El Consorcio del Agua de Lanzarote tendrá que pagar más de tres millones de euros por no haber subido las tarifas del agua durante los años 2017, 2018 y 2019. Los intereses de demora van a hacer subir esa cantidad, que crecerá aún más porque tampoco se ha producido la subida de 2020, 2021 y 2022. El aumento pactado por contrato entre el Consorcio y Canal Gestión es del IPC más el uno por ciento. En los años anteriores, el IPC rondaba el uno por ciento, en 2020 fue negativo, pero en 2021 fue de más del seis por ciento y cuando acabe 2022 superará esa cifra. Cuando se actualicen las tarifas, los usuarios se van a encontrar con que sus facturas aumentan en torno al 20 por ciento.

El Consorcio, por su parte, se puede encontrar, de nuevo, con una deuda que rondará los 10 millones de euros, una deuda y una cantidad que recuerda a otros tiempos, cuando a Inalsa le surgían deudas repentinas como la del laudo de Janubio. El grupo de gobierno del Cabildo tendrá que decidir cómo y cuándo se paga esa deuda: si lo hace el propio Consorcio con fondos propios o con los beneficios de Inalsa por los parques eólicos, que es lo más probable, o si se aplica la subida a los usuarios con carácter retroactivo.

En cualquier caso, ni el Consorcio ni los usuarios se van a librar de una subida que es inevitable. Eso respecto al cómo. Especulando sobre el cuándo, es poco probable que la subida se produzca en año electoral. De hecho, a esta situación se ha llegado, en parte, por ese motivo. En abril de 2017, un mes antes de las elecciones, el entonces consejero delegado del Consorcio del Agua, Echedey Eugenio, retiró “por razones de oportunidad” de forma unilateral la propuesta de subida que había enviado unos meses antes a la Comisión de precios de Canarias. Aludió a una supuesta controversia respecto a la interpretación del contrato, que la Justicia se ha encargado de dejar claro que no existía. Nada mejor para posponer un problema que judicializarlo.

Y así hemos llegado hasta hoy. La actual presidenta, Dolores Corujo, dio una rueda de prensa para desvelar lo que había hecho Eugenio y el pleito que había puesto Canal Gestión. Dijo que se trataba de “un asunto de gran magnitud y gravedad para los intereses económicos del Consorcio”. Tres años después, la situación sigue igual, lo que significa que ha empeorado. De todas formas, ojalá fuera ese el mayor problema que tiene el Consorcio del Agua. De todas las cuestiones que no está abordando a tiempo, esta tan solo es una más. Es una cuestión de dinero, aunque en el fondo, todos los problemas del agua en la Isla requieren esa solución: dinero. Lo que falta saber es cuánto se necesita y de dónde va a salir. En los últimos años, no se ha respondido bien a estas preguntas.

El premio se lo podría llevar Pedro San Ginés, tanto por su insistencia como por su escaso rigor. En 2012 vaticinó que Inalsa iba a dar “pingües beneficios” con una inversión de cuatro millones de euros. Después calificó como “una bendición” la llegada de Canal Gestión y sus 56 millones de inversión que iban a acabar con todos los problemas. Tampoco acertó.

Previsiones

Hace falta mucho más dinero. Después de todas esas inversiones de Canal, el nivel de pérdidas en red, el principal problema del ciclo integral del agua no ha mejorado. El actual consejero delegado del Consorcio, Andrés Stinga, reconoce que hace falta invertir al menos otros 60 millones, pero también se queda corto. De los 56 millones de inversión comprometidos por contrato, 20 fueron para renovar redes. Con ese dinero se renovaron 200 kilómetros. Quedan por renovar otros 1.300, así que solo en redes el gasto ya doblaría el que se ha anunciado ahora.

Uno de los pocos comunicados que ha emitido Canal Gestión en los últimos años decía: “La ecuación es fácil: cuanto más tiempo pasa sin renovarse las tuberías antiguas, más averías y fugas se registran, por mucho que se haya actuado únicamente en el 13 por ciento de la totalidad de la red”. En 2021 hubo 10.500 roturas o, dicho de otro modo, una cada 150 metros. La red es un colador. Solo se ha sustituido una parte de Arrecife, Mácher, Las Breñas, Famara, Puerto del Carmen y poco más.

En 2021 hubo 10.500 roturas o, dicho de otro modo, una cada 150 metros

En Inalsa se cometieron muchos errores, o muchas desatenciones. Una de ellas fue no actualizar las tarifas. Otra, no realizar inversiones para mejorar la red. A pesar de que el talón de Aquiles eran las redes, las inversiones se centraban en la producción de agua. Así que toda la red está obsoleta. Fuerteventura ha anunciado un Plan Insular de Cooperación en Actuaciones de Garantía al Abastecimiento Domiciliario de Agua de 160 millones de euros para el periodo 2020-2025. Lanzarote necesita algo similar: inversiones de 30 o 40 millones al año durante un lustro.

Cuando cambió la presidencia del Cabildo, en 2019, existía una duda razonable sobre las inversiones que se habían llevado a cabo: si se habían hecho o no, si eran las adecuadas... La connivencia entre el anterior presidente y el exgerente de Canal Gestión, su posterior detención y los problemas de corrupción de la matriz, Canal de Isabel II, no invitaban al optimismo. El descubrimiento de los millonarios pagos al abogado Calatayud, amigo del presidente, tampoco.

