La Fiscalía revela en su querella, cuyos fundamentos figuran en el auto de admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción número cinco de Las Palmas, que una empresa de Miguel Ángel Ramírez recibió un total de 9,1 millones de euros de las empresas de la última trama de venta de mascarillas compradas por el Gobierno de Canarias, por unas “gestiones que luego encomendó” a otra empresa, del exdiputado Lucas Bravo de Laguna.

El origen del caso parte de una inspección de la Agencia Tributaria, que puso el foco en la venta de material sanitario al Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia. La empresa Damco facturó en 2020 al ente del Gobierno de Canarias casi 15,9 millones de euros y en 2021 otros 2,8 millones de euros. Por su parte, la empresa Tanoja Services, con el mismo administrador, Noel Jammal Fernández, facturó 4,2 millones de euros por el mismo suministro de material sanitario.

Estas empresas eran las que proponían al SCS el suministro de materiales, luego se formalizaba el pedido y después se pedía el material al proveedor internacional, “cerrando el precio de compra, flete, seguro, costes de aduanas e intervención de calidad”. El material encargado se enviaba al polígono industrial del Goro, en Telde (Gran Canaria).

Las empresas de la trama facturaron al Servicio Canario de Salud (SCS) del Gobierno de Canarias unos 22,9 millones de euros en apenas dos años

En la trama investigada aparece una empresa de Miguel Ángel Ramírez, Tabaiba Capital, dedicada a la actividad inmobiliaria, que no había tenido trabajadores de alta, salvo una empleada que se contrató en noviembre de 2020. Ramírez firmó un contrato de servicios profesionales con su compañía con una remuneración fija de 3.000 euros. En abril de 2020, la empresa de Miguel Ángel Ramírez firmó un contrato con las compañías de Jammal Fernández para localizar “posibles potenciales clientes”, percibiendo “el cien por cien del sobreprecio” que Tabaiba “obtuviera de los eventuales compradores en cada caso concreto”.

Aquel contrato firmado incluía “recepcionar las mercancías, evaluar la calidad y cantidad de las mismas”, además de la “entrega de productos”. Sin embargo, para tal fin, la empresa de Miguel Ángel Ramírez subcontrató a B&M, una empresa de Lucas Bravo de Laguna, que se quedaría con el 33 por ciento del importe que recibía la compañía del presidente de la UD Las Palmas. Bravo de Laguna tiene un sueldo de 9.000 euros mensuales como director comercial del equipo de fútbol que preside Miguel Ángel Ramírez.

Dotación ilegal a la RIC

Con esos ingresos tan abultados, ¿qué hizo la empresa de Miguel Ángel Ramírez? Los beneficios los dotó para la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), pese a que según la Agencia Tributaria esos ingresos “no se consideran procedentes de una actividad económica y no serían aptos” para la RIC. La querella de Fiscalía insiste en que la sociedad de Ramírez no destinó “medios propios de producción o recursos humanos a las tareas encomendadas” en el contrato con las empresas de las mascarillas.

La empresa de Miguel Ángel Ramírez firmó un contrato para localizar “posibles potenciales clientes”, percibiendo “el cien por cien del sobreprecio” que “obtuviera”

De esta manera, Fiscalía subraya que “la cuota defraudada” por la empresa de Miguel Ángel Ramírez asciende a 713.733 euros. Y, como la empresa carecía de “medios materiales y personales propios”, los fondos recibidos tenían “únicamente como finalidad beneficiar” a Ramírez, “para lucrarse del suministro de material”. Por ello, la Agencia Tributaria considera que son realmente una “ganancia patrimonial” del empresario y por tanto, sujeta al IRPF. De tal manera, la cuota defraudada por Miguel Ángel Ramírez a título personal sería de 1.454.995 euros en 2020 y de 1.541.915 euros en 2021.

A su vez, Lucas Bravo de Laguna utilizó para facturar a la empresa de Ramírez una sociedad unipersonal, a su vez formada íntegramente por otra mercantil suya, Jedesky SL, cuya actividad es la de alojamientos turísticos extrahoteleros, con domicilio social en la casa del exdiputado, sin trabajadores desde 2018 y cuyos únicos activos son un portátil, un Ipad y la vivienda del propio Bravo de Laguna. Los gastos declarados por la empresa, de “viajes, restaurantes y vehículos”, la Fiscalía los considera “personales y privados, no de actividad empresarial”.

Del mismo modo, Bravo de Laguna pagó, según refleja el auto de admisión a trámite de la querella, a otro investigado, Christian Cerpa Espino, unos 311.000 euros en 2020. Por el seguimiento de los envíos de material sanitario también habría cobrado directamente de la empresa de Noel Jammal Fernández, “por las mismas mercancías”. La Fiscalía apunta que Bravo de Laguna debió pagar en IRPF en el año 2020 unos 272.507 euros que no declaró y en 2021 otros 249.324 euros. En el caso de Cerpa Espino, las cantidades presuntamente defraudadas ascendieron a 138.750 euros en 2020 y a 187.258 euros en 2021. A partir de 120.000 euros defraudados en un ejercicio se considera delito.

Delitos a investigar

El Juzgado señala en la admisión a trámite que los hechos denunciados inicialmente pueden ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, “sin perjuicio de que en el desarrollo de la instrucción pueda apreciarse serios indicios de otros delitos de blanqueo de capitales, delito de corrupción y delito de malversación”, tal y como se expone en la querella de Fiscalía.