En el Ayuntamiento de Arrecife ya se han registrado las dos primeras reclamaciones por daños y perjuicios de propietarios de edificios históricos que se consideran afectados por el Catálogo arquitectónico municipal y que sostienen que han sufrido daños y perjuicios por no haber podido derribar esos edificios o intervenir en las parcelas. Los propietarios piden cerca de dos millones de euros.

Se trata de dos sociedades: Inmobiliaria Chimida, propietaria de las casas altas en los números 33 (ya derribado) y 37 de la calle León y Castillo, unas edificaciones del Siglo XIX construidas por la familia Aldana y la sociedad Edigara, propietaria del número 4 de la calle José Antonio. La primera solicita más de 1,6 millones y la segunda 122.000 euros.

La historia se remonta a 2005 y 2006. Algunos edificios históricos consiguieron licencia de derribo, que se hizo efectiva, pero otros, con la misma licencia, no pudieron tirar las casas, con el objetivo de construir edificios de mayor altura, porque se suspendieron esas licencias al comenzar a tramitarse el Catálogo arquitectónico, que  incluye los inmuebles a proteger por su valor histórico.

Varios propietarios emprenden acciones legales contra el Consistorio

El catálogo se aprobó finalmente en el año 2008 pero los propietarios lo recurrieron y lograron que el Tribunal Supremo lo anulara el año pasado. Desde entonces han intentado hacer valer esas licencias de demolición aunque el Ayuntamiento no las ha otorgado alegando que los edificios se han incluido también en el nuevo Catálogo que se aprobará junto al nuevo Plan General.

Otros tres dueños de casas habían vuelto a pedir la licencia de derribo: una casa del Siglo XVIII en la Plazuela, la Librería Lasso en la calle Fajardo y una casa de la calle Luis Morote. Es muy probable que estos propietarios también soliciten daños y perjuicios.

Los antecedentes

En el caso de los números 33 y 37 de León y Castillo, se llegó a derribar el 33 y aún no se ha construido nada. En el Plan General iniciado por Isabel Déniz se incluyó una operación urbanística llamada calle Hierro que para ser desarrollada era necesario derribar otros dos edificios antiguos.

El Ayuntamiento decretó en 2006 la ruina inminente y el desalojo de uno de esos edificios, el antiguo Hotel Oriental, que aún sigue en pie sin ningún riesgo de que se caiga. El derribo del 33 estuvo en los Juzgados, con la Junta de gobierno imputada por prevaricación y un delito contra el patrimonio histórico, pero el caso se archivó. El servicio de Patrimonio del Cabildo consideraba que el derribo era ilegal.