Las pasadas elecciones de mayo también van a ser determinantes en el transcurso del caso Stratvs. La elección de la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña (UPY) como parlamentaria por Nueva Canarias, y su consiguiente aforamiento, hizo que el caso, cuya instrucción está terminada y que lo iba a juzgar la Audiencia provincial, pasara a ser competencia de la Sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La ponente será la magistrada Carla Bellini.

Ahora, tras la última decisión del TSJC, ocurrirán las dos cosas. El TSJC juzgará la parte del caso que tiene relación con la actuación de la alcaldesa y la Audiencia provincial el resto, donde se acumulan los delitos más graves. El auto del TSJC señala que la causa es perfectamente escindible del resto de las actuaciones ya que esa actividad delictiva de Acuña está encuadrada en un sólo expediente y en la fase final de la concesión de la licencia de actividad de la bodega

La juez instructora Silvia Muñoz y la Fiscalía habían solicitado que se mantuviera la unidad del procedimiento, exponiendo que existe una íntima conexión entre todos los hechos, pero el TSJC considera que esa petición no se adapta a la vigente jurisprudencia que aconseja la individualización de las actuaciones, "si ello fuera posible, evitando las macrocausas". La Fiscalía alegaba también una posible vulneración del derecho de defensa.

La parte que afecta a Gladys Acuña y la apertura del bodega la juzgará el TSJC y el resto la Audiencia provincial

Así, el TSJC juzgará a la alcaldesa de Yaiza por prevaricación urbanística, por conceder la licencia de actividad, y por prevaricación medioambiental por omisión, por no clausurar la bodega. También juzgará al ex alcalde José Francisco Reyes por dos delitos de prevaricación, así como a Vicente Bartolomé Fuentes, ex secretario municipoal y al trabajador de la Oficina técnica Andrés Morales, por los mismos delitos.

El concejal de urbanismo José Antonio Rodríguez se sentará en el banquillo del TSJC por un delito contra el medio ambiente y el promotor de la bodega, Juan Francisco Rosa, por tráfico de influencias. Este mismo delito se le imputa al ex concejal Leonardo Rodríguez, a quien también se le acusa de prevaricación urbanística, al igual que a los otros integrantes de la Junta de Gobierno que autorizaron la apertura: los ex concejales Evaristo García y Juan Lorenzo Tavío Santana.

Retraso por la división en dos juicios

El caso se volverá a retrasar ya que ahora todas las actuaciones vuelven al Juzgado número 5 de Arrecife para que divida la causa y envíe el testimonio de los hechos relacionados con estas nueve personas respecto de esos delitos al TSJC, y el resto a la Audiencia provincial que juzgará los delitos más graves cometidos en la tramitación de esa bodega.

Probablemente muchos imputados recurrirán esos testimonios, con el consiguiente retraso. Además, desde hace meses Muñoz tiene una gran carga de trabajo porque desde junio no cuenta con apoyo para la instrucción de las piezas que quedan de Unión y Jable y tiene que encargarse de los asuntos ordinarios del Juzgado. Dividir ahora la causa conllevará mucho más trabajo.

En la otra causa, la que juzgará la Audiencia provincial, repetirán algunos de los acusados en esta del TSJC, como Rosa, José Francisco Reyes, y José Antonio Rodríguez y además se sentarán en el banquillo los trabajadores del Cabildo, José Juan Hernández Duchemín, Manuel Isidro Spínola, los trabajadores municipales Blas Noda y Pablo Carrasco, así como el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, y los técnicos del Gobierno Juan César Muñoz, Faustino García Márquez y Armando Villavicencio.