La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que obliga al Ayuntamiento de Yaiza a pagar intereses de demora relacionados con el impuesto de construcciones de la urbanización ilegal de Costa Roja, impulsada por el promotor Luis Lleó, condenado en el caso Unión.

En la sentencia del Tribunal Supremo, fechada el pasado 15 de febrero, y que cambia el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aparece en la relación de magistrados de la Sala que enjuició el caso Ángel Aguallo Avilés, que fue investigado en el caso Unión precisamente por asesorar a Luis Lleó.

La Guardia Civil encontró en un registro a las oficinas de Lleó varios correos electrónicos del magistrado Aguallo, en aquel momento letrado del Tribunal Constitucional. En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se resaltaba que Aguallo asesoró fiscalmente a Lleó y que cobró al menos 75.000 euros por su asesoramiento, tal y como desveló Diario de Lanzarote.

La UCO, tras el análisis de los correos, concluyó que Aguallo era el autor intelectual de un informe, firmado por otro jurista, para respaldar que la sociedad Costa Roja, dedicada a la promoción urbanística, propiedad de Lleó, fuera considerada como sociedad patrimonial, lo que le iba a permitir ahorrarse casi dos millones de euros en impuestos.

Lo que recomendaba el informe, según la UCO, era que la sociedad se liquidara y que las acciones las adquirieran la mujer de Lleó y la de su socio. Antes se les debía dotar de rentas para hacer creíble la operación.

Esta rama de la investigación del caso Unión no prosperó después de que la Audiencia Provincial anulase el auto de entrada y registrado a las oficinas de Lleó, dictado por el primer juez instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro.

En 2008, Ángel Aguallo accedió a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Su nombre aparece en la sentencia que da la razón a la empresa que asumió los derechos de Costa Roja (Hoya de la Yegua SL, creada en 2011 con Catharina Visser Marjolein como administradora única) y condena al Ayuntamiento de Yaiza al pago de intereses. La empresa reclamó “787.759,63 euros, más los intereses legales correspondientes”.

Licencia ilegal para un millar de viviendas

En diciembre de 2006, el Ayuntamiento de Yaiza presidido por José Francisco Reyes, concedió a la empresa de Lleó licencia para un complejo residencial a la entrada de Playa Blanca que incluía 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje. La licencia fue impugnada por el Cabildo y por la Fundación César Manrique, y un Juzgado suspendió cautelarmente el permiso de obras en septiembre de 2007. Seis años después, la licencia fue declarada nula.

El caso Unión tiene su origen en el intento de soborno a Carlos Espino por parte de Luis Lleó, a través del empresario Fernando Becerra. Espino lo denunció y a partir de ahí se originó la investigación de la que fue considerada la mayor trama de corrupción de Lanzarote.

En octubre de 2019, después de tratar de torpedear la investigación, Luis Lleó terminó por reconocer el delito de soborno y aceptó una condena de año y medio de prisión y una multa de 150.000 euros.

Cinco años antes, en el Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza se incluyó un convenio urbanístico para desarrollar la parcela de Costa Roja. En ese convenio, las partes renunciaban, entre otras cuestiones, a “la indemnización que pudiera corresponderles frente al Ayuntamiento de Yaiza como consecuencia de la anulación sobrevenida” de los permisos de construcción, aunque no a “los importes abonados en su día en el trámite de concesión de licencias”.

Luis Lleó, promotor de Costa Roja y condenado en Unión.

Reclamación y cambio de criterio judicial

En diciembre de 2014, la empresa Hoya de la Yegua -que recibió de Residencial Costa Roja los derechos sobre las licencias- solicitó la devolución del impuesto de construcciones pagado entre los años 2006 y 2007, que ascendía a 1,6 millones de euros, más 71.587 euros en concepto de intereses de demora. El Ayuntamiento aceptó el pago.

Sin embargo, la empresa presentó un recurso, que fue rechazado por el Ayuntamiento de Yaiza en mayo de 2016, y reclamó una compensación económica mayor al margen del importe principal de la licencia, hasta los “787.759,63 euros más los intereses legales correspondientes”.

En primera instancia, un Juzgado determinó que el Ayuntamiento tenía que pagar intereses desde que el exalcalde Reyes había concedido la licencia ilegal, en 2006, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias corrigió el criterio y sentenció que los intereses debían contabilizarse “desde una fecha muy posterior”, el 9 de octubre de 2014, cuando se firma el convenio urbanístico incoporado al Plan General de Yaiza.

La posición del Supremo

El Tribunal Supremo, en la sentencia de la que fue ponente el magistrado Jesús Cudero, considera que “el ingreso” del importe de la licencia de la urbanización Costa Roja, “no ha resultado sobrevenidamente indebido por la dinámica del impuesto, sino porque la licencia que amparaba el tributo resultó ser nula de pleno derecho por contraria al ordenamiento urbanístico”.

“Tan es así, que esta circunstancia estaba presente desde muy poco después del momento en el que se abonó el último plazo, pues el contribuyente [la empresa de Lleó] no pudo iniciar la obra por decisión judicial”, al decretarse la suspensión cautelar del permiso urbanístico, añade el Supremo.

En ese sentido, para el Supremo, “no parece razonable imputar” a la empresa de Lleó “la falta de realización de las obras”, ya que el Ayuntamiento “sabía que no era posible ejecutar las obras desde septiembre de 2007 por un hecho que no era responsabilidad del adjudicatario de la licencia”.

La sentencia del Supremo está fechada el 15 de febrero y el magistrado Ángel Aguallo Avilés falleció el pasado 13 de mayo. El portal Confilegal señaló entonces que Aguallo “padecía una enfermedad degenerativa que terminó postrándole en el lecho, con una mente plenamente consciente y viva que le permitió seguir haciendo frente a las exigencias de su puesto hasta los últimos días” y, de hecho, citaba una sentencia conocida en mayo sobre las tasas municipales a compañías de telefonía.