¿Hay algo en la Isla que sea capaz de poner de acuerdo a empresarios como Honorio García Bravo, Juan Francisco Rosa, los dueños del Papagayo Arena, el arquitecto Ángel García Puertas, Domingo Rodríguez Cedrés, los hermanos Domínguez y Red Eléctrica Española, Transparencia Urbanística o la Fundación César Manrique? Pues sí. Quizá de acuerdo no están, o las motivaciones son diferentes, pero todos coinciden en que han anunciado un recurso en los tribunales contra el recién aprobado Plan General de Yaiza.

Ya hay al menos 25 recursos contenciosos anunciados y publicados en el Boletín Oficial de Canarias de asociaciones, empresas y vecinos que no están de acuerdo en las determinaciones del Plan. Los recursos aún no están presentados, pero todos hicieron antes alegaciones que fueron rechazadas y que se usarán como argumentos en los tribunales. De las 256 alegaciones presentadas, el diez por ciento se han materializado en recursos que pueden tumbar el Plan, parcialmente o totalmente, que se ha aprobado 41 años después del anterior.

Los motivos son bien distintos. Transparencia Urbanística y la Fundación Cesar Manrique hablan de intereses generales y legalidad urbanística. La FCM consiguió sentencias que anulaban las licencias a varias docenas de hoteles y ven cómo el Plan inicia el camino de la legalización. En sus alegaciones, la FCM hablaba de “insumisión territorial”, decía que los hoteles con licencias anuladas debieran ser declarados fuera de ordenación, alegaba sobre las alturas permitidas, de la ocupación de zonas verdes, que no se soluciona, o del cambio de clasificación de Marina Rubicón, y destacaba la “ausencia de mecanismos de compensación de los establecimientos con licencias anuladas”.

Transparencia Urbanística se va a centrar en su recurso en la inclusión de suelos que no debían ser considerados urbanos, como la parcela de Costa Roja, el plan parcial Playa Blanca o la parcela de Carlos Morales en Puerto Calero.

Hay motivos de todo tipo, desde la inclusión de suelos que no deberían ser urbanos a suelos que sí deberían serlo

La mayoría de los recursos no sigue esta línea y opta por cuestiones relacionadas con su propiedad. Salmepa, una sociedad de Juan Francisco Rosa, pedía más edificabilidad a unas parcelas en Costa Papagayo y la ampliación del suelo urbano a toda su parcela del Hotel Finca Las Salinas. Construcciones Mardo cree que se merman sus derechos urbanísticos en el plan parcial Playa Blanca y dicen que hay errores en los límites y superficie de su parcela del Hotel Iberostar Papagayo.

Xinxol pide que se clasifique y categorice el suelo del sector San Marcial del Rubicón como suelo urbano consolidado. Esta es una alegación muy común, realizada por otros vecinos de Puerto Calero y por empresas: unos piden que se les clasifique su suelo como urbano, como Palmera Canaria que dice que si no fuera así y se le expropiara, se incluya en el estudio económico financiero; otros piden que su suelo sea urbanizable e incluso otros , como Wigberto Ramos, que también ha recurrido el Plan, solicitan que su parcela en Cortijo de la Punta se declare suelo rústico de protección territorial.

Por su parte, Lanzarote Palace pide que se respeten las consideraciones sobre la Casa del Embajador como edificio comercial y hotel rural y que se excluya la incorporación de un espacio libre ajardinado en la parcela, y avanzaba en las alegaciones que iba a solicitar la nulidad del Plan General por caducidad, por extralimitarse en su contenido, por la ausencia de un estudio económico financiero que contemple las indemnizaciones en suelo urbano consolidado y porque no existe informe del Interventor municipal.

Hay recursos al Plan que denuncian que no recoge indemnizaciones ni las instalaciones eléctricas

El ex alcalde Honorio García Bravo también expuso que el Plan no establece, regula o predetermina con un grado de desarrollo mínimo nada en relación a infraestructuras hidráulicas públicas o privadas, red de aguas pluviales, residuales, alcantarillado, infraestructuras de telecomunicaciones, eléctricas, portuarias, para energías renovables, viarias, áreas de residuos y puntos limpios en los pueblos, área deportiva, hipódromo y vivero de Yaiza, parque móvil, depósito de vehículos, centro de salud, hospital del sur, tanatorio, instalaciones de policía local, protección civil, parque de bomberos y otra serie de dotaciones, así como canalizaciones de barrancos, la creación de una Vía Medular, áreas donde albergar los puntos de producción de energía limpia o alternativa o la propuesta de ampliación del actual Puerto de Playa Blanca.

“El planeamiento da prioridad a solventar casi en exclusiva los problemas de los establecimientos hoteleros con licencias anuladas y se olvida de su principal cometido, como son los equipamientos estructurantes”, señalaba en sus alegaciones.

Juan Luis Lorenzo Vázquez, propietario de una parcela en Castillo del Águila se oponía al convenio urbanístico para esta parcela, al no modificar el parcelario original suprimiendo viales y zonas verdes y consideraba que no quedaba justificado el interés público. También se recurre porque no se incluyen determinaciones para incluir las villas turísticas, cuya regularización no se facilita.

La sociedad Hipercan, de Araceli González Berriel, alegaba que tiene un inmueble con licencia desde 1972 y que “en el documento del Plan General no se hace referencia a dicho inmueble” y sin embargo se incluye su terreno en suelo rústico de protección natural, cuando pretende construir un equipamiento sociosanitario y asistencial.

García Bravo alegó que "da prioridad a solventar casi en exclusiva los problemas de los establecimientos hoteleros con licencias anuladas"

El Hotel Papagayo Arena pide que se anule la clasificación de los espacios previstos como áreas ajardinadas y que se apruebe una alternativa sobre la servidumbre de paso de acceso al mar mientras que Prosolmar, propietaria del plan parcial Costa Playa Quemada, que ganó un pleito que consideraba ese suelo como urbanizable, pide que se aplique íntegramente esa sentencia.

El Centro veterinario de Lanzarote solicitaba que se legalice una actividad agrícola-ganadera que se desarrolla en su finca desde el año 1997, y el Estudio Lanzarote, de Ángel García Puertas, está en contra del convenio firmado en el acceso a Playa Blanca porque los firmantes no tienen el cien por cien de los terrenos, ya que su empresa es propietaria de casi un ocho por ciento.

Por su parte, la empresa pública Red Eléctrica Española ha recurrido el planeamiento porque no recoge todas las instalaciones, no sólo las existentes sino también las previstas, aunque no tengan autorización ni trazado definitivo, así como las reservas de suelo para poder hacer efectiva la planificación eléctrica hasta el año 2016. También pedían que se eliminara un artículo de las normas de ordenación pormenorizada que obliga a que los actuales tendidos eléctricos deban ser subterráneos.