La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha citado a declarar, en calidad de testigos, a nueve funcionarios del Ayuntamiento de Tegusie en relación con la denuncia sobre la concesión de licencias entre 1998 y 2000 a hoteles, anuladas posteriormente por la Justicia.

Esta citación se produce ocho años después de que el consejero del PSOE Carlos Espino denunciara los hechos, tanto en Teguise como en Yaiza. La investigación sobre este último municipio avanzó, con una investigación policial, y la Fiscalía pide hasta 25 años de cárcel para el ex alcalde José Francisco Reyes y penas de prisión para otros 11. Sin embargo, la denuncia sobre Teguise no avanzó.

La investigación policial con la que comenzó el procedimiento no detectó un aumento del patrimonio del ex alcalde, que estuvo al frente del Ayuntamiento durante casi veinte años, primero en el PIL y después en CC. El pasado mes de abril, Hernández declaró como imputado en el TSJC, ya que es aforado al ser parlamentario regional desde 2011.

Este es uno de los motivos del retraso. El caso lo empezó instruyendo el Juzgado de Instrucción número 2 y tuvo que inhibirse en favor de TSJC cunado Hernández accedió a su actual cargo.

El ex alcalde ya fue condenado en noviembre de 2012 por la misma Sala del TSJC a pagar una multa de 1.500 euros e inhabilitación para el cargo de alcalde o concejal durante dos años por conceder dos licencias para viviendas en Muñique y Tahíche en contra de los informes municipales, pero la condena no le impidió seguir siendo parlamentario.

Declaraciones en octubre

El próximo 15 de octubre tendrán que declarar en el TSJC en Las Palmas de Gran Canaria, los funcionarios José Francisco Betancort, Antonio Quintana, Macarena Alonso, Reyes Ventura y Esther Riudavets. El día 16 lo harán los arquitectos técnicos Benito José Pérez y María Fernanda Robayna, así como el ingeniero técnico Juan Miguel Betancort y la letrada Ana Pérez Vega.

En este caso, Hernández está acusado de prevaricación por la concesión de siete licencias irregulares que sumarían cerca de 3.700 plazas. En la investigación se considera que se omitieron en algunos casos el informe jurídico municipal, los informes preceptivos del Cabildo, que se incumplieron los informes técnicos o saltándose la suspensión de licencias que había decretado el Cabildo por la tramitación de la Moratoria, entre otros incumplimientos.

Los tribunales acabaron anulando esas licencias, que fueron recurridas por el Cabildo y la Fundación César Manrique. De las siete licencias, sólo tres de los complejos están en funcionamiento. En los otros cuatro casos, las obras fueron paralizadas por la Justicia o no llegaron ni siquiera a iniciarse.

Responsables, los trabajadores

En su declaración del pasado 30 de abril, Hernández, dijo que “se limitaba a firmar” las licencias urbanísticas “que le ponían encima de la mesa” y señaló a los trabajadores municipales como responsables de los expedientes de las licencias ilegales. Explicó que cuando un promotor presentaba un proyecto en el Ayuntamiento “pasaba a la oficina técnica para su estudio” y, “si era conforme a la normativa y tenía el visto bueno del técnico, el personal auxiliar administrativo redactaba el decreto-licencia urbanístico”.

“Este decreto”, dijo, “era el documento único que pasaba al alcalde para que lo firmase”, pero que no se analizaba ni en comisión de gobierno ni de urbanismo. Hernández, que fue alcalde entre 1991 y 2007, afirmó que “estaba seguro de que los decretos-licencia que le pasaban habían pasado los trámites correspondientes”. Durante la declaración, el fiscal le preguntó cómo era posible que en cuatro licencias otorgadas en 1999 para proyectos hoteleros, luego anuladas por la Justicia, “ninguna” contaba con informe técnico ni jurídico.

Hernández respondió que “los expedientes nunca pasaban para la firma” y que sólo le entregaban el decreto de cada licencia, por lo que, cuando le llegaba, “entendía que estaba con los trámites correctos”. Añadió que “no comprobó la existencia del preceptivo dictamen, técnico o jurídico” y que “en aquel tiempo no era normal que se hiciera”.

Más detalles

EXPEDIENTE. El ex alcalde insistió en que “en un expediente en que se tramitaba la licencia de un hotel no se preocupaba de revisar el expediente” y aseguró que no recordaba “haber tenido ningún contacto” con los promotores de los hoteles ilegales. El magistrado cuestionó a Hernández por si creía que le habían “engañado” los técnicos o funcionarios municipales al pasarle a la firma documentos sin los preceptivos informes. Aunque dijo que “en ningún momento lo pensó”, el ex alcalde dejó claro que su participación en la concesión de las licencias se reducía a firmarlas.

DECLARACIÓN. Así, en su declaración Hernández citó al “aparejador Antonio Quintana, Josué, cuyo apellido no recuerda, Nandi, cuyo apellido tampoco menciona, Yalena, y a un arquitecto cuyo nombre no recuerda” como “las personas por las que iban pasando los sucesivos trámites”. Con respecto a los servicios jurídicos que informaban sobre las licencias, Hernández declaró que “había una chica que compartía todos los temas jurídicos del Ayuntamiento con los asuntos urbanísticos, se llamaba Ana Pérez Vega, y era letrada”.