cárcel, a una multa de 12.000 euros y a la inhabilitación para promover obras.

Es otra de las piezas separadas del caso Unión, en cuyo sumario se recogen algunas de las conversaciones entre Dimas Martín, varios cargos públicos y otras personas implicadas en su construcción.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Martín, entre marzo y mayo de 2009, llevó a cabo obras de transformación del suelo y de ampliación de la casa sin licencia de obras ni calificación territorial.

Las obras, que son ilegalizables, consistieron en “la construcción de una piscina de unos 30 metros cuadrados, ampliación de tres habitaciones para uso residencial de aproximadamente 90 metros a una edificación ya existente, haciendo una superficie total de unos 178,50 metros, terraza pavimentada de acceso de unos 25 metros y amurallamiento de parte de la finca”.

La Fiscalía sostiene que fue Dimas quien hizo las gestiones de ejecución, supervisión y contratación de las obras, aunque quien aparece como promotora es su esposa Elena “para eludir las responsabilidades que le pudieran generar por la actividad desarrollada en contra de las normas de ordenación del territorio”.

La Fiscalía considera que su esposa “jamás tuvo conocimiento de lo realmente ejecutado por su esposo y de las reales intenciones de utilizarla a ella como parapeto de ulteriores exigencias de responsabilidades por la ejecución de las obras descritas”.

Martín se enfrenta en esta ocasión a la petición de dos años de cárcel y la inhabilitación para promover obras

El Ayuntamiento de Yaiza, tras recibir una denuncia, abrió un expediente sancionador a las obras y Dimas intentó negociar con la alcaldesa Gladys Acuña, que entonces militaba en el mismo partido que él, que el expediente finalizara sin sanción alguna.

Durante la instrucción estuvieron imputados tanto la esposa de Dimas, como el jefe de la oficina técnica, Antonio Lorenzo, el alcalde de Tinajo Jesús Machín, por las gestiones que pudo hacer en favor de Martín, el ex concejal de urbanismo de Yaiza, Leonardo Rodríguez y la alcaldesa, Gladys Acuña. La causa se archivó finalmente para todos ellos menos para Dimas Martín.

Es la tercera fecha que se ha fijado para este juicio que se ha tenido que retrasar porque el abogado de Dimas, Manuel González Peeters, tiene otras vistas fijadas en otros partidos judiciales. Se fijó el 17 de diciembre, después el 20 de enero y ahora el mes de marzo.