La Fiscalía ha decidido pedir el archivo de las actuaciones contra 17 de los imputados en Unión. Diez de ellos fueron detenidos (consulte aquí el documento de la Fiscalía solicitando la detención) y los otros siete, llamados a declarar. Seis de ellos fueron detenidos en la primera fase, en mayo de 2009 (uno de ellos con una bolsa con 95.000 euros), por las investigaciones de la UCO basadas sobre todo en las conversaciones pinchadas. Otros tres más, empresarios, lo fueron un año después, junto a otros tres, llamados a declarar por la confesión de Matías Curbelo de que pagaban al PIL o que obtuvieron contratos con el Ayuntamiento. Otros tres, los arquitectos, estuvieron implicados por el supuesto amaño del Plan General, que no se llegó a ejecutar. Y hay dos más por otras causas. El fiscal no ve que haya pruebas suficientes, aunque se les investigó por los siguientes hechos:

Segundo Rodríguez y Jorge Álvarez. El ex vicepresidente del Cabildo estuvo dos meses en prisión provisional. Se le acusaba de mediar junto con Matías Curbelo para lograr la concesión del servicio de basura en Yaiza para Clusa, de Álvarez. Poco antes de viajar a Cuba con Matías Curbelo, Álvarez viajó hasta Guacimeta y entregó a Curbelo un sobre. En sus declaraciones admitieron que había dinero: uno dijo que era “una donación”, otro que era el cobro de una deuda y otro que era para viajar a Cuba. Rodríguez tiene una empresa en Panamá, “Gestión y Servicio Caribe”, y viajó a este país con Luis Lleó, supuestamente para gestionar una empresa de máquinas tragaperras. También medió para la compra por parte del Cabildo del Cortijo de Manguia.

Dayrán Muñoz. De las Juventudes del PIL. Hablaba con Ubaldo Becerra y con Dimas. Se supone que buscaba empresarios dispuestos a pagar comisiones. A Becerra le dice en una conversación que “son 400.000 euros, jodío” y a Dimas que a un empresario ya consiguió sacarle dinero para el partido “y ya lo gestiona usted”.

Fermín Curbelo. Un constructor que trabajó mucho con Luis Lléo en distintas promociones. En este caso hablaba con Ubaldo Becerra para intentar que le incluyeran en el Plan General unos terrenos de su propiedad como suelo urbano consolidado y solicitaba una compensación con terrenos en Maneje. No se llegó a hacer ninguna de esas operaciones.

Joel Delgado. No fue detenido. Al concejal del PP se le imputó por las conversaciones que tenía con Ubaldo Becerra por teléfono por las gestiones para intentar que su madre acabara contratada en el Ayuntamiento en un proyecto con fondos europeos como traductora de inglés. No se hizo el contrato.

María José García Acosta. Intentó cobrar facturas que el Ayuntamiento de Arrecife le debía a su empresa, que había heredado de Agustín Acosta. Se reunió para ello con Dimas. No hay ningún indicio de que pagara comisiones ilegales al PIL.

Carlos Morales, José María Pérez y Víctor Sánchez. No fueron detenidos. A los tres arquitectos se les iba a encargar la redacción del Plan General de Arrecife por parte de Dimas Martín aunque se iba a buscar a otras personas para que lo firmaran. No se hizo el encargo. Sí se hizo una reunión en la Bodega Santiago, grabada por la UCO el 21 de enero de 2009, en la que se habló de ello. A Morales también se le archivó su imputación por la construcción de su casa de mil metros en un terreno rústico de más de 5.000, que compró por 50 euros el metro cuadrado en Puerto Calero.

Juan Jeśus Acuña, Ginés Parrilla y Manuel Arbelo. Tampoco fueron detenidos. Fueron implicados por la confesión de Matías Curbelo, que los nombró como empresarios que habían pagado al PIL. Acuña, con sobres mensuales de 2.500 euros entregados a Curbelo, Parrilla con 18.000 euros en campaña y Arbelo con 6.000. No ha quedado acreditado el pago ni la contraprestación.