Revisión

Se anunció que se iban a revisar esas obras. La actual presidenta pretendía distanciarse de una empresa con la que se había identificado San Ginés y que, a su vez, se identificaba con la corrupción. Y todo eso a pesar de que ella misma no se había opuesto a la privatización. Tres años después, parece que las obras se han hecho, pero que no eran suficientes. El Cabildo discute algunos sobrecostes y poco más. Dice que existen “importantes defectos en su tramitación, así como posibles incumplimientos de la Ley de Contratos que han llevado a rechazos hasta su subsanación”.

Las sanciones que se han impuesto hasta ahora tampoco son relevantes. Se acaba de anunciar una nueva auditoría, pero hasta ahora no se ha encontrado un incumplimiento grave que abra la puerta a que la empresa se marche sin indemnización.

También se anunció la revisión del contrato. Hay una sentencia del TSJC de 2017, instada por Club Lanzarote, que es firme, sobre la revisión de oficio de ese contrato. Su ejecución, que nadie ha instado y que pasa primero por un informe del Consejo Consultivo de Canarias, puede hacer que se declare nulo, pero saldría muy caro.

El Consorcio anunció que pediría ese informe, pero ahora dice que no se ha hecho porque “el estado de la concesión se encuentra actualmente en estudio”. Según la interpretación de Canal Gestión, que se refleja en la memoria de sus cuentas anuales, la nulidad equivaldría a volver al estado previo a la adjudicación y por tanto a “recuperar los capitales invertidos en la ejecución del contrato”.

Canal de Isabel II mantiene una cuenta a cobrar con Canal Gestión Lanzarote por 129.264.000 millones de euros, “asociada al préstamo otorgado para financiar su operación y los intereses pendientes de pago”, se explica en las cuentas de la empresa.

Si Canal se va por esa vía, tendría derecho a una compensación por el importe del canon inicial más el importe correspondiente a las inversiones ejecutadas, más los intereses legales, más las pérdidas operativas o de explotación soportadas durante los ejercicios en los que haya ejecutado el contrato. Traducción: no menos de 150 millones.

Después de los escándalos de corrupción de Canal de Isabel II, la Comunidad de Madrid anunció que se iba a llevar a cabo un proceso de desinversión de sus intereses fuera de Madrid: en América, Cáceres y Lanzarote. Ese proceso se ha detenido y las intenciones de la empresa, ahora, no pasan por abandonar la Isla. O, en cualquier caso, por no abandonarla sin recuperar la inversión.

Obras

Además de mirar hacia atrás, lo que hace falta es mirar hacia adelante. En los últimos meses se atisba una tímida reacción. El Consorcio ha anunciado obras en la Línea Norte Uno, por 6,5 millones de euros que financia la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, y otros cuatro proyectos en tramitación: la mejora de las redes de la periferia del oeste de Arrecife por 4,8 millones; la recuperación del depósito de Tinajo y la mejora del abastecimiento de Mancha Blanca por 1,1 millones; la primera fase de la renovación de la red de San Bartolomé, también por 1,1 millones y la renovación de la tubería entre Zonzamas y Puerto del Carmen por 3,6 millones.

La red es un colador de agua y solo se ha sustituido una parte

A estas obras hay que sumar cinco intervenciones para el sector agrícola, de mejora de redes y almacenamiento, por 1,5 millones en total. También se han anunciado dos obras de importancia: la renovación de las depuradoras de Tías y Arrecife, que costarán 27 millones, de los cuales el Consorcio pagará 18. Son necesarias si se quiere tener agua regenerada para uso agrícola, una de las demandas del campo. El estado de las depuradoras hace que, muy a menudo, el agua regenerada no llegue a un nivel óptimo y acabe en el mar en lugar de en el campo. Canal ha llegado a meter agua potable en las tuberías de la regenerada para dar agua de riego.

Pero hacen falta muchas más inversiones, como otros seis millones para reemplazar los contadores y la renovación de un bastidor de la planta ‘Lanzarote 3’. Y abordar el saneamiento. Aproximadamente, un tercio de la Isla sigue sin sistema de depuración. Las aguas negras se filtran al subsuelo mediante pozos negros en casi todas las zonas rurales y en pueblos como Yaiza, Uga o Tahíche. Son obras caras y complejas. En La Graciosa se empezaron y no se han terminado: un absoluto desastre.

Por otro lado, hay otras cuestiones que puede abordar el Consorcio, que invita a los afectados por facturas abusivas a denunciar, pero no ha actualizado, por ejemplo, la tarifa de pérdidas, que está fijada en la reducción de la factura en un 40 por ciento cuando tiene competencias para aumentar ese porcentaje y reducir el pago de los usuarios.

Puede explorar, también, otras vías para conseguir ingresos: los cánones a las desaladoras privadas. De las, aproximadamente, 60 desaladoras que hay, principalmente en hoteles, tienen convenio en vigor solo 14 y pagan una tasa o un canon por el saneamiento. El resto no tiene ni autorización. El Consorcio se escuda en la falta de personal para no tramitar estos expedientes y, de hecho, paralizó por falta de medios los expedientes sancionadores y delegó esas competencias en el Gobierno de Canarias, que tampoco ha avanzado nada. Los ingresos podrían revertir en la mejora del servicio.

Futuro

De momento, todo son parches. No hay plan de inversiones ni ficha financiera, y hay que buscar muchos millones de euros donde sea: fondos europeos, fondos Fdcan, subvenciones destinadas al agua, remanentes o los beneficios de Inalsa, que tiene, según el propio Consorcio, “una salud financiera envidiable”, con 12,5 millones de euros. El Consorcio tiene otros 20 millones, pero más de la mitad son para el nuevo Parque eólico de San Bartolomé, y prevé una inversión de otros 43 millones en infraestructuras de energías renovables.