El director insular del Territorio del Cabildo, Miguel Ángel Santana, subraya en un informe sobre los convenios urbanísticos recogidos en el Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza que el acuerdo entre los promotores del plan parcial Playa Blanca, declarado ilegal a raíz de un recurso del Cabildo, y el Ayuntamiento sureño “aporta mayor seguridad jurídica al futuro desarrollo de este suelo”.

Fue el propio Cabildo el que impugnó hace una década el desarrollo de esa urbanización, consiguiendo que los tribunales lo declarasen “anulado” y “extinto” por aplicación de la ley canaria de medidas urgentes. Se llegaron a construir unas 400 villas y numerosos compradores han conseguido sentencias a su favor que obligan a las empresas promotoras a devolver el dinero desembolsado.

En su informe, Santana destaca que “es evidente” que la urbanización se ha ejecutado “en una parte importante” y que “tiene una población residente que, sin ser parte” en los procedimientos sobre la legalidad de las villas, “en muchos casos, como terceros” compradores “de buena fe”, se encuentran “en una situación de inseguridad jurídica”. El director insular del Territorio también ensalza que “se ha previsto un importante equipamiento público” que contribuirá “a cualificar y reforzar el destino turístico”.

Resalta la situación de los compradores de villas “de buena fe” a pesar de que los tribunales están obligando a los promotores a devolver el dinero

“Una vez aprobado definitivamente el Plan General, publicada la normativa y otorgadas las licencias que sustituyan [a] las anuladas, las partes en conflicto desistirán de sus respectivos procedimientos, administrativos y judiciales en el estado en que se encuentren, comprometiéndose los particulares a no efectuar reclamación por concepto alguno”, explica Santana en su dictamen. De momento, se ha aprobado de forma definitiva el Plan General por la Cotmac.

En el nuevo plan parcial Playa Blanca se incorpora un hotel, que no estaba contemplado en el extinguido. La Fundación César Manrique rechazaba en sus alegaciones la ordenación que se le daba a la urbanización. El Cabildo entiende que el convenio urbanístico incumbe al Ayuntamiento y a los promotores y que no afecta a “intereses supramunicipales”.