José Luis Betancort. De Construcciones Torres. Se llevó casi todas las obras del Plan E. Tantas, que declaró que renunció voluntariamente a una obra “para hacer un favor” a otra empresa. Admitió que le mandaron una lista de personas a las que contratar pero que eso “es normal”.

Demetrio Rodriguez. De Lanzagrava. Curbelo dijo que había dado al PIL 9.000 euros. En 8 años facturó al Ayuntamiento de Arrecife más de 13 millones de euros. Otro imputado, Carlos Curbelo, declaró que había ido a su casa a recoger un sobre. En el registro de la casa de Matías Curbelo se encontró un pagaré de Lanzagrava de 18.000 euros.

Pedro Rodríguez. De Naos Iluminación. Se le investigó si había girado a Urbaser un cheque de 6.480 euros que había sido destinado a pagar parte de un Chevrolet Captiva que adquirió el jefe de la Oficina técnica de Arrecife, Rafael Arrocha. También fue nombrado por Matías, como donante de unos 500 euros mensuales al PIL.

Celso Betancort. Al ex presidente del PIL se le imputaba la falsificación de las cuentas del partido. Queda por ver si seguirá imputado por la trama de Urbaser.

Alfredo Santiago Rodriguez. Lo detuvieron con la comisión de 95.000 euros que se pagó en La Tavernetta. Ha fallecido.

Los anteriores. En Unión ya se han archivado varias piezas: la trama de las gasolineras que implicaba a Honorio García Bravo y al secretario del Cabildo, la trama del edificio de Naos en la que también estaba García Bravo, Lleó y otros empresarios como Eugenio Romero, la investigación sobre la filtración de la detención de Déniz y Jacinto Álvarez, donde se investigó a un coronel de la Guardia Civil y se cerró, o la trama de la casa de Carlos Morales, en la que queda imputado el ex alcalde de Yaiza, así como la casa de Dimas en Los Rostros en la que queda imputado él sólo.

Las piezas que quedan

La pieza 12. Es en la que se ha pedido el archivo para estos 17. Quedan imputados 22, relacionados con comisiones ilegales o la financiación del PIL: Dimas Martín, Carlos Sáenz, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Yoana Cabrera, Loyola del Mar Hernández, Luisa Blanco, Elena Martín, Rafael Arrocha, María José Docal, Matías Curbelo, Antonio Gómez, Jesús Manuel Martín Brito, Daniel Cañada, Manuel Reina Fabre, Francisco Armas, Eduardo Ferrer, Antonio Cárdenas, Samuel Lemes, Juan Francisco Rosa y el ex director de la cárcel, Joaquín Herrera.

La pieza inicial. La del soborno de Lleó a Espino por Costa Roja. Se juzgará con jurado a Lleó y Fernando Becerra, acusados con seis años y seis meses de prisión, respectivamente.

La de Batllori. Será la primera que se juzgue, en octubre, por las facturas cobradas por el ex consejero del Gobierno canario, Rodríguez Batllori a Inalsa y a Arrecife. También están acusados Dimas Martín, José Miguel Rodríguez, que devolvió el dinero, Plácida Guerra, Luisa Blanco y Rafael Elorrieta.

Proselan. Trama de facturas falsas por trabajos de electricidad en fiestas de barrios en Arrecife. Ya está hecha la calificación de Fiscalía.

La del patrimonio de Dimas. Para dilucidar si el líder del PIL ocultó su patrimonio para evitar el embargo por sus deudas con la Justicia. Con una decena de imputados.

Urbaser. Una de las principales, que implica a la ex alcaldesa Isabel Déniz, al ex secretario y a cinco directivos de Urbaser, entre otros. Se cuenta con la confesión del anterior gerente de la empresa, Jacinto Álvarez.

Pabellón de Argana. Se investiga el supuesto amaño y comisiones por esta obra a la empresa FCC.

Otras. Los Rostros, el Teatro de Arrecife, la denuncia de los Centros Turísticos que se sigue ya en otro Juzgado y otra denuncia