La abogada Margarita Alejo, que en la actualidad era la abogada del promotor de Stratvs, Juan Francisco Rosa, en el procedimiento judicial que se sigue por la construcción de la bodega en el Juzgado número 5, ha renunciado a la defensa.

En un escrito notificado este lunes a las partes pero fechado el pasado jueves en Las Palmas de Gran Canaria, la abogada señala que “renuncia a seguir ostentando la defensa técnica” de Rosa y de la empresa BTL, también imputada en el caso.

Las razones, argumenta la letrada, son “las insalvables discrepancias surgidas entre ambas partes”. La semana pasada se conoció el escrito de acusación de la Fiscalía en el caso Stratvs, en el que se solicitan hasta 15 años de prisión para Rosa por la presunta comisión de varios delitos.

En su renuncia, la abogada pide al Juzgado que “se proceda a la suspensión de todos los plazos procesales otorgados” a Rosa y a la empresa que explota Stratvs hasta que se designe nuevo letrado “a los efectos de que no se les produzca indefensión alguna”.

Hasta hace unos meses, el abogado de Rosa en el caso era Felipe Fernández Camero, que lo representó por ejemplo en la vista que perdió en la Audiencia Provincial sobre el cierre cautelar de la bodega decretado en diciembre de 2013.

Petición de la Fiscalía

La Fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado una condena para Juan Francisco Rosa, promotor de la bodega Stratvs, que suma 15 años de prisión, así como el derribo de las instalaciones construidas de forma ilegal.

En su escrito de acusación, el fiscal Ignacio Stampa considera a Rosa responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular, de otro de usurpación de bienes, de un delito contra la ordenación del territorio con afectación grave a un espacio natural protegido.

También le considera responsable de un delito contra el patrimonio histórico y de un delito contra el medio ambiente por excavación ilegal en un espacio protegido.

Recusación de Lis

La representación de Rosa por parte de la abogada Margarita Alejo también ha tenido efectos en su marido, el juez Rafael Lis, que fue apartado por la Audiencia Provincial del caso de robo de autos en el sumario de Unión, denunciado por el primer instructor, el juez César Romero Pamparacuatro.

Lis fue obligado a apartarse del procedimiento por tener “interés directo o indirecto en la causa” y porque existe una “duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones” en este magistrado. El hasta ahora cliente de su pareja también está imputado en el caso Unión.