El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, reiteró en el pleno extraordinario celebrado este sábado a instancia de varios grupos de la oposición los argumentos que ha sostenido sobre la incautación de la desaladora de Montaña Roja en septiembre del año pasado. El principal es que actuó “asesorado” y que el secretario de la Corporación insular, Francisco Perdomo, le indicó que “no hacía falta autorización judicial ni informes por escrito” para proceder a la incautación como medida cautelar.

San Ginés expuso en el pleno fragmentos de la declaración de Perdomo en calidad de imputado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife para justificar que “existió asesoramiento verbal” antes de la incautación.

También destacó que el “criterio” de que no era precisa autorización judicial para incautar la desaladora, la depuradora y las redes de abastecimiento de la urbanización lo “sostuvo también la Fiscalía” cuando pidió el archivo de la querella de la empresa Club Lanzarote, que reabrió la Audiencia Provincial.

El presidente admitió la existencia de una “enorme controversia jurídica” acerca de la incautación de la desaladora de Montaña Roja pero consideró que no se había producido “prevaricación”. Durante el pleno también dijo que no había adoptado “ninguna determinación política” tras reabrirse el caso por la vía penal porque “sencillamente” era “inocente”.

Sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obligó al Consejo Insular de Aguas a devolver la planta desaladora a Club Lanzarote, el presidente dijo que no creía que el secretario del Cabildo se hubiera “equivocado” y adelantó que se habían encargado informes a dos catedráticos que vendrían a avalar la medida adoptada.

“Evitar el desabastecimiento”

San Ginés recalcó que optó por la incautación de la desaladora y no por la clausura, como también le aconsejaban sus servicios jurídicos, porque “siempre” ha “primado”, dijo, “evitar el desabastecimiento de los 6.000 vecinos” y los complejos turísticos de la urbanización Montaña Roja.

También subrayó que ha sido Club Lanzarote el que adoptó medidas legales para evitar que el Consorcio del Agua, a través de Canal Gestión, ejecutara las obras de enganche de la urbanización a la red general de distribución de agua, y desveló que el próximo 4 de noviembre está previsto que el Juzgado decida.

“Medio millón de euros de pérdidas”

El presidente respondió a las acusaciones de que se había incautado la desaladora para “beneficiar” a Canal Gestión asegurando que “antes o después, con o sin incautación”, la urbanización terminará enganchada al mismo suministro de agua que el resto de vecinos de la Isla. También aseguró que, en un “balance provisional” de los 13 meses que se ha ocupado la desaladora, Canal Gestión ha acumulado “medio millón de euros de pérdidas”.

El origen de la incautación

San Ginés volvió a reiterar que recibió “hasta seis requerimientos” del Diputado del Común para que interviniese en la venta “de forma ilegal” y a “precios no aprobados” por el Gobierno  de agua en Montaña Roja, con advertencias de denunciarle en Fiscalía. “Parece que nos levantamos un día y que se nos ocurrió tomar esa medida” cuando desde más de un año antes de la incautación se exigió a Club Lanzarote que dejara de vender agua y hubo negociaciones con la empresa para buscar una solución, explicó San Ginés.

Denuncias “no por vendetta”

El presidente resaltó en el pleno que no ha denunciado “por vendetta” a Club Lanzarote de varios delitos, entre ellos contra el medio ambiente, que se ha admitido a trámite por el Juzgado, “por vertido de fangos altamente contaminantes”, sino porque era una conclusión del expediente sancionador a la citada empresa, que también finalizó con la reclamación de 1,7 millones por el beneficio obtenido por la venta de agua sin concesión. Sobre los que “atemorizan” con el pago de una “enorme indemnización” por haber incautado la desaladora, San Ginés dijo que si Club Lanzarote la solicita “tendrá que explicar” que la pide “por una actividad para la que no tenía autorización”.

La “irrelevante” contratación de Calatayud

Durante el pleno, los grupos de la oposición criticaron los pagos al letrado Ignacio Calatayud, que asesoraba al Consejo Insular de Aguas y a Canal Gestión en la época en la época en la que se efectuó la incautación de la desaladora y que el presidente dijo que estaban “contestados”. San Ginés dijo, sobre su declaración en el Juzgado, que “sabía que había sido asesor” también de Canal pero que “no podía precisar si en el momento” de la incautación lo era. Además, reiteró que era “irrelevante” el asesoramiento de Calatayud a las dos entidades por cuanto “no había otra empresa habilitada para entregarle la gestión” de la desaladora de Montaña Roja salvo Canal.

Más detalles

AMISTAD. “Tengo la mala costumbre de terminar entablando amistad con casi todos los profesionales con los que trabajo”, afirmó San Ginés, quien añadió que no ha negado “nunca” lo “obvio y evidente” acerca de que mantiene una “amistad sobrevenida” con Calatayud, que no va “a ocultar”.

OPINIÓN. San Ginés afirmó que aceptaba “deportivamente” las críticas de la oposición por las contrataciones a Calatayud “porque están en su derecho de minar la imagen de la presidencia”. Pero “la opinión que me vincula”, agregó, “es la del secretario” y añadió que “jamás” hubiese incautado la desaladora si no le hubiese respaldado.