El alcalde de Arrecife, Manuel Fajardo, envió el pasado viernes a los Juzgados de Arrecife un escrito comunicando que la empresa Iveco se negó el pasado 5 de septiembre a dejar entrar a los agentes de la Policía Local para que precintaran la actividad, como había dictado el propio Ayuntamiento el pasado 1 de septiembre.

En ese escrito del alcalde se señala que se ha recibido un informe de la Policía Local en el que se relata que, en ausencia del propietario de la empresa, se informó a una trabajadora de la orden de precinto dictada por el teniente alcalde, José Montelongo, de siete de los ocho módulos que tiene en la calle Palacio Valdés.

Según el Ayuntamiento, la trabajadora dijo que, siguiendo instrucciones del dueño, en su ausencia no puede permitir el acceso a la propiedad. En el escrito se dice que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de desobediencia la autoridad.

El Ayuntamiento abrió a Iveco un expediente sancionador muy grave por el que debe pagar 15.000 euros por desarrollar la actividad de taller sin sujetarse al proyecto autorizado, especialmente en lo relativo a la seguridad y el deterioro al medio ambiente.

Según la versión del Ayuntamiento, usa como módulos de reparaciones de taller unos módulos que no estarían autorizados para esa actividad, además del exterior de dichos módulos donde, según el Consistorio se acumulan vehículos abandonados y chatarra.

El 28 de junio, el pleno acordó la sanción de 15.000 euros y la suspensión temporal de la actividad durante un mes. Dos meses después, el 1 de septiembre, es cuando Montelongo requiere a la Policía para que precinte el taller.

La Policía acude el día 5, y cuatro días después el subcomisario de la Policía traslada esa acta al alcalde. Por otra parte, según fuentes municipales, ya se ha dictado otra orden de precinto, que estaba previsto que se hiciera efectiva durante estos días, y también se ha abierto un nuevo expediente sancionador a la misma empresa, en esta ocasión por 30.000 euros.

Hay que recordar que la Fiscalía ha pedido al Juzgado que impute a Montelongo y a tres técnicos municipales por la “emisión de informes favorables a la concesión de dos licencias de actividad clasificada” y, en el caso del edil, por haber firmado “decretos autorizando dichas actividades”, que con anterioridad habían contado con informes desfavorables.